Diputados. El oficialismo cierra filas con el presupuesto 2023: hay dictamen y concesiones a la oposición

El presupuesto 2023 tiene dictamen y llegará al recinto para buscar la media sanción el martes 25 de octubre a las 12.30 hs, en una jornada que puede durar más de 20 horas.

Este jueves la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Carlos Heller, finalizó el debate para el rumbo económico 2023 con un dictamen firmado por todos los miembros del Frente de Todos (inclusive los cuatro diputados que la integran y no acompañaron el acuerdo con el FMI), y dos aliados de otros bloques. Fueron Córdoba Federal (Ignacio García Aresca que firmó “en disidencia”, parte del Interbloque Federal) y Provincias Unidas (el misionero Diego Sartori).

Juntos por el Cambio logró que se incorporen muchos de sus pedidos, pero con las últimas modificaciones del dictamen, prefirió no firmarlo y “estudiarlas los próximos días”. Saludaron nuevamente la “racionalidad fiscal” de este presupuesto (por el ajuste), y mostraron la voluntad de votarlo en general en el recinto, y solo oponerse a algunos de sus artículos. Los únicos que no van a acompañarlo son los once diputados de la Coalición Cívica, que probablemente se abstengan, y el monobloque del liberal Lopez Murphy que adelantó su rechazo.

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Será el último presupuesto del gobierno del Frente de Todos, con la particularidad de estar totalmente atravesado por el ajuste que exige el acuerdo con el FMI votado en marzo de este año y diseñado en Estados Unidos. Como dijo Nicolás del Caño del Frente de Izquierda, “es hijo del pacto con el Fondo Monetario Internacional que avalaron las dos fuerzas mayoritarias”. También señaló que el fuerte ajuste que contiene es algo que “ya no niegan ni los propios sectores del Frente de Todos”. Ahí están las razones de las repetidas felicitaciones de Juntos por el Cambio, que en la voz del diputado del PRO Luciano Laspina, celebró “el reconocimiento de que este nivel de gasto público es insostenible” y “un cambio histórico” del kirchnerismo “en su forma de interpretar los problemas".

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A pesar de la lapicera de Washington en este presupuesto, los sectores del Frente de Todos que habían cuestionado el acuerdo con el FMI, se preparan para votarlo al igual que la oposición de derecha. Durante todo el debate, los diputados y diputadas referenciados con la vicepresidenta, se limitaron al silencio o a hacer algunos modestos pedidos de modificaciones que no cambian en nada lo esencial de esta hoja de ruta. Lo graficó Paula Penacca de La Cámpora, que intervino solo para “solicitar la creación de tasas de seguridad de aviación para la Policía de Seguridad Aeroportuaria”.

La única bancada que va a rechazarlo en defensa de los intereses de los trabajadores y sectores populares, será la del Frente de Izquierda.

¿Cuáles fueron las modificaciones?

Hubo dos tandas de cambios. Al inicio de la Comisión, Carlos Heller dio lectura a las primeras concesiones incorporadas, pedidas por Juntos por el Cambio y otros bloques opositores. Fueron alrededor de diez artículos, los más importantes sobre los subsidios al transporte del interior del país y las deudas con Cammesa. Dos de los reclamos más fuertes de la oposición, y claves para conseguir el apoyo del Interbloque Federal y Provincias Unidas.

Como adelantamos el miércoles, Sergio Massa había cerrado un acuerdo con los gobernadores del Norte Grande (oficialistas y opositores) para aumentar los subsidios al transporte del interior de $66.000 a $85.000 millones. En la redacción, se aclara que esta cifra es “un piso”, de tal forma de dejar abierta la posibilidad de nuevos incrementos. Se mantiene sin embargo, el reclamo de más fondos para el 2022 sobre todo para desactivar el paro de trabajadores de la UTA del interior que reclaman los mismos salarios que sus pares del AMBA.

Por las deudas con Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico), las provincias lograron que no se vean afectados los recursos que reciben por la coparticipación de impuestos nacionales. Son las empresas distribuidoras de energía las que tienen enormes deudas con el Estado por no pagar la energía que compran, a pesar de que han trasladado a los usuarios los tarifazos. Hasta mediados de septiembre la deuda superaba los $500.000 millones, con Edenor y Edesur en el podio de deudores. En el texto original del presupuesto, el gobierno proponía cobrar esa deuda descontando de los recursos de coparticipación que reciben las provincias. Ese es el punto que se eliminó, explicitando la responsabilidad de las jurisdicciones en cobrar las deudas en un plan de hasta 96 cuotas, y de lo contrario podrán retenerles fondos pero no de la coparticipación.

La segunda tanda de cambios se incorporaron al cierre de la Comisión, luego de las intervenciones y pedidos tanto de Juntos por el Cambio como del Frente de Todos. Del lado de la coalición opositora, impusieron la incorporación de una “cláusula gatillo” para evitar discrecionalidad en la utilización de fondos si se supera la recaudación del estado por una inflación mayor a la prevista. La preocupación de Juntos por el Cambio está en el año electoral que viene, y buscó poner límites al oficialismo para hacer uso de recursos extras. Si al 31 de agosto de 2023 la tasa de inflación acumulada o la recaudación supera el 10%, el poder ejecutivo estará obligado a enviar una ley complementaria al Congreso para fijar el destino de esos nuevos recursos. Una modificación que tiene un reconocimiento implícito de que la pauta de inflación del 60% que fijó el gobierno para el próximo año, no es creíble.

Fue Nicolás del Caño quien insistió en este punto, pero desde otra óptica: denunció que la alta inflación, que es intrínseca al acuerdo con el FMI, seguirá siendo “el mecanismo principal de ajuste” contra las mayorías. “Dibujar el número de inflación en el presupuesto es para licuar partidas fundamentales. La jubilaciones, la asistencia social, los presupuestos de educación de salud, lo que va a vivienda, el salario de los trabajadores estatales que ha perdido en los últimos años”, explicó el diputado de la izquierda.

Los pedidos de diputados y diputadas del Frente de Todos estuvieron dirigidos a reforzar algunas partidas de asistencia social, educación, programas de niñez y adolescencia, ReNaBap, que en total sumarán $320.655 millones según indicó Carlos Heller.

Es que el presupuesto presentado por Sergio Massa contiene hachazos en áreas sensibles que afectan a los sectores más pobres. Los ajustes fueron de tal magnitud que hasta la UCR y Evolución Radical también señalaron la necesidad de aumentar partidas de asistencia social y educación. El caso de las partidas para la niñez y la adolescencia es una de las más gráficas: según informes de ACIJ, Unicef Argentina y CIPPEC, el presupuesto 2023 en ese área es 10% menor al de este año cuando la pobreza hasta los 14 años alcanza el 51%. La Asignación Universal por Hijo contenía por ejemplo una reducción del 12,1%: un recorte que difícilmente será revertido con los incrementos anunciados en el dictamen.

Otra de las incorporaciones fue un artículo para que los jueces, empleados y funcionarios del Poder Judicial y el Ministerio Público paguen el impuesto a las ganancias. Un privilegio que mantiene gran parte de la casta judicial. En la llamada “Separata” que contiene el Presupuesto de Sergio Massa, se detallaron una parte de los millonarios beneficios que le otorga el Estado a empresas y jueces, y cuánto le cuesta al pueblo trabajador esa transferencia de ingresos. En el caso de los privilegios del poder judicial, en el 2023 implicarían $237.850 millones. La incorporación del artículo fue a propuesta del oficialista Marcelo Casaretto, y desde Juntos por el Cambio dijeron que la apoyarán. La noticia generó revuelo en la casta judicial que se prepara para seguir defendiendo sus privilegios.

Sin embargo los beneficios tributarios (entre exenciones impositivas y regímenes de promoción) que van en su mayoría al bolsillo de grandes empresas totalizan en el presupuesto 2023 casi $3.700.000 millones. Es decir que el privilegio de la casta judicial solo representa el 6,4% de ese total. Según los datos que dio el propio el ministro de Economía, las grandes empresas reciben además otros beneficios por la vía de gastos presupuestarios por un monto similar al detallado en la Separata, representando en total casi 5% del PBI contra un 1,7% del PBI destinado a programas sociales. Si bien incorporaron la eliminación del privilegio de jueces y funcionarios del poder judicial, ni el Frente de Todos ni Juntos por el Cambio quisieron cuestionar los privilegios de grandes empresarios que se otorgarán en 2023 según la Separata. Por ejemplo a la minería ($58.074 millones), los que reciben empresas como Mercado Libre por la ley de economía del conocimiento ($53.036 millones), automotrices ($19.816 millones) y hasta bancos.

Casi todas esas cifras son superiores a la partida incorporada en las modificaciones para la construcción de barrios populares (del ReNaBap) que será de un total de $27.000 millones para el 2023. Para completar el cuadro, mientras diputados oficialistas celebraron la modesta partida incorporada, se conoció un nuevo desalojo con represión y detenidos a familias sin techo en Merlo, provincia de Buenos Aires. "Mientras, están por votar un presupuesto que mantiene todos los beneficios para los más ricos, para el poder más concentrado. ¡Basta de ensañarse con los pobres! Kicillof hace un desalojo por semana" tuiteó la diputada Myriam Bregman.

Una locura más. https://t.co/O6rZztX8ga

— Myriam Bregman (@myriambregman) October 20, 2022

En este punto, la voz opositora fue nuevamente la de Nicolás del Caño que sostuvo “Cuando se dan beneficios como el dólar soja, o cuando se votan acá retenciones cero hasta el 2031 para las grandes patronales automotrices, ninguna separata: lo votan a dos manos todas las fuerzas políticas, obviamente menos del Frente Izquierda”.

Las modificaciones finales del dictamen se completan con un aumento de los impuestos internos a los productos electrónicos fabricados en Tierra del Fuego, que se puedan deducir de Ganancias hasta un 40% de los gastos educativos de una familia, el cobro del 15% sobre todos los planes de salud de obras sociales y prepagas para el Fondo Solidario de Redistribución, la compensación a La Rioja por la coparticipación, el reclamo de zona franca de los misioneros, entre otros.

A pesar de las grandes coincidencias de Juntos por el Cambio con el presupuesto y las concesiones otorgadas por el oficialismo, mantienen otros reclamos que no fueron incorporados. Centralmente tres: eliminar o modificar el artículo que le da facultades al gobierno para modificar las alícuotas de derechos de exportación (retenciones), eliminar los artículos que dan nuevos beneficios de blanqueo, y explicitar el congelamiento de la planta estatal. Si bien Luciano Laspina del PRO las enumeró (junto a la “cláusula gatillo” que sí fue incorporada) como “condiciones mínimas” para acompañar el presupuesto, el espíritu de la mayoría de la coalición opositora será acompañar en general el proyecto de ley que llegue al recinto, y oponerse sólo a algunos artículos o sumar otros durante la sesión del próximo martes.

El Frente de Todos no tiene intenciones de modificar estos artículos, y seguramente queden como matices que les permitan a ambas coaliciones diferenciarse en algo en el mar de consensos para hacer más ajuste.

La defensa del sector agroexportador, los que más han ganado en los últimos años, es una bandera histórica de Juntos por el Cambio. Pero en el afán del oficialismo de recaudar dólares para pagarle al FMI, también han acercado bastante sus posiciones. El diputado de la izquierda agregó otro dato contundente al respecto. Del Caño expuso que el “dólar soja” que otorgó el gobierno, le costó al pueblo argentino en menos de un mes, un valor equivalente al 84% del presupuesto de lo que se destinará en Salud para todo el 2023. Mientras tanto “los trabajadores del Hospital Garrahan están reclamando por recomposición salarial, también a los residentes y concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires reclamando que se los reconozca y contra los bajísimos salarios y el pluriempleo” agregó.

Hay movilizaciones cotidianas por la grave situación de la salud pública y por las condiciones de labor y salariales de sus trabajadores y trabajadoras, pero la ministra Vizzotti no tuvo tiempo de venir a contestar preguntas a la comisión de Presupuesto, se fue a la Antártida. pic.twitter.com/hCegMIArH9

— Myriam Bregman (@myriambregman) October 19, 2022

Hasta la sesión del martes próximo las negociaciones seguirán entre ambas coaliciones. La intención del Frente de Todos es conseguir la mayor cantidad de voluntades para darle media sanción en Diputados. Con las directrices centrales de ajuste ya tiene asegurados buena parte de los votos.

El Congreso se encamina a concretar la segunda etapa del “virreinato del FMI”. Este presupuesto 2023 es la continuación de ese pacto de sometimiento por reconocer la estafa de la deuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri. Esta vez, con más consensos con Juntos por el Cambio y al interior del propio Frente de Todos.

Los acuerdos de los palacios le siguen dando la espalda a las necesidades más urgentes de las mayorías. Puertas adentro podrán ponerle el moño al ajuste, pero el veredicto final está afuera. Donde no hay sueldos que aguanten, la pobreza azota y el malestar crece.