Buscando recuperar la aprobación desde una perspectiva populista y reaccionaria, Pedro Castillo propuso sacar a los militares a las calles para combatir la "delincuencia" común. A esta iniciativa reaccionaria se suman las propuestas hechas por el Premier Aníbal Torres de dotar de armas de fuego a los serenos de las municipalidades y de recortarles los derechos de circulación a los motorizados.
Viernes 18 de febrero de 2022 19:35
Ante el incremento abrumador de la desaprobación de la gestión presidencial, la cual en la ciudad de Lima – la más poblada del país – alcanza el 79%, mientras que en el resto del país este rechazo llegaría al 65%, el presidente Castillo y su entorno más cercano han optado por asumir posiciones populistas y reaccionarias que empalman con los posicionamientos de los sectores más conservadores del país.
En ese entender y ante el incremento de la percepción de inseguridad ciudadana que afecta fundamentalmente a la ciudad de Lima, Pedro Castillo anunció hace unos días atrás en un evento público realizado en el populoso distrito limeño de El Agustino, que él como presidente de la Republica estaría promoviendo acciones para que saquen a los militares de sus cuarteles y los pongan a patrullar las calles junto a la Policía Nacional.
“Pido al señor ministro del Interior que coordine con el Ministerio de Defensa no solamente para tener a la Policía, porque no todo es responsabilidad de la Policía. Vamos a sacar a las Fuerzas Armadas para combatir de una vez por todas al delincuente chico y al delincuente grande. No podemos frenarla de otra forma si no hacemos una tarea conjunta”, dijo el presidente Castillo portando en una mano un látigo con lo cual buscaba darle mayor énfasis a su propuesta de mano dura.
Cabe mencionar que, en la actualidad, ya la ciudad de Lima y Callao se encuentran en estado de emergencia por 45 días, lo cual, según lo manifiesta el decreto supremo que autoriza esta medida de fuerza, faculta a las Fuerzas Armadas para que pueden salir a las calles junto con la Policía Nacional y los efectivos de los gobiernos locales para detener y reprimir a quienes consideren que alteran el orden público.
En otro momento de su intervención en El Agustino, el presidente, quien en esta oportunidad llevaba un chaleco anti balas y venia rodeado de decenas de efectivos de seguridad, además de portar su ya mencionado “chicote” de rondero, dijo ante los medios de comunicación que le gustaría sumarse al operativo para “agarrar a los choros”, lo cual nos recordó por un momento la funesta campaña del fujimorismo “chapa tu choro y déjalo paralitico” o los operativos represivos de Daniel Urresti donde el ex militar, pistola en mano, se hacía ver como una especie de súper héroe urbano.
Estas declaraciones y las nuevas poses que viene asumiendo el presidente Castillo denotan entonces un alto interés efectista y populista, lo cual estaría orientado, como ya lo dijimos, a recuperar la aceptación popular que hoy le es muy esquiva al presidente y al conjunto del poder ejecutivo.
Sin embargo, todo ello choca con las evidencias empíricas ya que diversos estudios de casos han puesto en evidencia que la militarización de la seguridad ciudadana no resuelve los problemas relacionados al incremento de la inseguridad y de la delincuencia común, sino más bien, este endurecimiento de medidas se convierte en caldo de cultivo para la violación de los derechos humanos y otros abusos de autoridad que terminan por perjudicar el derecho a la libre circulación de las personas y al ejercicio de sus derechos democráticos, lo cual abona las derivas autoritarias de los gobiernos de turno.
El incremento de la delincuencia común no lo podemos entender correctamente sino tenemos una valoración integral de lo que pasa en nuestra sociedad y en el mundo, ya que existe una relación estrecha entre desempleo, migraciones, subempleo, pobreza y precariedad educativa y el incremento de la delincuencia y la inseguridad ciudadanía. Además de ello, no podemos perder de vista que, gran parte de la delincuencia común está asociada al delito del narcotráfico y la trata de personas, delitos que, como lo han demostrado también diversas investigaciones, gozan de la complicidad de altos mandos policiales y de algunos altos magistrados.
Para acabar entonces con las raíces de la delincuencia común, tenemos que acabar primero con las raíces de la desigualdad social, las cuales, como vimos, están directamente relacionadas a este sistema capitalista y a sus instituciones represivas y jurídicas.
Avanzar en ese camino no implica empoderar a instituciones como las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sino más bien pasa por confrontar hoy a los grandes empresarios nacionales y extranjeros y los planes de ajuste que se imponen desde el estado y que están orientados a recortar salarios a los trabajadores, reducir el presupuesto y la calidad educativa, precarizar el trabajo, promover el desempleo y los despidos masivos, eliminar los planes sociales relacionados a la vivienda, los servicios sanitarios y la salud, entre otros elementos que ayudarían a que muchos de esos jóvenes que hoy delinquen tengan una vida digna.
