El kirchnerismo logró dictamen favorable al proyecto enviado por el Ejecutivo para la estatización de la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo. La posición de la izquierda.
Sol Bajar @Sol_Bajar
Jueves 25 de septiembre de 2014
El Frente para la Victoria logró imponer este martes su mayoría al firmar un dictamen favorable para el polémico proyecto del Poder Ejecutivo que propone estatizar la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo, después de casi cuatro meses de obtener el aval en el Senado.
Aunque aún no hay fecha establecida para su tratamiento en el recinto, la aprobación del proyecto muestra la voluntad del oficialismo de avanzar en la cooptación de la entidad educativa creando el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo, que pasará a depender del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Las voces de rechazo estuvieron divididas en los fundamentos. Los bloques mayoritarios de la oposición resistieron la propuesta basados en las denuncias por graves irregularidades en el manejo de los fondos estatales de la institución que dirige Hebe de Bonafini. Margarita Stolbizer, del GEN, llevó la voz cantante al acusar a la entidad por la “comisión de delitos que pretenden ser tapados con más dinero público”, en alusión al desvío de fondos del plan de construcción de viviendas populares de la Fundación Sueños Compartidos, que dirigió Sergio Schoklender hasta que estalló el escándalo.
En el Senado, el oficialismo debió aceptar modificaciones al proyecto de ley que originalmente incluía en el convenio a la Fundación y según el cual el Estado, a través de la estatización, hubiera tenido que hacerse cargo de los pasivos del instituto, cercanos a los 230 millones de pesos.
La posición de la izquierda
El Frente de Izquierda, por su parte, anticipó el rechazo a la iniciativa con la presentación de dictámenes de minoría de los diputados Nicolás del Caño, integrante de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, y Néstor Pitrola, miembro de la Comisión de Educación.
En el dictamen de minoría que ya fue presentado por el bloque del PTS/Frente de Izquierda, Del Caño fundamentó su rechazo al proyecto del Ejecutivo: “Nos oponemos a este intento de coronar la ’estatización’ de la histórica lucha de las Madres que comenzó este Gobierno a partir del 2003. El mismo gobierno responsable de una sistemática política de cooptación de los organismos de derechos humanos ahora propone quedarse en forma directa con la administración y dirección de un ’Instituto de Derechos Humanos’, que pasaría a ser una ’unidad funcional dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos’. El propio Estado que, por definición, es el que viola los derechos humanos pretende ahora quedarse con una universidad cuya temática son esos derechos”.
La propuesta del diputado mendocino incluye “la creación de una ´Universidad Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo´" que debería ser autónoma como cualquier universidad nacional pública, y no una dependencia del mismo Poder Ejecutivo que viola los derechos humanos, como lo hemos visto en los últimos meses con la Gendarmería Nacional Argentina reprimiendo en forma sistemática a los trabajadores de la multinacional Lear y hasta a diputados de la Nación y de la provincia de Buenos Aires como Nicolás del Caño y Christian Castillo. O un Poder Ejecutivo que apoya a gobernadores que sistemáticamente, a través de fuerzas policiales o parapoliciales, acosan y reprimen a los pueblos originarios de Formosa, para dar sólo dos ejemplos de actualidad.
Asimismo, la alternativa propuesta por Del Caño contempla “la autonomía de la ´Universidad Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo’”, que debería servir para que exista “una verdadera pluralidad de voces y no un mero coro adulador de las políticas del gobierno de turno. Dicha universidad pública debería estar conducida por un cogobierno de docentes y no docentes con mayoría estudiantil”.
Por su parte, el diputado Néstor Pitrola señaló que “no votaremos otro Ciccone”, en alusión al traspaso de la imprenta de papel moneda a manos del Estado cuya causa judicial tiene al vicepresidente Amado Boudou como principal acusado por delitos contra la administración pública. Para el diputado del Frente de Izquierda, la iniciativa constituye “un avance más en la estatización de la lucha por los derechos humanos y en la cooptación de una parte importante de las organizaciones que la llevaron adelante”.
