La publicación de los salarios de altos funcionarios judiciales ha reavivado el debate sobre la necesidad de reformar el Poder Judicial.
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Jueves 11 de julio de 2024
En el marco del conflicto que sostiene AMLO con representantes del Poder Judicial, este miércoles Presidencia difundió los ingresos de algunas de las 55 mil 205 plazas reportadas por el PJF en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024. Consejeros con percepciones netas de $3,821,230 pesos anuales; titulares de órganos y unidad, visitadores, magistrados de circuito y secretarios con ingresos netos de entre $2,130,221 y $3,180,144. Secretarios, asistentes y coordinadores con sueldos entre $1,551,064 y $1,988,730. Se destacó que un Magistrado del Poder Judicial gana 4 millones 490 mil 441 pesos brutos al año, mientras que un consejero de la judicatura gana $5,529,451.
La disparidad salarial entre jueces y trabajadores en México
Estas cifras explican por qué altos jueces y magistrados se oponen a la reforma presidencial que propone reducir sus salarios para ajustarlos a lo establecido en la Constitución, que indica que ningún funcionario puede ganar más que el Presidente. Destacan, además, por lo distante que están de los sueldos de la mayoría de trabajadores del país.
En México, un asalariado del sector "formal" percibe un salario mínimo de $248.93 pesos diarios, es decir, $7,468 pesos al mes. Un consejero, por su parte, percibe un ingreso mensual de $318,436, es decir, $10,614 al día. Si se compara el salario mínimo con el sueldo de un secretario del poder judicial, sería una distancia de $129,255 al mes, $4,308 pesos diarios.
Según datos del INEGI, entre 2018 y 2023, la población ocupada que gana menos que el salario mínimo aumentó 10.8 millones. Mientras tanto, quienes ganan entre tres y cinco salarios mínimos (hasta 37,339 pesos al mes), se redujeron 4.5 millones. Mientras quienes ganan más de cinco salarios mínimos al mes son apenas el 1% de los asalariados.
El 49.06% de la población ocupada en México (es decir alrededor de 29 millones 143 mil 449 trabajadores) percibe menos de 15 mil pesos mensuales. En este panorama, quienes sobreviven con menos de un salario mínimo al día son el 47% de los trabajadores que laboran en el sector "informal".
La resistencia del poder judicial ante la reforma de AMLO
El Poder Judicial, a lo largo de las décadas, ha construido una imagen de sí mismo como "garante de los derechos" y promotor de la democratización de ciertos derechos para la población. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha pronunciado, en algunas ocasiones, a favor de los derechos de las mujeres y la diversidad sexogenérica, lo cual ha sido visto como un avance progresista por diversos sectores. Sin embargo, estas decisiones suelen ser el resultado de intensas movilizaciones sociales, especialmente del movimiento de mujeres.
A pesar de estos avances en derechos civiles, la SCJN ha fallado repetidamente contra los derechos laborales y las condiciones de vida de la clase trabajadora. Ejemplos de ello son la validación de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, las reformas a las leyes de pensiones que afectan las jubilaciones, y la militarización del país a través de la Guardia Nacional. Estas decisiones perpetúan la desigualdad estructural en la sociedad mexicana.
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Desde la victoria de Morena en 2018, la SCJN ha adoptado una postura más conservadora y antipopular en respuesta a los programas sociales impulsados por el presidente López Obrador, incluyendo la propuesta de elección popular de jueces y la reducción de privilegios para la alta jerarquía judicial.
La propuesta de reforma al Poder Judicial incluye reducir el número de ministros de la SCJN de 11 a 9, disminuir su periodo en el cargo a 12 años en lugar de 15, y eliminar la pensión vitalicia para ministros en retiro. También propone que ningún ministro gane más que el presidente y que los jueces sean elegidos por voto popular a partir de 2025. Esta iniciativa ha sido bloqueada por la SCJN, argumentando razones técnico-legales y lanzando una fuerte campaña mediática en su contra.
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Una reforma radical del poder judicial
La victoria de Claudia Sheinbaum en las elecciones presidenciales ha revitalizado este debate, con la presidenta electa comprometida a impulsar la reforma tras consultar a expertos en derecho. La propuesta enfrenta fuerte resistencia de capitales internacionales y de la derecha política, preocupados por la falta de contrapesos al nuevo gobierno.
Es necesario que jueces y fiscales sean elegidos por voto popular y que se pongan fin a los privilegios de la élite judicial, cuyos ingresos y estilo de vida están muy alejados de la realidad de la mayoría de los mexicanos. Otro aspecto de una reforma radical incluye la implementación de juicios por jurado en todos los tipos de causas, permitiendo que las voces de las comunidades afectadas sean escuchadas en el sistema judicial. ¡Que los jueces y magistrados perciban sueldos equivalentes al promedio de la clase trabajadora!, eliminando así la brecha económica y los incentivos basados en privilegios.
Una reforma de este tipo no será posible sin una poderosa movilización del pueblo trabajador, del movimiento de mujeres y de todos los sectores agraviados. El Estado capitalista no se reformará a sí mismo para defender intereses ajenos a la clase que representa. La lucha por una justicia más equitativa y representativa es, por tanto, una cuestión de movilización social y presión política constante.
