Viernes 3 de julio de 2020
Grupos que se encontraban ya en estado de alta vulnerabilidad verán agravadas sus condiciones sociales y económicas a causa de la pandemia de Covid-19, como es el caso de niñas, niños y adolescentes migrantes, jornaleros, migrantes en retorno y en búsqueda de refugio, al igual que trabajadores indocumentados en los Estados Unidos que enfrentan día a día el peligro latente de ser deportados.
Frente a un panorama en el cual la situación económica es cada vez más adversa a largo plazo, y tras un periodo de décadas de recortes en las áreas de salud y seguridad social, el Estado mexicano ha mostrado serias limitaciones para proteger a la población y especialmente a estos sectores.
El contexto es sumamente complejo: el Banco de México reportó que este pasado mes de mayo hubo un aumento del 18 por ciento en el envío de remesas a nuestro país en comparación con el mes de abril, cifra que además superó en un 2.97 por ciento al mes de mayo del año pasado.
Sin embargo, dicha tendencia puede ser la antesala de un retorno masivo de connacionales. Dadas las difíciles condiciones políticas, económicas y sociales que prevalecen en EE UU y que han sido agudizadas por la contingencia sanitaria, estos desplazamientos migratorios de retorno son probables: como un antecedente que permitiría sostener dicha hipótesis tenemos una situación similar que se dio a razón de la crisis económica en 2008.
La crisis que enfrentamos actualmente puede ser aún mayor, por lo que frente a esta situación y dadas las presentes capacidades presupuestales y operativas del Instituto Nacional de Migración, el panorama que se configura a partir de la pandemia para estos grupos en condición de alta vulnerabilidad es aún más difícil, pues las capacidades del Estado mexicano para responder humanitariamente a la cuestión migratoria se encuentran, desde hace tiempo, rebasadas.
Una respuesta humanitaria y digna a estos problemas se vuelve mucho más complicada con las políticas de austeridad emprendidas por el Gobierno Federal, mismas que lejos de ser alternativas diferentes o novedosas que se traduzcan en beneficios para los sectores de la sociedad más vulnerables y que ven sus condiciones materiales de existencia cada día más precarizadas, parecieran ser en realidad medidas que el gobierno mexicano ha adoptado obedeciendo a lineamientos impuestos por organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
En ese sentido, y desde un punto de vista clasista, hoy se vuelve muy necesario el cuestionamiento en torno a la pertinencia de la aplicación de estas medidas -máxime estos momentos de emergencia sanitaria- así como sobre el papel que están jugando en el tema migratorio la Guardia Nacional, el propio Instituto Nacional de Migración y la Comisión de Ayuda a Refugiados, pues éstos han actuado en total consonancia con las políticas antiinmigrantes adoptadas por el Gobierno Federal mexicano.
Esto en clara sumisión a la voluntad del gobierno yanqui encabezado por Donald Trump, realizando labores de vigilancia a su servicio, reprimiendo y deportando migrantes al por mayor en las fronteras norte y sur de México, estableciendo, en los hechos, dos muros fronterizos para Estados Unidos: uno en el río Bravo y el otro en el río Suchiate.
Es necesario dar marcha atrás al papel represivo que estas instituciones mexicanas están desempeñando contra los migrantes y buscar alternativas para atender estas problemáticas de manera humanitaria y digna. Frente a estas situaciones extraordinarias, deben ser exploradas alternativas extraordinarias verdaderamente favorables a los trabajadores. El cobro de impuestos especiales a los grandes magnates de México ayudaría a obtener recursos para solucionar estos y otros problemas que la pandemia ha agravado.
