Miles de trabajadores y trabajadoras de Telepizza ven como se perpetúa la precariedad laboral tras la última negociación del convenio, con el beneplácito de la casta sindical de CCOO y UGT. Mientras tanto, los directivos siguen amasando fortunas.
Martes 11 de abril de 2017
El presidente de Telepizza, Pablo Juantegui, en la Bolsa de Madrid. Foto: Reuters
Telepizza es una multinacional que en 2016 abrió 78 nuevas tiendas, con 1389 tiendas en total -454 propias y 935 franquiciadas- llegando a estar presente en 20 países, con sus últimas incorporaciones de Reino Unido, Suiza e Irán. Francia, será el nuevo objetivo a “conquistar” tras las últimas declaraciones de la empresa. Esta expansión está detrás de la salida a bolsa de Telepizza el año pasado.
Un negocio redondo que se puede ver en sus beneficios. En 2016, sus ventas crecieron un 7% hasta alcanzar los 517 millones de euros, con un beneficio neto de 10,7 millones de euros, mientras sus dueños siguen operando en paraísos fiscales, como las Islas Caimán, para evadir impuestos.
Ganancias a costa de los trabajadores y trabajadoras
Para el presidente de Telepizza, Pablo Juantegui, estos datos sitúan a Telepizza en “una sólida senda de crecimiento”. Especialmente para su propio bolsillo. El año pasado, Juantegui cobró nada menos que la friolera de 9,16 millones de euros (5,3 millones de euros en metálico y 3,8 millones de euros en acciones), lo que lo convierte en uno de los ejecutivos españoles mejor pagados. Esto no son datos de la CGT, sino una noticia publicada el 2 de marzo por el diario El Mundo.
Si el Presidente de Telepizza puede embolsarse casi 10 millones de euros en un año sólo puede explicarse por la explotación laboral de sus trabajadores: el salario anual de un auxiliar o un repartido es de 9.632 euros, es decir, Juantegui recibe 1000 veces más que un auxiliar o repartidor.
Si esto ya de por si es indignante, más lo es saber que con la última negociación del Convenio de Telepizza, firmado por la patronal y la burocracia sindical de CCOO y UGT, hemos vuelto a perder poder adquisitivo. Las ridículas “subidas” salariales pactadas en noviembre -del 1% en 2016 y del 0,6% en 2017 y 2018-, junto con un drástico recorte del plus de nocturnidad del 85%, significan un retroceso de nuestro salario. Estas “negociaciones” -si se pueden llamar así- no fijaron la “subida” salarial en función de las previsiones del IPC (índice que mide los precios de los productos), sino en base a la sed de ganancias de la patronal. Más aún, deben dinero a los trabajadores y trabajadoras. Entre 2010 y 2011 se firmaron subidas tan solo del 1,3% y del 1%, y entre 2012 y 2015 sufrimos congelación salarial. Tendríamos que cobrar incrementos salariales acumulados desde 2010 del 6,2%, y del 7,4% desde 2011. Pero la burocracia de CCOO y UGT no movió ni un pelo para que esto fuera así.
En 2017 todos los trabajadores y trabajadoras estamos sufriendo una subida de los precios del 3% en enero y febrero, pero la subida salarial pactada en nuestro Convenio es tan solo del 0,6%. Es decir, que los trabajadores de Telepizza hemos perdiendo poder adquisitivo, cuando los burócratas de CCOO y UGT ya lo sabían. Esa situación es la que viven cientos de miles de trabajadores, como los compañeros y compañeras de telemarketing, que vienen de sufrir una traición descomunal en la negociación de su convenio.
Los jerarcas sindicales atornillados hace años a sus sillones nos dirán que este ha sido “un gran acuerdo” y que ellos no dependen las subidas o bajadas de precios. Nosotros les respondemos que evidentemente no, pero lo que sí depende de ellos es imponer por la movilización un salario que esté por encima del nivel de los precios y defender los salarios y las condiciones de vida de sus afiliados. Si no están dispuestos a luchar por nuestros derechos, entonces que se vayan y dejen paso a quienes si quieran luchar.
Contra la escandalosa firma del nuevo convenio de Telepizza, que perpetúa la precariedad laboral y los bajos salarios, desde CGT Telepizza peleamos por el derecho democrático de los trabajadores y trabajadoras a decidir su propio futuro con un referéndum vinculante y secreto sobre el Convenio.
