El Partido Popular presentó ayer en Twitter su propuesta para contener el Coronavirus. Ante la sorpresa de nadie, el paquete se centra en exclusiva en mitigar los impactos económicos que el virus puede causar en la empresa privada; en particular en las empresas con mayores ingresos.
Irene Olano Madrid
Martes 10 de marzo de 2020
Pero ¿en qué consiste en concreto ese plan de choque y qué relación tiene con las medidas que está llevando a cabo el gobierno? En Izquierda Diario hemos comparado el plan con las medidas de mitigación que ya están implantadas en la Comunidad de Madrid, así como en territorios de Euskal Herria.
De los diez puntos del plan de choque, seis están directamente relacionados con anticipar las pérdidas de los capitalistas, y los cuatro restantes tienen estrecha relación con esto. Además, sólo uno de ellos refiere directamente al sistema sanitario, de manera ambigua, y casi todos son directamente contrarios al sentido común porque ahondan en las lógicas capitalistas que nos están dificultando tanto afrontar esta crisis de forma racional.
Pero vayamos por partes. El primer punto pide reducir el Impuesto de Sociedades, para evitar que las empresas pierdan dinero. Pero a quién más beneficiaría esta medida, paradójicamente, será a las empresas que menos pérdidas tengan. ¿Por qué? Porque el Impuesto de Sociedades se calcula en relación con los beneficios efectivos de una empresa; no a su tamaño, número de trabajadoras o cotización en bolsa. Es decir, que, si las empresas tienen pérdidas por la epidemia, pagarán menos, así de simple. El PP propone sumar a esto una reducción mayor. Del mismo modo ocurre con la segunda medida sobre el IVA, que tiene como principal objetivo mitigar los gastos de las empresas.
Presentamos un "plan de choque" con 10 puntos “de urgente necesidad” para paliar los efectos económicos del coronavirus y conservar el empleo.
Somos un partido responsable y no nos comportaremos como el PSOE hizo con el ébola. pic.twitter.com/uoLJgXRSdt
— Partido Popular 🇪🇸 (@populares) March 9, 2020
Si las primeras medidas refieren a la reducción del pago de impuestos (incluso de la Seguridad Social), las demás medidas económicas consisten en evitar que las empresas paguen a sus empleados: financiar bajas y “garantizar la flexibilidad y la competitividad de las empresas y autónomos, e impulsar el teletrabajo” que podría suponer una vía libre para que se implementen despidos baratos, hacer EREs o forzar las vacaciones.
Aunque estas medidas puedan sonar marcianas, muy alejadas de lo que necesita gran parte de la población trabajadora, en el fondo no se distinguen mucho del programa que está llevando el Gobierno de coalición. Por un lado, cierran los centros de estudio para todos los niveles de enseñanza sin proponer una alternativa a los padres y madres, sobre los que recae un esfuerzo de cuidados extra y por otro, se limitan a pedir a las empresas formas de teletrabajo y flexibilización “en la medida de lo posible”. Es decir, no existe una exigencia a las empresas de mantener en sus puestos de trabajo a los empleados con hijos en edad escolar ni licencias con remuneración garantizada, ni otra facilidad a los trabajadores ante esta nueva situación.
Además, respecto de la sanidad, el plan del PP propone un aumento de personal y recursos, pero el problema del colapso sanitario es más grave: los hospitales públicos llevan años sufriendo el saqueo por parte de las instituciones, privatizando sus recursos y reduciendo su personal. Además, las camas disponibles en la UCI son limitadas, y eso no se resuelve con la mera contratación de personal, sino que más bien parece que se debería disponer de las “otras” camas de la UCI que sí están disponibles aún: las de los hospitales privados, que hasta ahora tienen derecho a excluir a enfermos de Coronavirus y que llevan años financiando un servicio exclusivo con dinero público —medida que tampoco propone el Gobierno de Sánchez—.
Respecto de los viajes y el turismo, lejos de proponer una limitación, en el último punto del plan defienden una intensificación de la actividad en puertos y aeropuertos, así como un fomento del comercio internacional; lo que a todas luces parece una total irresponsabilidad política, que va en contra de las recomendaciones internacionales de limitar aglomeraciones innecesarias y de evitar viajar innecesariamente. De nuevo, tampoco el Gobierno de Sánchez, contempla una reducción real de la actividad turística, limitándose a recomendar que no se viaje “innecesariamente”.
