DISCURSO DE MARTIN VIZCARRA. El presidente de Perú llama a un pacto de unidad nacional para desmovilizar al pueblo trabajador

En medio de una profunda crisis económica y social, Martín Vizcarra se dirigió a la nación Peruana en un discurso televisado. La situación actual del país, lejos de haber sido causada por la pandemia, es de larga data. Basta recordar que el actual presidente asumió luego de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en marzo del 2018, envuelto en escándalos de corrupción y relacionado con el Lava Jato brasileño.

En un primer momento Vizcarra hizo una serie de anuncios con una alta carga demagógica orientados, según él, a reactivar la economía y paliar el impacto del Covid-19. En un segundo momento lanzó un llamado a construir el denominado “Pacto Perú”, que no es sino un gran pacto de unidad nacional para desmovilizar al pueblo y realizar un recambio “ordenado” en las próximas elecciones que se realizarán en abril de 2021.

Nuevas medidas y omisiones en el discurso presidencial

Dentro de los anuncios presidenciales, podemos mencionar la creación de un nuevo bono para las poblaciones vulnerables, el otorgamiento de una pensión para los niños que se quedaron huérfanos a raíz del Covid-19, la utilización de 736 millones de soles para compras a las pequeñas y medianas empresas, la construcción de las líneas 3 y 4 del Metro de Lima y el incremento al presupuesto del sector salud a $ 21,000 millones de soles (unos 6 mil millones de dólares) para el próximo año, lo cual, a decir del presidente, implicaría la construcción de 44 hospitales y centros de salud.

No dijo nada, sin embargo, sobre cómo encarar la oleada de despidos masivos y precarización del empleo promovidos por los grandes empresarios, quienes, con el aval del gobierno han comenzado a descargar los efectos de la crisis económica sobre las espaldas de los trabajadores.

Tampoco se refirió a la situación que se vive en Espinar-Cusco, donde la población viene implementado medidas de lucha exigiendo un bono de mil soles a la empresa minera Glencore ante el desamparo en que se encuentran debido a la ausencia de políticas públicas orientadas a mitigar el impacto del Covid-19 y el aislamiento obligatorio.

De igual manera, no se pronunció sobre las cifras falsas emitidas por sus funcionarios en relación al número de fallecidos a raíz de la propagación del Coronavirus. Tampoco hizo mención alguna sobre como encarará su gestión el incremento de los feminicidios y la violencia machista durante el periodo de aislamiento obligatorio, ni sobre los reiterativos abusos sufridos por la comunidad LGTBQ durante la cuarentena a manos de la policía y el ejército. No mencionó la difícil situación que vive el sector educación y los miles de niños y adolescentes que no pueden acceder a la educación virtual por falta de recursos tecnológicos.

En definitiva, ni una mención a los padecimientos de los trabajadores y el pueblo pobre.

¿De dónde saldrá la plata señor presidente?

Si bien las propuestas hechas por Vizcarra estaban orientadas a generar expectativas en la población, al no quedar claro de dónde se va a sacar los recursos para llevarlas a la práctica, estas medidas han terminado por despertar inquietudes e interrogantes más que certezas.

Pensar que los recursos vendrán de una reactivación económica motorizada por un nuevo boom primario exportador sostenido en nuevos proyectos mineros, es poco probable. La economía nacional, al ser parte del engranaje capitalista, está configurada de tal manera que su crecimiento depende exclusivamente del incremento de la venta de materias primas en el mercado internacional. Así como van las cosas, es muy difícil pensar que los mercados de materias primas se reactivaran a corto plazo.

Esto no quiere decir que Vizcarra deje de intentar poner en circulación algunos grandes proyectos mineros en lo que queda de su mandato, sino más bien nos parece que, por la dinámica económica ya descrita líneas arriba, el ejecutivo buscará otras fuentes complementarias de financiamiento.

Existe, por tanto, la posibilidad que el presidente tome recursos de otros sectores sin alterar el porcentaje general del presupuesto público del próximo año. Con ello, se estaría parchando parcialmente al sector salud, recortando recursos de otras áreas también importantes. Como dice el adagio popular, se estaría vistiendo un santo, pero desvistiendo otro.

También está presente la posibilidad que el ejecutivo suscriba un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional FMI, el cual en mayo pasado aprobó una Línea de Crédito Flexible (LCF) para el Perú por aproximadamente 11,000 millones de dólares por dos años. Esto, de darse, condicionaría aún más nuestra economía y sería el pueblo y los trabajadores los que terminaríamos pagando los intereses de esas deudas, como viene pasando en otros países de la región, agudizándose así la crisis social y la dependencia del imperialismo.

¿Cómo se gastarían esos recursos?

Por las razones ya expuestas, esta pregunta es legítima y cobra relevancia sobre todo si tomamos en consideración la forma como los altos funcionarios públicos, incluyendo al presidente y sus ministros, han estado involucrados en compras con sobreprecios en los últimos años. Serán estos mismos funcionarios públicos amparados ahora en la situación de pandemia que se vive en el país, los que tendrán carta libre para gastar ese dinero sin el más mínimo control social.

Y esto es preocupante, sobre todo si recordamos el pasado de algunos de ellos, como por ejemplo la actual ministra de salud Pilar Mazzeti, que cuando fue ministra de salud de Alejandro Toledo entre 2004 y 2006 se vio involucrada en la compra irregular de ambulancias. Además, en el segundo gobierno de Alan García en 2006, como ministra del interior, volvió a verse inmersa en la compra sobrevalorada de patrulleros. Incluso hace poco cuando dirigía el denominado comando Covid-19 se dieron cuestionamientos a las compras de equipos médicos realizados por su sector.

Algo parecido ocurre con Fiorella Mollinelli, muy cercana al gobierno central, quien es conocida en los círculos lobistas por su cercanía a empresas proveedoras del estado. Durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se vio involucrada junto al hoy presidente Martin Vizcarra en la licitación irregular para la construcción del aeropuerto de Chicheros en Cusco.
No sería entonces la primera vez que funcionarios de alto nivel de esta gestión favorecen a empresarios privados. Esto hace parte de la naturaleza del estado burgués, el cual, como diría Marx, no es otra cosa que “la junta de funcionarios públicos que administran los negocios de la burguesía”.

“Pacto Perú” ¿para qué y para quién?

Con esta iniciativa Vizcarra busca construir un gran pacto de unidad nacional donde quepan todos bajo la lógica que enfrentamos a un enemigo común y que urge construir un recambio presidencial ordenado y pacífico de cara a las elecciones del próximo año, que coinciden con la conmemoración del bicentenario de la independencia el 28 de julio.

Sin embargo, cuando el gobierno habla de orden y de paz, a lo que se refiere realmente es a la necesidad que tiene la burguesía de acallar y desviar, con la colaboración de las diversas fuerzas políticas del país, las demandas populares que empiezan a manifestarse, sin bien espontáneamente aun, pero que ponen en evidencia el descontento en ciernes, el cual está directamente relacionado al fracaso de las políticas del ejecutivo para encarar la pandemia del Covid-19 y la brutal crisis de desempleo que se ha generado a raíz de ello. Así pues, si esta iniciativa prospera, el presidente ya no estará solo al momento de arremeter contra el pueblo trabajador con más medidas de ajuste, como las que ha venido implementando hasta ahora.

Recordemos que si Vizcarra, a pesar de no contar con un partido propio y de recibir la presidencia después de la abrupta caída de Kuczynski, pudo llegar hasta donde ha llegado - y con un margen de popularidad importante - esto se lo debe, al apoyo de la embajada norteamericana y las fuerzas armadas, pero también a los espacios de unidad nacional donde incluso han ingresado muy entusiastamente sectores importantes de la izquierda reformista y la burocracia sindical.

El primero de estos espacios fue el del referéndum del 2018 que se hizo supuestamente para enfrentar al fujimorismo, pero que le permitió al gobierno aprobar la política de productividad y competitividad que se caracterizó por su marcado sesgo pro empresarial y anti obrero. Esta iniciativa le sirvió como base jurídica a la burguesía para precarizar aún más el trabajo.

Luego, cuando se inició la cuarentena, y bajo el rótulo de hacerle la guerra al Covid-19, el gobierno también llevó a la práctica un frente de esta naturaleza, por esa razón las diversas iniciativas reaccionarias implementadas durante el estado de emergencia y el aislamiento social obligatorio. La llamada ley del gatillo fácil, las subvenciones millonarias a las grandes empresas, los rescates a los banqueros, la suspensión perfecta, entre otras, pasaron con una facilidad impresionante y sin que se le mueva un pelo a los burócratas que controlan las grandes centrales obreras y a los dirigentes de los partidos reformistas y neo reformistas. Estos últimos, incluso terminaron poniendo funcionarios en el estado como es el caso del ex ministro de salud Víctor Zamora vinculado estrechamente al partido socialista que hace parte del Nuevo Perú, o el abogado Alexandro Saco también vinculado al nuevo Perú de Veronika Mendoza.

Ninguna confianza al gobierno: organicemos la lucha de los trabajadores y el pueblo

Urge parar cuanto antes la arremetida empresarial contra los trabajadores expresada en el incremento de los despidos masivos, la precarización laboral y la reducción salarial. Es importante también acabar ya con los abusos de las clínicas privadas, las grandes cadenas de farmacias y los laboratorios privados que han encarecido escandalosamente el precio de sus bienes obligando a que los sectores de bajos recursos tengan que resignarse a morir en los pasillos o en las afueras de hospitales públicos colapsados y sin recursos o tengan que recurrir al dióxido de cloro, entre otros productos de dudosa calidad, para “salvarse” del Covid-19.

Necesitamos parar los abusos de la policía y las fuerzas armadas las cuales, amparadas en la ley del gatillo fácil, vienen arremetiendo a diario y de manera brutal contra las y los trabajadores ambulantes y últimamente han reprimido violentamente a los pobladores de la provincia de Espinar en Cusco utilizando incluso armas de fuego.

Necesitamos reactivar la economía y combatir la propagación del Covid-19 pero no desde la perspectiva de los empresarios, porque eso significaría más desempleo, represión y muerte para los trabajadores y el pueblo empobrecido. Eso ya nos ha quedado claro, por ello no podemos esperar nada del gobierno de Martin Vizcarra, el cual es el mejor aliado con el que cuentan hoy los empresarios nacionales y extranjeros para enriquecerse en tiempos de pandemia.

Los trabajadores tenemos que empezar a pelear por la derogatoria de la suspensión perfecta y, para combatir el desempleo, es importante impulsar la jornada móvil de trabajo y de salario que implica que los horarios se reduzcan a 6 horas diarias y las horas restantes se distribuyan entre los trabajadores desempleados y, en ese marco, que los salarios se incrementen de acuerdo al incremento del costo de vida. Mientras tanto, es fundamental que se otorgue un salario de crisis no menor al valor de la canasta básica familiar ($1500 soles/ $ 425 dólares) que llegue a todos los trabajadores y trabajadoras que no cuentan con un empleo. Así mismo y para encarar el supuesto déficit de muchas empresas privadas, debemos exigir que se abran sus libros de contabilidad para saber realmente cuál es su situación financiera y si estas se declaran en quiebra deberán pasar a estar bajo control de sus trabajadores.

De igual manera, se debe declarar de utilidad pública las clínicas, las cadenas de farmacias, los laboratorios privados, las empresas que producen oxigeno medicinal, etc., y que estas pasen a estar bajo el control de sus trabajadores y sean asistidas por profesionales de las universidades, solo de esa manera aseguraremos que sus servicios y bienes puedan ser accesibles a las grandes mayorías. Es importante también implementar una reconversión productiva que haga que las grandes empresas produzcan bienes y servicios orientados a satisfacer las demandas sanitarias, eso solo será posible si estas empresas son nacionalizadas, estatizadas y puestas a producir bajo el control de sus trabajadores y con la participación del pueblo organizado.

Esta nacionalización sin indemnización y bajo control obrero, también deberá aplicarse a las grandes industrias mineras como Glencore, Southern, Cerro Verde, Antamina, Yanacocha, entre otras. Solo de esa manera tendremos los recursos suficientes para invertir en más hospitales, infraestructura sanitaria, medicamentos, pruebas moleculares rápidas, laboratorios públicos de alta calidad, etc. Así mismo, de aquí saldrá el financiamiento necesario para dotar a los niños y adolescentes de los medios tecnológicos para que puedan realizar sus clases virtuales, estos recursos también servirán para incrementar los salarios y la tecnificación de las y los docentes.

Por otro lado, y para reactivar la economía de los micro y pequeños productores, como los campesinos de Espinar, por ejemplo, se debe nacionalizar la banca y el comercio exterior. De esa manera estos sectores podrán contar con créditos a cero intereses los cuales les permitirán tecnificar su producción y no se verán obligados a competir con productos importados subvencionados.

Estas y otras medidas de corte transicional solo serán posibles si nos organizamos y luchamos desde las bases, por un gobierno de las y los trabajadores que nazca de la movilización y la auto organización obrera y popular. En ese entender, debemos empezar a organizarnos desde nuestros centros de trabajo y nuestros barrios para enfrentar las arremetidas de este gobierno y de los empresarios, así como las inclemencias de la pandemia e ir creando espacios de articulación de carácter nacional que nos sirvan para discutir y aprobar un plan de lucha contra este gobierno y los empresarios.