La nueva constitución reabrió diversos debates. En esta nota tomamos el problema del rol del estado en la economía, para proponer una alternativa ante un régimen podrido que deberá afrontar un nuevo escenario convulsionado por la crisis económica y el coronavirus.

Daniel Vargas Antofagasta, Chile
Lunes 16 de marzo de 2020
En Chile la burguesía ha debido entrar a debatir en torno al rol del estado subsidiario, un modelo de estado burgués heredado de la dictadura, que hoy ha caído en un profundo agotamiento producto de la enorme movilización desplegada en las calles con protestas, barricadas y el paro general.
Gracias a las movilizaciones hoy la burguesía abre un debate en torno al rol del estado en la economía, lo cual es parte del debate del actual proceso constituyente abierto en Chile, que, por el momento, contempla un plebiscito y una eventual Convención Constitucional.
En este sentido se abrió el debate sobre el rol que debe jugar el estado, desempolvándose una vieja discusión sobre si el estado debe cumplir un rol subsidiario operando al margen de la sociedad o bien un estado solidario o de bienestar.
Este debate está a medias, pues se pretende que mediante la mera modificación legal se logre torcer la resistencia de los poderosos que defenderán sus privilegios y su derecho a hacer negocios con las necesidades de la población, modificando el rol del estado subsidiario que mantiene hoy por un estado solidario. Pero este debate está a medias precisamente porque actualmente nos encontramos en una situación de mayores turbulencias económicas y sociales a nivel internacional y nacional.
La utopía, si se puede hablar de utopía, del Estado Solidario reside en que para que el Estado verdaderamente tenga un rol protagónico en la sociedad, defendiendo los derechos de las amplias mayorías, pasa por vencer la resistencia del empresariado y sus políticos, lo cual no puede venir de la mano de un gobierno empresarial como los que hemos vivido hace 30 años, 30 años en los que los poderosos se dedicaron a perfeccionar este modelo limando algunas asperezas pero conservando en lo medular el régimen heredado de la dictadura y profundizando muchos de sus aspectos.
Pensamos que un estado que verdaderamente vele por los intereses de la población, de los trabajadores, estudiantes, mujeres y mapuche, pasa por un gobierno de trabajadores que asegure la mayor democracia para las amplias masas de la población y restrinja los negocios con nuestros derechos sociales, como pensiones, salud, educación o vivienda, por nombrar algunos de los más ingentes.
Estado subsidiario o estado mínimo
"Todo aquello que es concesionable, se debe concesionar” decía el ex presidente Lagos ante el encuentro empresarial ICARE fundamentando que permitía la “liberación” de recursos al Estado para concentrarlo en otras necesidades sociales, bien sabemos que nada de esto aconteció.
El estado subsidiario implica una concepción filosófica del Estado en la que éste se mantiene al margen de la sociedad con un importante peso del individuo y la autonomía de los grupos no estatales para desarrollar actividades que no estén exclusivamente reservadas para el Estado (vale decir, por ejemplo, la defensa nacional y la organización del Ejército).
Esto significa que los individuos o sus asociaciones tienen preferencia para impulsar sus iniciativas. En el Chile heredado de la dictadura las diversas asociaciones de individuos no tienen el mismo peso, no es lo mismo el poder que tiene una junta de vecinos para “hacer negocios” que la “asociación” de empresarios (como el Grupo Luksic) para imponer su imperio sobre la producción y transporte del cobre, un negocio millonario.
Este modelo se impuso en la Constitución de 1980, de la mano de su ideólogo Jaime Guzmán, que si bien no señala expresamente la existencia de este principio sin embargo se encuentra inscrito en diversos aspectos de la actual Constitución. Como lo señala Sergio Verdugo, abogado constitucionalista y académico de la UDD, “Pueden nombrarse la protección de la autonomía de los grupos intermedios, el derecho de asociación, la protección de la familia, la protección de la autonomía de los medios de comunicación, la libertad económica y las restricciones para que el Estado pueda establecer empresas públicas o participar en actividades empresariales”.
Más simple lo ha traducido el odiado Tribunal Constitucional el cual señala que el Estado solo puede intervenir cuando el privado no quiera realizar alguna acción o no pueda (por ejemplo, la defensa nacional).
La frase de Lagos expresa, en este sentido, el rol que juega el estado y de como no solo deja espacio a la iniciativa privada para hacer negocios, sino que además promueve, mediante subsidios o diversas facilidades, la inversión e iniciativa privada. Con este modelo se impulsó la privatización de nuestros derechos sociales, incluyendo el agua, el servicio eléctrico, las comunicaciones (incluyendo la telefonía o las carreteras), la salud (con el negocio de las clínicas privadas), la educación (con el subsidio a la educación privada), las pensiones, etc.
La idea de estado solidario o de bienestar, por otro lado, es un concepto más moderno que implica la intromisión del estado en asuntos de interés público. Pensado especialmente posterior a la Segunda Guerra Mundial de la mano de los países imperialistas (materializado en el llamado “New Deal”) para impulsar el crecimiento de los países y frenan la amenaza que estas potencias veían en el comunismo.
Con este espíritu se impulsó la necesidad levantar a un mundo destruido por la catástrofe de la guerra entre potencias imperialistas, con una ofensiva inversión por parte de los Estados para elevar las tasas de empleo, la contención del comunismo, la modernización de las economías, etc. (según destaca Pablo Retamal en una columna de La Tercera, a propósito de una cita de Eric Hobsbawn).
En Chile el debate no es nuevo. El agotamiento de la Constitución de Pinochet es observado desde hace años por diversos especialistas (se puede ver Propuestas constitucionales (CEP, 2016) de Jaime Bassa, o Nueva Constitución: Ideas y Propuestas para el Cambio Constitucional (Rubicón Editores, 2018), varios autores) que defienden el paso o la apertura, mas o menos gradual, de la subsidiariedad a la solidaridad, ya sea pasando derechamente a un estado solidario o haciendo más solidario el estado subsidiario.
Esta apertura de la subsidiariedad hacia la solidaridad es algo que también propone, en cierta medida, la propia derecha, como lo refirió el diputado derechista Diego Schalper, quien en una columna para Revista Capital el 2017 señalaba “El Estado solidario aparece como la fórmula adecuada para superar el ausentismo estatal sin por eso caer en un Estado hegemónico. Un Estado solidario es el que logra más cohesión social, por la vía de favorecer la asociatividad y empoderar a la sociedad civil. Es aquél que promueve la descentralización, la corresponsabilidad público-privada y la cooperación de las personas. Un Estado solidario es capaz de regular adecuadamente para evitar prácticas abusivas. Pero al mismo tiempo, genera las condiciones para que las personas puedan asociarse y emprender”, sin embargo, con las carambolas de los últimos meses vividos en Chile, no sería extraño que el ahora diputado haya cambiado su postura.
Este modelo de estado es propio especialmente de los países imperialistas, sobre todo cuando se encuentran en periodos de bonanza económica, como así mismo podemos encontrarlo ocasionalmente en los países semicoloniales en momentos muy determinados, acompañados de bonanza pero también de aspiraciones y ascenso de las masas que obligan a la clase dominante a entrar en tensión con el gran empresariado. El Estado de bienestas ha de disponer de una gran cantidad de recursos o bien estar dispuesto a tener mayores roces con las grandes empresas imperialistas, de modo de tener un flujo económico que permita mejorar la situación de las masas, sobre todo cuando estas están en ascenso exigiendo satisfacer las principales urgencias como el hambre, el desempleo, los servicios de salud y sanitario, etc.
Sin embargo, sabemos, por toda la historia del siglo XX, que toda tensión con las empresas imperialistas implica sólo una mejora temporal de la situación de las masas, pues tarde o temprano los empresarios imperialistas resisten esta situación. Así, la única posibilidad para que el estado de respuesta a las demandas de las masas no depende de si el rol del estado burgués es subsidiario o solidario, sino que si se está dispuesto a liquidar las ganancias de los capitalistas para dar satisfacción a las demandas del pueblo.
¿Porque el estado solidario, hoy mas que nunca, es una utopía?
La expansión del Coronavirus dio un cimbronazo e hizo recordar a todos los economistas los duros tiempos de la crisis del 2008, afectando la economía, los precios del petróleo, etc., y se volvió un problema global.
En este escenario las economías latinoamericanas, que poseen principalmente rasgos de economías exportadoras, dependen mucho del intercambio mundial y del ritmo de la economía, por lo que se verán especialmente afectadas por una escalada en la crisis económica y sanitaria, este cruce es un importante factor a la hora de determinar donde cada país habrá de poner sus recursos.
Esta especial dificultad de nuestros tiempos obliga a que los países tomen medidas de emergencia para afrontar situaciones de crisis. En este sentido el paso al rol del estado subsidiario al uno solidario contempla una dificultad económica para implementarse ya que implica un mayor gasto del Estado. ¿De donde piensan sacar los recursos en medio de una crisis mundial? Este es un problema para su implementación, ya que desarrollar un plan de este tipo implica la necesidad de recaudar mayores recursos, pero ¿estarán dispuestas las grandes ganancias a que se toquen sus riquezas?, entonces el problema ya no es económico, ni tampoco jurídico, filosófico o de la redacción “formal” que tendrá una eventual nueva constitución.
La principal dificultad para su implementación, en este sentido, es política. Recursos para implementar planes urgentes de contingencia, tanto económica como sanitaria, hay pero están en manos de un puñado de grandes empresarios que controlan la economía. Un plan ofensivo de expropiación de los recursos estratégicos, de mayores impuestos a las clínicas privadas, farmacéuticas y grandes riquezas podría nutrir de importantes recursos para hacer frente a los cataclismos que se podrían avecinar.
Sin embargo, bien sabemos, los empresarios no cederán ni sus riquezas ni sus negocios (muchos de los cuales han sido producto del amigable aporte de los subsidios del estado) sin oponer resistencia por tanto la resolución de este problema no tiene salida en los marcos económicos, o jurídicos, etc., sino que en el terreno político, pues bien sabemos que la burguesía es incapaz de conceder ninguna conquista importante a las masas sin oponer resistencia en el terreno de la lucha de clases, siendo, por tanto, necesario un gobierno de los trabajadores.
Salvo el poder, todo es ilusión
¿A que se refería Schalper, en la cita que destacamos más arriba, con “Estado Hegemónico”? ¿No es ya el estado una herramienta de hegemonía social dirigida por los empresarios para imponer su dominio sobre el conjunto de la sociedad? ¿Que es el Estado sino una herramienta de opresión de una clase por otra?
El estado responde a intereses de clases concretos, a poderes reales organizados mediante el poder estatal, entendido como tal (como una unidad), y su división de poderes, pero además está complementado por la policía, el ejército, los bancos, los gremios empresariales, los medios masivos de comunicación, etc. Todo lo que se pretende desarrollar en una supuesta libertad (tanto en el Estado subsidiario como en el solidario) en la que los que tienen ventaja son los mismos que nos dominan mediante su dictadura de clase.
En este sentido, la solución a los problemas que se nos avecinan no se resolverán con fórmulas jurídicas, sino que con el choque entre las clases por sus intereses. Tras casi 5 meses de movilizaciones hemos visto como el conjunto de la casta política, y los empresarios, se cuadran a la hora de defender el régimen y el orden establecido.
Sin embargo fue la enorme fuerza de la movilización, cuyo punto superior lo tuvo con el paro del 12 de noviembre del año pasado, la que obligó a este puñado de políticos a buscar una salida a la crisis, abriéndose a la posibilidad de un cambio constitucional.
Estado subsidiario o estado solidario, mientras sigan gobernando los mismos que por 30 años reprodujeron un modelo al servicio de los mas ricos no caben soluciones reales para los millones que hemos impugnado este sistema. En este sentido, como señalamos al inicio de esta nota, sólo un gobierno obrero, que invierta las prioridades y que exprese los anhelos de las mayorías populares, puede dar una salida a las necesidades de la población, lo cual requiere prepararse para la reacción de ricos y poderosos que defenderán con todo este régimen de privilegios, ya no en el terreno jurídico, sino que en el terreno de la lucha de clases.
Decimos más arriba que el estado vendría a ser, según la definición marxista clásica, una máquina de opresión de una clase por otra, por tanto se define según los intereses de clase que tiene detrás y no estrictamente de la forma que posea según los diferentes momentos políticos y según las diferentes instituciones económicas que le rijan. Por tanto, en última instancia su carácter de clase depende de si está al servicio de mantener el régimen y orden capitalista, sea mediante demagogia, en ciertos momentos, o mediante la conformación de regímenes proempresariales que permiten a los dueños del país, los grandes empresarios y gerentes, erigirse como funcionarios del poder político.
Si quieres conocer más de esta perspectiva y sobre el debate del Estado recomendamos el siguiente dossier de Ideas de Izquierda:
[Dossier] El Estado y la revolución