La Audiencia Nacional confirma la denegación del asilo político por parte del gobierno de PSOE y Sumar. Una decisión que se toma a pesar de la persecución documentada que se produce en los territorios ocupados del Sáhara Occidental y de la que el joven es víctima.
Viernes 5 de julio de 2024
Un joven activista saharaui de 23 años, lleva 12 días retenido en el aeropuerto de Bilbao. Solicitó acogerse a la protección de asilo por la persecución que sufre de parte de la dictadura marroquí.
La denegación por parte del Ministerio del Interior de la condición de refugiado fue confirmada por la Audiencia Nacional en un tiempo récord y sin atender a ningún fundamento jurídico, ni a la medida cautelar propuesta por ONGs de que se permitiera permanecer en territorio español hasta poder reunir todas las pruebas de su situación.
La orden de expulsión tenía que efectuarse este viernes, pero el piloto del vuelo que debía deportarlo, de la compañía Air Arabia, ha impedido su subida a bordo, alegando razones de seguridad. Un valioso gesto que entorpece este crimen, entregar un represaliado político al régimen dictatorial que lo persigue. Sin embargo, la Audiencia Nacional ha instado a que se repita el intento de expulsión este sábado.
El caso recuerda al de Husein Amadour, un joven universitario saharaui que en 2019 solicitó un asilo que fue denegado. Tras su deportación fue condenado a 12 años de prisión que continúa cumpliendo en la actualidad. El joven retenido en Bilbao inició estos días una huelga de hambre, por la que ha tenido que ser hospitalizado, para evitar correr un destino semejante.
El Estado español es uno de los países de la UE que más vulneraciones sistemáticas del derecho al asilo realiza. Según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, en 2023 se rechazaron el 88% de las solicitudes presentadas.
En el caso del pueblo saharaui, las condiciones para acceder al reconocimiento del asilo político o al estatus de apátrida -un trámite que en ocasiones se alarga en su resolución más de dos años- se han ido endureciendo después del reconocimiento de la ocupación marroquí del Sáhara Occidental por parte del gobierno de PSOE y Unidas Podemos, en 2022.
Este compromiso se mantiene intacto en los acuerdo de gobierno con Sumar. De hecho Yolanda Díaz colocó de número dos al diplomático Santos Maaver, quién como parte del gabinete de Exteriores de Rodríguez Zapatero intervino en 2009 en favor de la expulsión de la activista Aminetu Haidar de los territorios ocupados.
El apoyo a la dictadura de Mohamed VI por parte del gobierno español tiene como principal contrapartida la colaboración de ésta en el control de la frontera sur de la UE.
La colaboración entre las policías españolas y marroquí, es la responsable de matanzas como las de Melilla, en la que fueron asesinados 40 migrantes, o de las cifras récord de muertos en las rutas del Atlántico y el Estrecho. En 2023 se batió el récord, con 6.618 personas ahogadas. 2024 apunta a ser todavía peor, ya que en lo que llevamos de año ya se superan las 5.000 personas muertas.
La complicidad del Estado español, en particular del gobierno central con el auxilio de otros poderes, como ahora la Judicatura, es lo opuesto a el apoyo social y la solidaridad mayoritaria con la lucha del pueblo saharaui.
Mientras en las próximas horas este jóven puede ser entregado a las mismas autoridades que torturan, encarcelan y asesinas a activistas en los territorios ocupados, miles de familias reciben estos días en sus casas a menores saharauis procedentes de los campamentos de refugiados de Tindouf (Argèlia) para pasar el verano aquí. Un proyecto de solidaridad política activo desde los años 70 y que ha sido una pieza clave en el mantenimiento del movimiento de apoyo a la lucha del pueblo saharaui.
Las entidades saharauis en la diáspora y diversos grupos de apoyo exigen la paralización de esta deportación y hacen responsable al Estado español de lo que le pueda pasarle al jóven activista.
