PERÚ. El plan de ajuste del presidente peruano Vizcarra y de la CONFIEP

Esta norma, que ya apareció publicada en el Diario Oficial El Peruano y que se sostiene en los lineamientos generales que fueron publicados el 31 de diciembre del 2018, fue aprobada cuando la atención estaba puesta en la iniciativa de adelanto de elecciones promovida por el presidente Vizcarra, medida con la cual, no solo buscaba sacar de la discusión pública la lucha del pueblo de Tambo contra el proyecto Tía María, sino también, aprobar medidas contra la clase trabajadora que solo beneficia a los mismos grandes empresarios de siempre.

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Más precariedad y flexibilización

El denominado Plan Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP), entre los temas considerados como prioritarios para “reactivar la economía nacional”, destaca la necesidad de recortar los derechos de las y los trabajadores, pese a que venimos de una serie de recortes, como por ejemplo los sufridos por los trabajadores del sector público, a quienes el presidente Vizcarra eliminó el año pasado el derecho a la negociación colectiva, lo cual terminó afectando a más de 1 millón y medio de trabajadores que pertenecen a este sector.

Entre las medidas laborales más importantes que el Gobierno ha decidido implementar a través de este paquete de reformas, podemos destacar la terminación colectiva de los contratos de trabajo, que no es otra cosa que legalizar el despido masivo. Así mismo, se permite que las empresas establezcan un contrato con sus trabajadores de tiempo parcial, esta medida no dice nada de los salarios, es decir, ahora te pueden pagar la mitad del sueldo mínimo o mucho menos porque la medida no señala la necesidad que los empleadores respeten el salario mínimo de sus trabajadores en un trabajo de tiempo parcial.

En otro de los puntos de esta norma, se hace referencia a la formación laboral juvenil como mecanismo para justificar la sobre explotación de los jóvenes. Esta iniciativa que busca imponer una forma de trabajo precario juvenil, no es nueva, ya existieron intentos anteriores por parte de los gobiernos de turno, expresados en la denominada “ley Pulpin” o “la ley del esclavo juvenil”, los cuales terminaron siendo rechazados por la lucha de la juventud y los trabajadores. Sin embargo, ahora han pasado agazapados en una norma pro empresarial que percibe a la juventud únicamente como mano de obra altamente flexibilizada y precaria, la cual les permite a los empresarios abaratar sus costos de producción.

En síntesis, podemos decir que la propuesta de reactivar la economía, como era de esperarse, propone una mayor flexibilidad y precariedad para las y los trabajadores. No les basta que más del 50% de los trabajadores del sector minero trabajen en empresas contratistas ganando en promedio 400 dólares al mes y trabajando 12 horas diarias y seis días a la semana o que más del 71% de la Población Económicamente Activa PEA se encuentre desempeñándose en condiciones informales y por tanto carentes de derechos.

Un plan hecho a la medida de la CONFIEP

El Ministerio de Economía y Finanzas ha señalado que el Plan Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP) "articula los esfuerzos tanto del sector público y privado”, y esto es verdad porque las recomendaciones que hace la CONFIEP al ejecutivo en su llamada “Agenda País 1.0” son recogidas en el PNCP casi de manera literal y en su totalidad. Por ejemplo, la firma de un contrato en los trabajos de tiempo parcial, la exoneración de sanciones a que las MYPES registren a sus trabajadores, su propuesta de exoneración tributaria si los empresarios capacitan a sus trabajadores, entre otras medidas que ha “recomendado” el gremio de empresarios son hoy norma vigente.

Por otro lado, los empresarios nos hablan de que debemos mejorar nuestros indicadores de “productividad” para elevar los índices de “competitividad” en un momento que la crisis económica internacional impacta en todos los países del mundo. Los economistas y los políticos al servicio de los intereses de los empresarios nos dicen que el bajo crecimiento del PBI nacional se debe a que los empresarios han perdido la confianza y que esto se da porque no existen las condiciones jurídicas para atraer inversiones. Hay mucho ruido social y mucho proteccionismo, aseguran. Sin embargo, lo que en realidad quieren los empresarios es que Vizcarra les genere las condiciones jurídicas y políticas para que las consecuencias de la crisis económica en curso la paguemos las y los trabajadores y el pueblo pobre. Esa es la esencia real del presente Plan Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP).

Los cómplices del ajuste

Como vemos, para el Gobierno y la CONFIEP la economía se va a reactivar en la medida que los salarios se reduzcan y se precaricen y flexibilicen aún más las condiciones de trabajo. Solo de esa manera “podremos crear confianza en los inversionistas”, nos dicen los empresarios todos los días a través de los grandes medios de comunicación que ellos controlan a su antojo.

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que, las medidas anti laborales que este Gobierno ha podido implementar para dar continuidad a sus antecesores manteniendo contentos a los empresarios, solo fueron posibles porque contaron con la complicidad de la burocracia sindical que dirige las centrales sindicales más importantes del país.

Esta burocracia considera que el Gobierno de Vizcarra tiene un carácter progresivo ya que “enfrenta” al fujimorismo, por tanto, asumen que a lo máximo que podemos aspirar los trabajadores es a pelear para que ellos – los burócratas - terminen sentándose en el Consejo Nacional del Trabajo junto a los empresarios y el ejecutivo para negociar ciertas concesiones, las mismas que - en tiempos de crisis económica como los actuales - son imposibles. Lo contrario, o sea, apostar por la movilización independiente de los trabajadores contra este Gobierno ajustador, sería hacerle el juego al fujimorismo, nos dicen.

Esta burocracia sindical es la misma que el año pasado apoyó con todo la reforma política del presidente Vizcarra y se las jugó por el referéndum de diciembre. Mientras hacía eso, con lo cual creaba confianza en un presidente que viene de las entrañas del gran capital monopólico, el “demócrata” Vizcarra no tenía mejor idea que eliminar la negociación colectiva para los trabajadores del sector público y presentar el borrador del plan de competitividad que, como dijimos, es la base de la actual contra reforma laboral. Y todo ello ocurría sin que a los dirigentes de la CGTP, CUT, CTP o SUTEP se les moviera siquiera un pelo.