En una ominosa celebración de los 15 años del Plan Colombia, el presidente Obama y su par colombiano acuerdan su continuidad en la etapa “posconflicto” armado con las FARC
Viernes 5 de febrero de 2016
El presidente colombiano Juan Manuel Santos está de visita en Washington. El motivo oficial: conmemorar junto a Barack Obama los 15 años de implementación del Plan Colombia y acodar su continuidad en la etapa de “post conflicto” que se abriría próximamente, tras la firma del acuerdo final que se están ultimando en La Habana el gobierno de Colombia y la dirección de las FARC.
En la agenda de Santos figuran también encuentros con el vicepresidente Joseph Biden, el secretario de Estado John Kerry, líderes republicanos y demócratas, la Cámara de Comercio estadounidense, el Secretario General de la OEA Luis Almagro, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, y la directora del FMI Christine Lagarde.
Santos presenta esta cumbre como una "ocasión para revisar la agenda entre dos socios estratégicos" y la Casa Blanca dijo que esta visita “no sólo celebrará la fuerte alianza entre los Estados Unidos y Colombia sino también será una oportunidad para respaldar los esfuerzos del Presidente Santos de alcanzar un acuerdo de paz justo y duradero con las FARC” (El País 02/02/16). El Plan Colombia y el Tratado de Libre Comercio entre ambos países, son dos claves del pacto semicolonial sellado con la gran potencia del norte por los representantes de la burguesía colombiana, pues no es otro el contenido de tal “alianza estratégica”.
Obama también quiere asegurarse los laureles del firme auspicio que su gobierno, acompañado por el grueso del stablishment estadounidense, además de la Unión Europea, brindó al proceso de negociaciones en La Habana, y cuyo éxito como modelo de desactivación de conflictos armados y puntal en la recuperación de terreno en América latina (junto al deshielo con Cuba) quiere dejar como parte de su legado.
Hacia el Acuerdo de “paz”
Lo discutido en la cumbre en Washington da cuenta de que se acerca un momento definitorio en las negociaciones en La Habana. Se están limando las diferencias que subsistían entre el gobierno y las FARC en varios puntos importantes para arribar al acuerdo final a fines de marzo, como pretende Santos, quien ayer insistió en que “estamos a punto de firmar el proceso de paz".
El principal dirigente de las FARC -Rodrigo Londoño, conocido como “Timoshenko”-, concedió una larga entrevista a la revista Semana (30/01/16). Allí, ante la pregunta sobre el plazo, hasta ahora puesto en duda por las FARC, contestó que “ahora estoy como cambiando de opinión…Como que me están gustando las fechas. Le toca a uno ponerse metas. Nosotros no estamos trabajando en función de fechas. Estamos en función de acelerar y alcanzar el acuerdo final lo más pronto posible (…) Yo lo que le puedo decir es que estamos trabajando con bastante entusiasmo”.
Timoshenko reafirmó la preocupación de las FARC por las garantías para no sufrir la suerte de la Unión Patriótica, fuerza política legal a la que se sumaron sectores de la guerrilla en los ‘80 y que fue masacrada por los paramilitares, narcotraficantes y fuerzas estatales, con el asesinato de sus principales figuras públicas y de entre 3 mil y 5 mil miembros.
En este marco, Naciones Unidas anunció el envío a Colombia de un primer equipo de funcionarios durante febrero, para preparar el terreno a una Misión de observadores. Santos y las FARC acordaron solicitar la intervención de Naciones Unidas en la etapa de post conflicto, para supervisar el proceso y proveer garantías. La ONU interviene con el visto bueno del imperialismo, según las decisiones del Consejo de Seguridad y en el marco de sus intereses estratégicos en Colombia.
Se señala como un antecedente El Salvador en los años ‘80, cuando el proceso revolucionario fue liquidado con la combinación de una brutal represión militar y una política de pactos en los que la dirección guerrillera aceptó dejar las armas. Allí Naciones Unidas, a través de la misión ONUSAL supervisó el desarme de los combatientes en zonas pactadas al efecto y su reincorporación a la vida civil, permitiendo la conversión del FMLN en una fuerza política de centroizquierda integrada al régimen y que le dio dos presidentes al país - Mauricio Funes y el actual Sánchez Cerén, sin mayores sobresaltos para los capitalistas y el imperialismo, y sin mayores cambios para la situación del pueblo salvadoreño.
La nueva etapa
Santos y Obama discuten la adecuación del Plan Colombia a las necesidades de una etapa de “posconflicto” que plantea grandes desafíos de todo tipo al Estado colombiano. Es probable que el financiamiento estadounidense se ubique cerca de los 400 millones de dólares anuales, en su mayor parte a fines civiles (desarrollo económico, infraestructura, apuntalar municipios, etc.).
Pero además, el Estado y las fuerzas de seguridad necesitan tomar control de las áreas hasta ahora dominadas por la guerrilla e instalarse allí, lo que supone una serie de obras de infraestructura, caminos y otras señales de presencia estatal, junto al despliegue policial y militar. Y también se deberá organizar y financiar la concentración de las fuerzas guerrilleras en ciertas zonas, su “dejación de armas” y el sostenimiento de miles de ex combatientes en el proceso de reinserción a la vida civil. La ONU ya ha asegurado su concurso, posiblemente se sume la Unión Europea, y EE.UU. no dejará de intervenir en el asunto.
Otros objetivos serían el desminado de varias zonas, y por supuesto, la continuidad en la “lucha contra el tráfico de drogas”.
La nueva fase del Plan Colombia, que probablemente cambie también de nombre, tendrá así un perfil más “al servicio de la pacificación”. Y ésta a su vez, es importante en los planes de la burguesía colombiana y el imperialismo, que necesitan lavar la cara de la “democracia para ricos” para ampliar su proyección regional (como aliado de EE.UU. frente al progresismo en decadencia) y como “mercado emergente”.
Si por un lado se espera que la “paz” atraiga al capital extranjero a los recursos naturales de las zonas “liberadas” de la guerrilla, por otra, políticamente, es clave para mejorar la imagen exterior del país, pero todo esto insume muchos recursos. Es que “el problema es que presentar los éxitos de Colombia como país emergente, candidato a la OCDE y graduado como país de renta media, se conjuga con dificultad con la necesidad de buscar recursos para financiar el postconflicto… Un proceso de esta magnitud tiene unos costes difíciles de asumir para el presupuesto del país y requiere concentrar un importante caudal de recursos en determinadas zonas de la nación” (Infolatam, 02/02/16).
El Plan Colombia
Los medios oficiales de Washington y Bogotá, y la gran prensa insistieron siempre en que "el Plan Colombia tiene como objetivo prevenir el narcotráfico, promover la paz y el desarrollo económico". Aunque ése es el discurso oficial, el propio presidente Santos y los más diversos funcionarios de ambos gobiernos no han dejado de reconocer que el Plan fue clave para fortalecer al Estado colombiano, potenciar sus FF.AA. y arrinconar a la guerrilla, mientras que los “éxitos” en la proclamada “lucha contra el narcotráfico”, pese a la erradicación forzosa de cocales, fueron más bien modestos.
Hace poco el embajador colombiano en Washington, Juan Carlos Pinzón, declaraba que "En el año 2000 Colombia era un país al borde del abismo. En ese momento, el gobierno de Estados Unidos comenzó un plan de apoyo al esfuerzo que ya hacía Colombia –denominado Plan Colombia – que durante 15 años ha tenido el apoyo de 3 administraciones y de los dos partidos. Un apoyo sostenido y decisivo que gracias a la persistencia de nuestro pueblo, al sacrificio económico de los colombianos y a las victorias de nuestras Fuerzas Armadas, logró la transformación de nuestro país y abrió la puerta para el proceso de paz” (El Tiempo, 29/12/2015).
Desde julio de 2000, en tiempos de Pastrana y cuando el demócrata Clinton ocupaba la Casa Blanca, se diseñó e inició la estrategia de largo plazo que constituiría el “Plan Colombia” y que sería un puntal de la profunda ofensiva burguesa e imperialista contra los trabajadores, los campesinos, el pueblo colombianos, para imponer y profundizar el programa neoliberal de entrega de los recursos naturales, precarización laboral, concentración de la propiedad agraria expulsando a millones de campesinos, etc. Todo esto, acompañado de una “guerra sucia” con un colosal costo humano, del cual son los responsables fundamentales las fuerzas estatales, los paramilitares y sus mandantes empresariales, transnacionales y latifundistas.
En 15 años, Estados Unidos desembolsó unos 9.940 millones de dólares, de los cuales un 71% tuvo destino militar y de seguridad (según datos citados en wwww.nodal.am). El Plan tuvo varios componentes estratégicos: de fortalecimiento institucional, de “acción cívica”, seguridad, etc., enfocados a recomponer el Estado colombiano y fortalecer las FF.AA. Para justificarlo, la lucha “contra el narcotráfico” fue fusionada con la “lucha contra el terrorismo” y las FARC incluidas en la lista de los grupos terroristas por Washington, lo que permitió “redireccionar” en gran escala fondos y apoyo a la contrainsurgencia.
Estados Unidos ejerció un amplia injerencia política y militar a través de decenas de agencias en los más diversos campos: justicia, municipalismo, infraestructura, servicios, etc., orientada a apoyar la “acción cívica” de las FF.AA. y las operaciones en las zonas de presencia guerrillera, además de la directamente enfocada en fortalecer el ejército y la policía, las tareas de inteligencia, la erradicación forzosa de cultivos de coca y otras. La intervención militar incluyó la presencia de cientos de militares y mercenarios de contratistas del Pentágono, la colaboración con los servicios secretos de Israel, la cesión de bases de importancia estratégica para el dispositivo militar estadounidense en América del Sur, y aportes financieros, en armas, entrenamiento, inteligencia y tecnología avanzada. Por años, la Embajada norteamericana en Bogotá fue una de las más pobladas de personal a nivel mundial.
El potenciamiento de las fuerzas armadas colombianas, elevando el pie de fuerza de las tres armas y de una policía fuertemente militarizada a unos 417.000 efectivos en su pico más alto (el segundo ejército, después del brasileño en América latina). Se las dotó de armamento moderno, desde una flota de 240 helicópteros (entre ellos, unos 69 modernos Black Hawk de ataque) hasta bombas “inteligentes”. Se las profesionalizó entrenando a miles de oficiales y soldados, muchos de ellos en bases en los propios Estados Unidos. El Pentágono se encargó de mejorar su funcionamiento, desde la coordinación de los mandos superiores a la adopción de tácticas más modernas y la planificación de las operaciones.
Todo ello, a costa de un gran esfuerzo militar y represivo, les permitió recuperar territorio a la guerrilla, asestarle duros golpes como el asesinato selectivo en operaciones comando o bombardeos de precisión de decenas de jefes, y terminar imponiendo a una guerrilla debilitada, militarmente a la defensiva y políticamente aislada y desmoralizada, relaciones de fuerza para un negociación en términos más favorables al Estado que anteriores intentos (como el fallido diálogo de paz de El Caguán a principios de los 2000).
El lado “clandestino” del Plan Colombia
Pero no toda la “ayuda” está incluida en los rubros y fondos oficialmente reconocidos como parte del Plan. Hay muchos otros recursos canalizados a través de otros programas de USAID, distintas ONG relacionadas con fuentes de financiación estadounidense y otras agencias. Pero hay una enorme bolsa de operaciones en la sombra, ilegales, sin control del Congreso norteamericano, gracias al alto grado de autonomía que lograron el Pentágono y los servicios secretos yanquis después de los atentados del 11 de setiembre de 2001 que permitió ampliar la injerencia militar y de espionaje en Colombia a niveles aún mayores.
Como ejemplo de esto, un informe sobre la “acción encubierta en Colombia” publicado por The New York el 21/12 de 2013, cuando ya habían comenzado las discusiones en La Habana, destaca la intervención de la CIA en “programas de acción encubierta que ayudaron a liquidar al menos dos docenas de líderes rebeldes” (entre ellos, a Raúl Reyes, asesinado junto a varios otros en un ataque en suelo ecuatoriano). “La asistencia secreta, que incluye substanciales ayudas de espionaje de la NAS (Agencia Nacional de Seguridad), es financiada con un presupuesto “en negro” multimillonario. Este no es parte del paquete público de 9 mil millones […] del Plan Colombia que se inicia en 2000”. […] “Por 2003, el involucramiento de EE.UU. en Colombia incluía a 40 agencias estadounidenses y unas 4.500 personas, incluyendo contratistas […]” El informe continúa describiendo en detalle diversos operativos en que intervino la CIA, entre ellos, los que utilizaron sofisticadas bombas “inteligentes” para golpear los mandos de las FARC.
Ahora... For export
El rol del régimen de Bogotá y sus Fuerzas Armadas en la región se ha así fortalecido. Se trata de un Ejército poderoso y eficaz, estrechamente ligado a EE.UU. -que tienen importantes facilidades y bases en su territorio-, en una ubicación estratégica en medio del continente, con frente a dos océanos y cerca del Canal de Panamá... además de poder intervenir de la manera más reaccionaria, sea en años recientes como en ocasión del golpe en Honduras, o contra el chavismo (las fricciones llevaron a la suspensión de relaciones con Venezuela más de una vez), y poniendo límites a las aspiraciones del “sudamericanismo” y el hoy alicaído liderazgo de Brasil.
Además, el perfeccionamiento militar y policial colombiano en las tareas de “lucha contra el narco tráfico” y contrainsurgencia, conducido por los estadounidenses, le ha permitido jugar un papel creciente en las estrategias de “seguridad” que recomienda Washington para la región, especialmente en la “lucha contra las drogas”. Colombia comenzó a asesorar a otros países, incluso en aquellos donde la presencia directa de personal yanqui sería mal vista. Así, el Estado colombiano proporcionó ayuda y entrenamiento a México y varios países de Centroamérica.
Este nuevo rubro de “exportaciones no tradicionales” ya tiene sus inesperados “cuentapropistas” que actúan por su cuenta ofreciendo sus servicios: mercenarios colombianos actúan en Yemen enganchados por contratistas norteamericanos de la monarquía saudí.

Eduardo Molina
Nació en Temperley en 1955. Militante del PTS e integrante de su Comisión Internacional, es columnista de la sección Internacional de La Izquierda Diario.