Una expresión de la irracionalidad de responder al problema habitacional con represión. El proyecto Ley de Presupuesto 2021 prevé destinar cuatro veces más al pago de la deuda externa que a la construcción de hogares para las familias sin techo. Los números muestran las prioridades del Gobierno.

Matías Hof @HofMatias
Martes 29 de septiembre de 2020 00:24
Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires declaran que el desalojo, por parte de la policía, de las familias que están luchando por vivienda en Guernica es inamovible para este jueves primero de octubre, sin otorgar ninguna solución a los más de 3.000 niños que se quedarían sin techo. Un ejemplo claro de la política del Gobierno a la crisis habitacional, a la demanda de una casa para vivir la respuesta es más represión. En el presupuesto nacional para el 2021 esta determinación queda a la vista, lo destinado a la vivienda es la mitad que para la partida de Defensa y Seguridad. Si la comparamos con los pagos para los acreedores de la deuda la diferencia es todavía mayor, sólo uno de cada cuatro pesos irían para la construcción de viviendas.
Según el Censo Nacional de 2010, el déficit habitacional alcanzaba a 3,5 millones de viviendas: comprendía 1,3 millones de viviendas faltantes y 2,2 millones de viviendas que no proveían a quien la habitaba las condiciones mínimas para mantener un nivel de vida digno. Y la tendencia era hacia el empeoramiento de la situación, entre 2001 y 2010 las familias sin un techo para vivir crecieron un 44% (por la imposibilidad de realizar el censo este año no hay datos más recientes, pero es probable que no haya dejado de aumentar).
Según un informe de la secretaría de vivienda del 2019 como mínimo el Estado debería realizar 200.000 respuestas habitacionales por año para poder cubrir las necesidades. Entre 2003 y 2011, bajo los gobiernos de los Kirchner, con la economía impulsada por un contexto internacional favorable no se llegaron a construir 40.000 viviendas por año en promedio; durante la presidencia de Mauricio Macri el promedio no sobrepasó las 30.000. Con el presupuesto destinado para el 2021 podemos estimar que los resultados obtenidos serán similares a los de los gobiernos que lo antecedieron.
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No alcanza con poner los ladrillos, para dar solución a la crisis habitacional también es necesario hacer llegar los servicios públicos a todos los barrios. Según el Registro Nacional de Barrios Populares existen 4.416 urbanizaciones precarias en todo el país en las cuales el 93,81% de los hogares no cuenta con acceso formal a la red de agua corriente y el 98,81 % no cuenta con acceso formal a la red cloacal. Esto no es casualidad el presupuesto destinado agua potable y alcantarillado tiene una jerarquía aún menor que el de vivienda. Para el 2021 es casi cinco veces menor que el destinado a la deuda externa.
Como vemos el problema de la vivienda es estructural como consecuencia de la decisión política de los distintos Gobiernos de no darle prioridad a buscar una solución. Alberto Fernández viene a continuar esta política y por eso la lucha por vivienda digna se seguirá multiplicando por más que busquen detenerla con las balas y los palos.
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