El pasado jueves 4 de marzo se votó en la cámara una escandalosa resolución propuesta por diputados RN, que le pide al gobierno impulsar “acciones penales por delitos terroristas en los casos que las circunstancias lo ameriten”y la “disposición de un Estado de Excepción Constitucional diverso al vigente” para que las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad le hagan frente “al poder de fuego y la sofisticación que muestran los grupos violentistas que siembran el temor en la Macrozona Sur”. Esto lo hacen en un contexto con recuperaciones de terrenos y enfrentamientos con empresarios locales de parte de comunidades mapuche.

Esto último significa que el Congreso deja la puerta abierta para reemplazar el actual “estado de catástrofe” por un “estado de sitio” y fortalecer las medidas represivas desde la policía y las fuerzas armadas. No obstante, sólo deja la puerta abierta, pero no atraviesa el umbral, lo que es una decisión del ejecutivo. Eso es porque el gobierno no quiere arriesgarse a que un incremento de la represión en Wallmapu genere una respuesta de masas, haciendo más inestable el escenario hacia las elecciones a la Convención Constitucional. Por eso, los agentes del ejército, hasta ahora, sólo patrullan en las áreas mapuche pero no participan directamente de los desalojos, al menos de manera oficial. En algunos caminos interiores colindantes con comunidades, transitan de manera disuasiva, vehículos militares. Todo esto mientras los terratenientes, algunos empresarios locales y sectores racistas de las ciudades que hacen de fuerza de choque reaccionaria organizados en el APRA exigen medidas represivas más duras.

Creando al enemigo

Sin embargo, para poder llevar adelante esta política, necesitan una política complementaria: aislar la lucha mapuche; separarla de los sectores de trabajadores y sectores populares que protagonizaron la rebelión de 2019, y -al mismo tiempo- dividir a los sectores más conservadores de los más combativos, generando un rechazo en la “opinión pública” de las masas respecto a las acciones directas, haciéndolas parecer delincuencia. Para ello necesitan “crear un enemigo”. Esa es la explicación de que hablen de narcotráfico, de “poder de fuego”, utilizando hechos aislados para justificar una represión racista. Pero necesitan no reconocer el racismo. Por eso, en términos discursivos es frecuente escucharles decir que el problema no son los mapuches sino los delincuentes o terroristas.

La descripción de la situación en la provincia de Arauco y la región de la Araucanía hecha por la CPC, es bastante funcional para “crear ese enemigo”. Al mismo tiempo, es la expresión del temor patronal frente a la lucha mapuche: la organización empresarial, en el documento con sus 40 propuestas para solucionar la situación en La Araucanía, habla de “un clima de permanente incertidumbre, amenaza y temor”, de un “escenario de violencia con atentados contra la propiedad privada y pública; usurpación de tierras; ataques incendiarios contra camioneros, pequeños y medianos agricultores, comerciantes y empresarios de todos los orígenes; quema de faenas forestales; terrorismo y delincuencia rural; decomisos de drogas; hallazgos de municiones de guerra y disparos con resultado de muerte”. Un discurso parecido al que tuvo el ministro Rodrigo Delgado cuando visitó la región a fines de febrero -en pleno peak de las tomas de terreno-, que afirmó que allí las policías son atacadas con armas de guerra, razón por la cual no se pueden entender sus labores como simple control del orden público.

Es frente a un enemigo así de poderoso que la CPC remarcó lo que en su visión debería ser un principio básico: que todos los poderes del Estado y todos los sectores políticos “apoyen y validen el rol que legítimamente cumplen las Fuerzas de Orden y Seguridad. consistente en garantizar el Estado de Derecho propio de una democracia”. No podía ser de otra manera. La CPC actúa como lo que es: un organismo dispuesto a defender con todos los medios la propiedad privada capitalista.

En este marco, la Resolución votada en el Congreso el pasado 4 de marzo, si bien no cambia nada en lo inmediato, realiza un doble juego: por una parte es una amenaza funcional a reforzar la posición de los grupos capitalistas afectados por la lucha mapuche y las tomas de tierras y de los agentes del Estado que desarrollan sus funciones en las zonas rojas, y por otra es una advertencia: si los mapuche siguen tomándose las tierras, se reforzará el uso de las fuerzas represivas ya existente hacia los sectores más combativos del pueblo mapuche. La reacción puede ser todavía más violenta. Es a eso que el congreso dejó abierta una puerta, aunque en lo inmediato ni los parlamentarios ni el gobierno han preferido seguir la recomendación de los sectores de derecha más extrema que clamaron por un estado de sitio ahora.

La profundización de la lucha mapuche

Sin embargo, la política del gobierno y la de la CPC combina una utilización disuasiva del ejército en patrullajes con la policía y la “creación de un enemigo”, con el intento de cooptar a sectores más dialoguistas del pueblo mapuche. Por ahora, prefieren no llevar adelante las medidas de desalojo de todos los atentados contra la propiedad privada. Consultado frente a la eventualidad de tener que hacerse cargo de un desalojo de tierras recuperadas por comunidades mapuche, el jefe de la Defensa Nacional en La Araucanía, el general de brigada Marcelo Núñez, dijo que no harían eso "bajo ningún punto de vista, eso es un tema policial; nosotros no estamos en ese ámbito. Nuestro ámbito es combatir el Covid, control de toque de queda, puntos de control sanitario, aduanas sanitarias y todo lo referido a combatir el Covid”. No hay que confiar en esto será siempre así, ni sembrar la ilusión de un ejército desobedeciendo a Piñera, por supuesto. Se trata más bien de tomarle el pulso fino a la lucha y medir sus tiempos buscando reunir las fuerzas sociales necesarias para hacerle frente a esta reacción de las clases dominantes contra la lucha mapuche.

Para el gobierno y el poder ejecutivo, la decisión de ir solamente a una represión directa y masiva, podría ser contraproducente hoy para los fines de calmar el escenario y el proceso constitucional, pues el fenómeno de las recuperación de terrenos parece ser muy profundo y un uso sin miramientos de las fuerzas estatales, podría agrandarlo más. Hay varias cosas que revelan esa profundidad. La más evidente es la propagación de la acción directa desde las tradicionales provincias de Arauco (VIII) y Malleco (IX) a la de Cautín (IX) a pueblos como Nueva Imperial o Lautaro y el choque con empresarios locales que también son terratenientes (y empresarios regionales). Eso parece darle a la actual ola de tomas una relación directa con estas ciudades provinciales y el mundo de la clase trabajadora asalariada que en la zona tiene una alta composición mapuche. Un Comunicado de las Comunidades Wenteche de Lautaro muestra como los problemas de mapuche y trabajadores se cruzan, porque los explotadores que saquean riquezas y pagan sueldos de hambre, son también usurpadores:

«…es necesario que la Población Regional y Nacional se informe y no caiga en el juego comunicacional que se intentará hacer EN CONTRA de las Comunidades Mapuche Movilizadas, tanto por el racismo como por los intereses mezquinos de los latifundistas APRA.

Aclaramos lo siguiente; los Ex-fundos en Recuperación no producen alimentos para la región, ellos exportan lo producido. Se trata de grupos económicos agrupados en la SOFO y también en APRA, con una cantidad de puestos de trabajos que son mínimos, con sueldos bajos y en donde hay abusos laborales y malos tratos, todo en desmedro de las condiciones de pobreza en nuestras comunidades, se pasean con sus riquezas dejándonos el polvo de los caminos».

Por su parte, un comunicado de Pu Lof en Resistencia y Control Territorial, Pillumallin, Karewe, Linkay, Ngienoko y Llankawe, de Comuna Nueva Imperial, ancestral XaiXaico mapu, además de saludar a las comunidades del sector de Rulo que el 21 de febrero hicieron ingreso al fundo Santa María usurpado por una familia empresaria local, los Suarez; y además de incorporar una serie de demandas democráticas y nacionales mapuche como la “libertad a los presos políticos mapuche”, la “libre-determinación y la ruta hacia el autogobierno”, definiendo a este último como un “objetivo irrenunciable a implementar por los mapuche”; plantea la “libertad a todos los prisioneros políticos de la Constitución de Pinochet” y la “libertad a todos los prisioneros políticos del estallido social”.

Si es un hecho que en la rebelión en Chile los sectores obreros, populares y de la juventud que se pusieron en movimiento demostraron altos grados de simpatía con la lucha mapuche lo que se evidenció en el masificado uso de sus banderas como símbolo de la lucha ¿qué pasaría si se empieza a gestar una unidad más profunda con la clase trabajadora y la juventud en este nuevo ciclo de luchas mapuche?

¿Prudencia estatal?

Eso es lo que por ahora les impide al Estado, al gobierno de Piñera y a los capitalistas, ir a una escalada incesante. El ejército prefiere acompañar los patrullajes conjuntos con carabineros con un discurso moderado en el que se deslindan de la responsabilidad de desalojar las recuperaciones territoriales. Por su parte, la CPC contribuye a la idea de que los patrullajes conjuntos entre el ejército y carabineros no son contra los mapuche sino supuestos terroristas. Si bien reclama contra el método de las tomas de tierras por comunidades mapuche y lo denomina “usurpación” para criminalizar y presionar por penas más duras, remarca que es la actual institucionalidad de la CONADI y sus mecanismos de compras de tierras, son un incentivo para las tomas. No tiene una línea “fascista” de aniquilación directa. La CPC inicia su documento con la pregunta quiénes somos y qué nos mueve. En él exhibe su supuesto “esfuerzo dialogante” cuando narra que “en septiembre de 2020, “participamos en un diálogo abierto y constructivo con actores sociales y políticos de la Región de La Araucanía” entre los que encontramos no sólo al Intendente de la Novena Región, o al Fiscal Regional, al Obispo y la Multigremial sino a un Consejo de Lonkos a Enama y el Parlamento Autónomo Mapuche, entre otros. De esta manera los grandes capitalistas de la CPC que manejan -entre muchas otras ramas- a las forestales ubicadas en territorio mapuche, le dan línea política al personal político del régimen sobre cómo manejar la situación: busquen actores con los cuales dialogar. Pero la lucha de clases en Wallmapu difícilmente se puede contener en formas de diálogo cuando hay tensiones sociales e históricas tan agudas, producto de relaciones de saqueo, explotación y opresión racista.

Para los capitalistas la solución es más capitalismo

Intentando aparecer con un discurso abierto, la CPC en su documento de propuestas, se refiere a la región como un lugar habitado “por chilenos y chilenas, mapuches y no mapuches; personas de esfuerzo y buena voluntad que sueñan con un mejor vivir”. El problema sería que “la Araucanía tiene todo el potencial para ser una tierra de oportunidades de progreso y bienestar para quienes la habitan. Pero hoy esto no es posible. No se dan las condiciones, no existen las garantías mínimas de seguridad y abunda la desesperanza”.

La CPC propone una serie de medidas para enfrentar esta situación. En el ámbito institucional o legislativo, proponen el “reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas”. Pero tras este reconocimiento se muestra el hambre de expoliar más tierras al pueblo mapuche y acelerar la generación de un mercado de tierras en zonas donde esta se encuentra con limitaciones. En el fondo, quieren sembrar la idea de que todo se arreglará con más capitalismo. Por eso hablan de “flexibilizar limitaciones a la propiedad de las tierras indígenas, sin afectar principio de inalienabilidad a no indígenas”. Básicamente lo que quieren es barrer las restricciones legales que la definición de “tierra indígena” le pone a la venta de tierras en manos de mapuche, generando nuevos espacios donde invertir capitales.

En el terreno económico proponen mejorar la infraestructura y hablan de electrificación rural; proponen “promover la exportación de productos locales”, y “crear modelo agroindustrial a pequeña escala que sume valor a producción de pequeños productores”. Pero una agroindustria local basada en la escasez de tierra de los mapuche no es más que vender una ilusión. Sin tocar la propiedad privada de terratenientes y forestales, cualquier pequeña medida de “fomento” conduce a un callejón sin salida.

Devolución de las tierras; fuera el ejército y la policía de Wallmapu

No es difícil descubrir que la jugada de poner a colaborar carabineros y ejército y el anuncio de un “estado de excepción diverso al vigente” que fue concretamente votado el jueves 4 con ayuda de parlamentarios de la DC y la abstención de diputados de oposición como la diputada PS Emilia Nuyado, tienen el objetivo de defender esa propiedad privada capitalista que está en la base del despojo al pueblo mapuche y evitar que su lucha se irrigue en las ciudades de la zona, lo que haría mucho más incontrolable el escenario, más aún ahora que organizaciones como el APRA buscan tomar las tareas represivas en sus propias manos y nuevas generaciones jóvenes se suman a la pelea llevándola a nuevas áreas.

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La CONADI ha comprado apenas una parte ínfima de las tierras demandadas por el pueblo mapuche. Muchos mapuche, pasan años -o décadas incluso- esperando por tierras, mientras las forestales y los capitalistas hacen suculentos negocios y claman por más represión. La pobreza aumenta entre los mapuche y los trabajadores especialmente de la IX región. Muchas y muchos son empujados a buscar trabajo en ciudades y pueblos aledaños. Eso es lo que está en la base de las actuales luchas.

La recuperación de las tierras y territorios para el pueblo mapuche -que tiene en sus manos apenas un 8,7% de la superficie de las regiones de La Araucanía y Los Lagos-, en base a la expropiación de las forestales y de los terratenientes; la desmilitarización de Wallmapu; la lucha por la libertad de todos los presos políticos mapuche y de la rebelión y el rechazo de toda la agenda represiva del gobierno; son peleas que podremos dar con fuerza si impulsamos la más amplia unidad del pueblo mapuche con la clase trabajadora explotada por los mismos empresarios que roban las tierras mapuche, impulsando la pelea por mejores condiciones en los lugares de trabajo para que nadie gane menos por razones de género u origen. Llevar la solidaridad con las recuperaciones a los lugares de trabajo, sindicatos y movilizarnos contra la represión es una necesidad que urge. Una pelea que podemos dar unidos desde comunidades y sindicatos y para la cual nos ponemos al servicio desde el Partido de Trabajadores Revolucionarios y nuestra revista Ideas Socialistas.