Tras casi nueve horas de reunión el Ministerio de Trabajo, la cúpula de los sindicatos CCOO y UGT y la patronal CEOE, llegaron ayer a un preacuerdo sobre la regulación del teletrabajo. Sin embargo y aunque aún se sabe poco de las medidas concretas y la letra pequeña del acuerdo, quedan en el aire aspectos tan esenciales como quién correrá con los gastos, remitiéndolo a una negociación en el ámbito de los convenios, la voluntariedad real o la aplicación efectiva de los derechos laborales esenciales.
Juan Carlos Arias @as_juancarlos
Martes 22 de septiembre de 2020
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con los dirigentes de las patronales, CEOE Antonio Garamendi; y Cepyme, Gerardo Cuerva, y de los sindicatos, CCOO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez, en un encuentro el pasado enero.Mariscal / EFE
La ministra de Trabajo de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, y el Gobierno, se han apuntado un tanto más al servicio de lo que llaman “diálogo social”. En realidad, ha sido un éxito más al servicio de los grandes empresarios y, una vez más, en contra de los intereses más elementales de las y los trabajadores que ven de nuevo amenazadas su condiciones laborales y salariales.
El preacuerdo conlleva en primer lugar una enorme desregulación laboral que puede llevar a cabo la propia aplicación del teletrabajo, por su propio desarrollo material y lo que implica objetivamente de aislamiento y desconocimiento de la realidad laboral para el sindicato de cada trabajador sumido en su ámbito privado. Prácticamente trae a escena el acuerdo individual entre empresa y trabajador y sin que nadie más intervenga en las condiciones de trabajo, con lo que resultará muy complicado realizar actividad alguna de organización y lucha sindical por los derechos colectivos.
La nueva normativa, además, no ha cerrado prácticamente favorablemente ninguna de las problemáticas fundamentales que atraviesan las condiciones esenciales de trabajo para las y los trabajadores que tengan que teletrabajar. Ni los costes de su funcionamiento, ni la supuesta voluntariedad, ni la preservación de los derechos laborales esenciales en el desarrollo del teletrabajo. Y más pronto que tarde veremos las consecuencias de todo ello.
Alcanzar el acuerdo ha llevado bastante tiempo en las mesas de negociación, nada menos que tres meses, sin contar el paréntesis vacacional. Pero sin que en ningún momento se planteara ni se produjera un previo debate entre la base de los sindicatos para analizar las consecuencias y los claroscuros del teletrabajo que son muchas.
La bancada sindical ha mantenido los vaivenes de las discusiones con la patronal en secreto absoluto y totalmente a espaldas de la opinión de las y los trabajadores, durante todo el tiempo que ha durado la negociación. Solamente a través de la prensa se filtraron algunas de las diferencias que parecían encallar el acuerdo, tales como: quién pagará el coste de las infraestructuras necesarias para realizar el teletrabajo incluyendo los gastos de la conexión, la electricidad, el ámbito de aplicación, etc.; cuál sería la jornada mínima para considerar que se hace teletrabajo; cómo se podría garantizar la salud laboral de los trabajadores y a cuenta de quién correría su cumplimiento en los propios domicilios de las y los trabajadores.
También se abordaron temas como: la voluntariedad del teletrabajo y cómo se podría garantizar de manera efectiva y la posible marcha atrás de la situación; los horarios, las condiciones labores y los controles que la empresa pretende ejercer sobre las y los trabajadores en sus propios domicilios particulares para asegurarse el beneficio empresarial creciente que toda empresa busca, etc. Pero de todo ello desconocemos en profundidad suficiente, al menos, los planteamientos sindicales, lo que dijo la patronal y como se desbrozó el camino para llegar al acuerdo. Únicamente nos presentan todas las partes, incluida la ministra de Unidas Podemos, un preacuerdo envuelto en papel de plata y con un lacito, como si fuera un buen acuerdo para las y los trabajadores.
La aplicación efectiva del teletrabajo conlleva muchos temas, todos ellos de gran trascendencia, como puede comprobarse, y que pueden poner patas arriba muchos aspectos de las condiciones esenciales de trabajo. Además, puede implicar un enorme retroceso en las condiciones de trabajo de millones de trabajadoras y trabajadores.
Ni los costes ni la voluntariedad del teletrabajo se garantizan
Ha trascendido un aspecto de la negociación en la que supuestamente los sindicatos han incidido mucho y presumiblemente habrían puesto algún tipo de líneas rojas, como es la cuestión de quién debe corre con los gastos del teletrabajo. Sin embargo, en este aspecto el resultado es realmente lamentable y nada garantista para las y los trabajadores.
Aunque la nueva normativa parece ser que indica con cierta claridad que serán las empresas las que tienen que pagar todos los costes del teletrabajo: desde la inversión en los equipos, pasando por los gastos corrientes (luz, teléfono, etc.), su aplicación concreta, sin embargo, tendrá que hacerse a través de la negociación colectiva. Es decir, que la empresa y los trabajadores tendrán que pactar por convenio de empresa o sectorial cuáles serán realmente los costes que asume la empresa. Sobre todo, en los casos en los que el convenio colectivo no tiene recogido el cálculo de estos costes, algo impensable puesto que la práctica del teletrabajo formalizado es inexistente en la mayoría absoluta de las empresas. Además, ni siquiera el acuerdo alcanzado fija cuáles son los costes que deberán soportar en realidad las empresas.
Otro aspecto como es la voluntariedad o no del teletrabajo y a quién se le va a aplicar la regulación, también ha quedado absolutamente en el aire. Primero porque se basará en un acuerdo por escrito acordado entre el trabajador y el empresario, como si el trabajador pudiera negarse ante una amenaza de despido, por ejemplo. Además, por exigencia de la CEOE, no se incluirá en la regulación acordada a las y los trabajadores con actual aplicación preferente de teletrabajo por la situación de pandemia que, además, se está prolongando por los rebrotes. Y tampoco se aplicará si no trabajas más de un 30% en formato de teletrabajo, un día y medio a la semana puede hacerse por cuenta del trabajador sin problemas para el empresario. Por lo que, en esos casos, ni siquiera se tendrá derecho a los mínimos derechos establecidos en la regulación del teletrabajo. Esto es la flexibilidad total para el 30% de la jornada en favor de la patronal y sin soportar los costes extras que ello supone.
Todo el desarrollo de la negociación y su resultado ejemplifica, una vez más, la concepción desde hace mucho tiempo de los sindicatos burocratizados de CCOO y UGT, de la práctica un sindicalismo vertical de cúpulas corrompidas, cooptado por el Estado y al servicio de la gran patronal. Un sindicalismo que necesita ser desburocratizado, es decir, tomado por la clase obrera desde la base para volver a poner la potencia material de esas organizaciones que deberían ser de democracia obrera, al servicio real de los intereses de la clase a la que dicen representar.
Esta tarea se presenta cada vez como un elemento central y estratégico para desbordar las actuales direcciones sindicales y poder unificar e impulsar las luchas de las y los trabajadores ante los ataques a los derechos salariales, laborales y sociales que nos aguardan.
Juan Carlos Arias
Nació en Madrid en 1960. Es trabajador público desde hace más de 30 años y delegado sindical por UGT de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. Es columnista habitual de Izquierda Diario en las secciones de Política y Economía. milita en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado Español.
