Como respuesta a la profunda crisis del sistema de justicia y de representación política, la cual acrecienta la crisis del régimen en su conjunto, el presidente Martín Vizcarra anunció la implementación de referéndums para reformar la Constitución de 1993 y de esa manera evitar que el descontento social llegue a mayores.
Lunes 30 de julio de 2018 09:51
En el tradicional mensaje a la nación, realizado el 28 de julio, el presidente Martín Vizcarra anunció una serie de medidas con las cuales, desde el ejecutivo, se busca cerrar la crisis política abierta por los audios propalados en diversos medios de comunicación donde se muestra la podredumbre del poder judicial y del Consejo Nacional de la Magistratura. Recordemos que estos audios sirvieron como catalizador del descontento social y del cuestionamiento al régimen político sostenido en la Constitución de 1993, por eso miles se movilizaron el 19 y el 27 de julio en diferentes regiones del país.
Entre las medidas más efectistas lanzadas por el presidente Vizcarra, destacan la propuesta de realizar un referéndum nacional para reformar la Constitución de 1993 de tal manera que se permita que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura se elijan por concurso público de méritos. Así mismo, propuso realizar otro referéndum para acabar con la reelección de congresistas y para volver a la bicameralidad, así como para que se sancione el financiamiento privado a partidos políticos y campañas electorales. Estas propuestas deberán pasar a ser discutidas, para su aprobación, en el congreso donde el fujimorismo mantiene la mayoría, lo cual quedó evidenciado el pasado jueves 26 de julio cuando impusieron la elección de la nueva mesa directiva parlamentaria para la gestión 2018-2019, recayendo la presidencia en Daniel Salaverry, quien se caracteriza por ser un recalcitrante defensor de las iniciativas promovidas por Keiko Fujimori y su partido.
Vizcarra barnizó su intervención con una serie de gestos con los cuales quiso hacer públicas sus diferencias con el fujimorismo. Esto se expresó claramente cuando se refirió a la tristemente célebre salita del SIN (Servicio de Inteligencia Nacional) como emblema de la corrupción en la década del 90 cuando Alberto Fujimori era presidente de la república y Vladimiro Montesinos fungía de asesor principal de los servicios de inteligencia. Así mismo, saludó y se solidarizó con los periodistas de investigación y los medios de comunicación que sufrieron últimamente una arremetida difamatoria, también se pronunció contra la violencia que enfrentan las mujeres y planteó la necesidad de implementar un enfoque de género en las políticas públicas, de esta manera golpeó también al fujimorismo ya que para nadie es un secreto que Fuerza Popular (partido político de Keiko Fujimori) se encuentra detrás de la millonaria campaña “con mis hijos no te metas”, que se caracteriza por promover la desinformación, la misoginia y la homofobia. Y para no desentonar con los jóvenes indignados y con los miles que se movilizaban en todo el país, dijo: “estoy con todos aquellos que se manifiestan por la justicia, por la democracia, aquellos que quieren erradicar la corrupción y terminar con los corruptos. Sé muy bien que este es el reclamo de todos los peruanos".
El impacto del discurso presidencial fue inmediato. Intelectuales, periodistas, empresarios y políticos distantes al fujimorismo saludaron las iniciativas y la actitud asumida por el presidente. Verónika Mendoza, lideresa del Nuevo Perú, quien hasta hace poco planteaba como salida a la crisis el adelanto de elecciones, después de escuchar el discurso de Vizcarra no tuvo mejor idea que plegarse a su propuesta, anunciando que lo hacía porque “hubo un cambio en la actitud del presidente, al asegurar que ha asumido que le toca liderar reformas urgentes para una transición democrática”, más adelante complementó: “Me parece importante el planteamiento de un referéndum sobre el Consejo Nacional de la Magistratura, la reforma política. Creo que nos puede permitir abrir un gran diálogo nacional”. Por otro lado Julio Guzmán, quien según las últimas encuestas marcharía primero en las preferencias electorales, dijo: "La reforma judicial y política son una prioridad nacional. El Congreso no puede negarle a la ciudadanía el derecho de participar en el cambio".
La estrategia de la burguesía: cambiar algo para que nada cambie
Estas propuestas y la nueva actitud asumida por Martín Vizcarra tienen por objetivo descomprimir el descontento social que amenazaba con poner en cuestionamiento todo el tinglado jurídico y político en el que se sostienen las clases dominantes para imponer sus intereses en desmedro de la clase trabajadora y el pueblo.
Vizcarra da este paso motivado por el creciente desprestigio y deslegitimación social del fujimorismo anclado como mayoría en el congreso, por eso, al poner en el terreno parlamentario la posibilidad de concretar estas reformas, las cuales se plantean como la panacea del cambio o al menos como lo único realmente posible ahora, lo que se busca, por un lado, es orientar el descontento social contra el fujimorismo, con lo cual se saca de la discusión la crisis orgánica que se vive en el Perú y que tiene como causa de fondo la contradicción entre el modelo neoliberal y su régimen de 1993 y las necesidades del pueblo trabajador, que cada día se hacen más acuciantes, motivadas - en gran medida - por la recesión económica que es consecuencia del fin del boom primario exportador y de la crisis del capitalismo a escala internacional. Por otro lado, se busca también canalizar la bronca que hay contra la justicia y el parlamento, prometiendo una reforma del poder judicial y la no reelección de congresistas, pero sin cuestionar los fundamentos de la Constitución del 93, por ello, estas medidas no contribuirán a superar el agotamiento de prácticamente todas las formas de representación política y de las instituciones del Estado.
Para las clases dominantes es muy importante recuperar la legitimidad en las instituciones del Estado, ya que a través de ellas ejercen su poder y pueden materializar sus objetivos basados en la explotación y la opresión. Por eso, cuando los voceros del capital nos dicen a diario que los inversionistas necesitan confianza y estabilidad institucional para volver a invertir en nuestro país, lo que nos quieren decir en realidad es que necesitan acallar el descontento social para evitar que sus privilegios sean puestos en la picota. Es a lo que aspira la nueva estrategia de Martín Vizcarra y de los sectores empresariales en los que se sostiene, para ello necesitan acabar con la movilización social y con la posibilidad que esta ola lleve a que la clase trabajadora entre en escena. Para avanzar en este objetivo y por la dimensión de la crisis, los capitalistas estarían dispuestos a sacrificar incluso a quienes fueron en su momento uno de sus principales alfiles: el fujimorismo.
Visto desde la perspectiva de la clase trabajadora y del pueblo, no se trata, como dice Verónika Mendoza, de abrir un diálogo nacional para recuperar la democracia y la institucionalidad a través de una reforma política por arriba o valiéndonos de un referéndum para parchar la Constitución de 1993, sino todo lo contrario, la idea es profundizar la movilización social de los trabajadores, los campesinos, los pueblos originarios y los pobres urbanos de manera independiente del empresariado y sus instituciones, crear instancias de auto organización y hacer que la clase obrera ingrese a la escena. Solo de esa manera podremos imponer una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, que funcione con plenos poderes ejecutivos y legislativos eliminando la figura presidencial la cual es un resabio de las monarquías; que pueda terminar con la casta de jueces corruptos como los Hinostroza valiéndonos para ello del voto universal y directo para elegir jueces y fiscales e imponer que los políticos elegidos por voto popular y los funcionarios públicos ganen como un trabajador calificado. Estas y otras medidas no solo nos permitirán acabar con el régimen heredado del fujimorismo, sino también avanzar en la pelea por conquistar un gobierno de los trabajadores para resolver no sólo los grandes problemas nacionales sino también para avanzar en la construcción de una sociedad libre de explotación y opresión.
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