El precio de la luz sigue su escalada hacia máximos históricos. El precio máximo fue 91,11€ (MWh) a fines de 2013. Pero de los 40,18€ de marzo de este año se ha pasado a los 75,93€ de setiembre.
Guillermo Ferrari Barcelona | @LLegui1968
Lunes 24 de septiembre de 2018
Según la Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, el aumento del precio de la electricidad se debe centralmente al aumento de los costes de derecho de emisión de CO2 y de los combustibles fósiles. Las empresas energéticas pagan derechos de emisión en el caso en que contaminen por encima de lo permitido. Que es lo que pasa con las que generan electricidad en España. Solo en el último año han subido el 247%.
La cuestión es que esos derechos de emisión se están reduciendo en el marco de los acuerdos de la Unión Europea para disminuir la emisión de carbono a la atmósfera e ir reduciendo el efecto invernadero en el planeta e ir invirtiendo en energías renovables. Dicha reducción se acelerará a partir del año que viene, lo cual hará más caro aún dichos costes. Un plan perfecto para que paguen los usuarios (los que puedan) y que las empresas ganen, claro. Así planifican el PSOE y el PP la “Transición ecológica”.
Millones de consumidores rehenes de eléctricas
La situación es más o menos así. Endesa, Gas Natural e Iberdrola “compiten” entre sí por el precio de la luz cada día, pero con la ventaja de “poseer” un mercado de millones de pequeños usuarios a su merced. Estas grandes empresas son un componente clave en el “juego” de la oferta y la demanda para poner el precio final que todos los trabajadores les pagamos para que se lleven sus jugosas ganancias.
La factura de la luz tiene una parte variable (esencialmente consumo) y una parte fija (incluye impuestos, peajes y primas) que supone cerca del 65 por ciento del recibo. Según un estudio de Facua, el precio de esta parte fija, la que más se nota en la factura, ha subido un 155,8 por ciento desde 2003. Con la parte fija se paga la distribución y el transporte de la energía hasta casa y los impuestos que hayan puestos los gobiernos de turno.
De conjunto, la subida de la factura de la luz ha sido alrededor del 50% en lo que sería un usuario promedio. De 48,95€ en 2007 a 75,52€ en 2017. Subida que de hecho aún no contiene el alza imparable de estos nueves meses de 2018. Y como si esto fuera poco, también se anuncia que el precio del gas subirá un 8%, al igual que la bombona de butano. Nadie se salva.
Los partidos sólo se plantean bajar impuestos
El Ejecutivo de Sánchez prevé anular un impuesto creado por el gobierno de Rajoy para reducir las facturas entre un 2,5 y un cuatro por ciento para los consumidores domésticos y hasta un 5,5 por ciento para los consumidores industriales. Como siempre el gran usuario tiene más beneficios que los millones de pequeños. Capitalismo puro y duro.
Por su parte, el Partido Popular también anunció que pedirá en el Congreso que se elimine el impuesto de generación eléctrica con el fin de frenar "la subida constante de la luz" y rebajar, según sus cálculos, un 3% la tarifa de electricidad. Curiosos puesto que el impuesto a la generación eléctrica fue creado en 2012 por el primer gobierno de Mariano Rajoy dentro de su reforma del mercado eléctrico.
Ciudadanos se propone reducir aquellos costes que son de “origen político”. Por ejemplo, la luz está gravada con un IVA del 21 % en la península, el impuesto sobre la electricidad, creado inicialmente para subvencionar el carbón nacional y que ahora se usa en la financiación autonómica, así como una tasa municipal del 1,5 %.
La propuesta de Unidos Podemos va un poco más allá. Han presentado una Proposición no de ley en la cual proponen rebajar el IVA, los costes del peaje (para el período que se inicia en 2020), la parte fija (emulando la del resto de los países europeos), eliminar las trabas al autoconsumo, promover la instalación de techos solares, incluir un bono social para los hogares con problemas de pago o iniciar una auditoría de todo el sistema eléctrico nacional.
La formación morada también propone iniciar la transición hacia las energías renovables que haría bajar los costes de generación de energía. Promover la gestión pública de las centrales hidroeléctricas que ya están amortizadas, es decir las que más costes tengan para su mantenimiento. Y, otras medidas más.
Ibedrola, Endesa y Gas Natural
Las tres mayores compañías eléctricas con operaciones en España, que son Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa, ganaron 5.627 millones de euros en 2017, un 3% más que en el ejercicio anterior. Iberdrola registró el mayor beneficio, con un total de 2.804 millones de euros, un 3,7% más que el ejercicio anterior. Por su parte, Endesa obtuvo un incremento del 4%. Y, Gas Natural Fenosa “tan solo” un 1% más.
Durante los años de crisis, sus beneficios no han bajado de 5.000 millones de €. Entre 2008 y 2015 el beneficio neto de las “tres grandes” fue de la friolera de 37.260 millones de euros. Sin embargo, el coste del bono social para el mismo período fue de 1.300 millones €. ¡Apenas el 3% del beneficio neto! Aunque gracias al Tribunal Supremo el coste de dicho bono social va a cargo de las arcas públicas.
Además, el precio de la electricidad subió en España el doble que en la Unión Europea durante la crisis, y es el cuarto país europeo con la luz más cara. Incluso el informe de pobreza europeo de 2015 (Arope) explica que el 11% de la población española (5,1 millones) no tiene dinero para poder calentar su vivienda. Unidos-Podemos expone que el coste energético para la industria española ha tenido el mayor crecimiento acumulado en la última década respecto de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia.
Esta situación en la cual las grandes empresas se llevan la parte del león, mientras todos los trabajadores y el pueblo pobre somos quienes lo pagamos. Esto es así gracias a la “cooperación” entre los políticos del régimen y las grandes empresas. La Marea había identificado más de 175 dirigentes políticos que forman parte de la dirección de estas empresas. Los dos casos más famosos son José María Aznar en Endesa o Felipe González en Gas Natural.
Todas estas empresas fueron privatizadas en los años 90 gracias a las iniciativas del Gobierno de Felipe González y luego por su sucesor, José María Aznar. Pero, ¡Qué casualidad! Son las mismas personas que años más tarde han ocupado una poltrona en los máximos organismos de estas empresas. Junto a ellos también hubo otro expresidente como Leopoldo Calvo Sotelo o algunos exministros de economía como Pedro Solbes o Rodrigo Rato. Sin palabras.
Pensar que estas empresas que antes eran públicas, fueron privatizadas en los 90 con la excusa de que eran ineficientes y por tanto daban un servicio extremadamente caro. Apenas 20 años después resulta que dan uno de los servicios más caros de Europa y ganan una millonada. El “secreto” está en la factura y las reglas que el poder político crea para que las compañías energéticas gocen de un gran negocio.
Hay que darle la vuelta a la tortilla
Esta situación no se puede resolver con medidas tibias como es la reducción de impuestos. Ni tampoco es posible un control púbico por parte de estas instituciones hacia las grandes empresas. Todas las instituciones son garantes con sus leyes, con sus jueces y sus gobiernos, de las ganancias mil millonarias. Las puertas giratorias, el Tribunal Supremo, los partidos políticos, etc. y etc.
Es necesario que el control se haga directamente desde las organizaciones de los trabajadores y desde aquellas de las que se doten los pequeños usuarios. Al fin y al cabo son los trabajadores y el pueblo los que tienen más interés en que estas empresas funcionen bien puesto que las usan y son quienes viven del trabajo realizado. Ellos no tienen interés en llevarse miles de millones de euros a costa del sufrimiento de ellos mismos.
Este control será un primer paso para corroborar que los empresarios no juegan ningún rol necesario en la generación de energía. Por el contrario, son parásitos que se benefician de las necesidades ajenas. Hay que nacionalizar estas empresas, sin indemnización para que sean puestas a producir en beneficio de los millones de trabajadores y los sectores sociales empobrecidos.
Pero nacionalizar la empresa no significará ponerla bajo la tutela del PSOE o del Régimen del 78, puesto que ellos querrán pagar una indemnización a los empresarios y volver a privatizarla regalándosela a sus amiguitos como ya hicieron en los 90. Son los trabajadores y los pequeños usuarios quienes deben ponerse al frente de una única empresa de energía que resuelva todos los problemas de suministros e infraestructuras para que no haya más hogares sin cobertura y para que el tejido empresarial pueda gozar de un servicio asequible y correcto.
Una política así para las empresas energéticas y todas las privatizadas será la gran punta de lanza para una fuerte alianza entre los trabajadores y el pueblo pobre. La alianza que podrá dar la vuelta a esta horrible tortilla del Régimen del 78.
