Seis meses de Macri. El primer semestre de Cambiemos en el Congreso

Mauricio Macri arrancó su gestión a decretazo limpio, contradiciendo rápidamente sus lemas de campaña sobre el respeto a las instituciones y la necedad de fortalecer “la república”. Desde el 10 diciembre hasta bien entrado marzo no sólo el Congreso se mantuvo virtualmente cerrado sino que Macri se dedicó a gobernar por la forma más unilateral de todas, los decretos y los “decretos de necesidad y urgencia” y aprovechar ese período para realizar una enorme transferencia de ingresos hacia los más poderosos: el agronegocio, las mineras, las empresas petroleras.

Recién se acordaron los republicanos de Cambiemos (PRO, radicalismo y Coalición Cívica) de abrir el Congreso cuando tuvieron que votar la fenomenal y escandalosa entrega a los fondos buitre. Ahí sí rápidamente pusieron en marcha el mecanismo parlamentario en Diputados y en el Senado para sacar en tiempo récord la ley que le exigían los holdouts. Por eso les recordamos que ellos cuando eran oposición denominaban el Congreso como la “escribanía K”, y que esta vez la escribanía ponía el sello a las exigencias imperiales que encarnaba el juez Griesa. Desde el FIT fuimos la cabeza de la denuncia contra “la Escribanía de Griesa” y no nos cansamos de denunciar la entrega que implicó ese pago que votaron muy contentos no sólo los diputados de Cambiemos y sus aliados como el GEN y el Socialismo, sino también el bloque de Sergio Massa y el de Diego Bossio. El recuerdo de los mates fríos y los sanguchitos a cambio de favores parlamentarios sobrevoló el recinto de la Cámara de Diputados junto con la enorme denuncia de la izquierda, no sólo a los que votaron la ley sino a los que embanderaban con el discurso de la Patria como el bloque del Frente para la Victoria, pero en el Senado le votaban sin chistar la ley para congraciar a los chupasangres del pueblo. Una división de tareas objetiva entre el FpV de Diputados y el Senado que no fue ni será la excepción.

La contracara brutal de lo expeditivo que fue el procedimiento para hipotecar el futuro hasta de nuestros nietos con el pago a los holdouts, fue la negativa al tratamiento de cualquier iniciativa para frenar el ajuste y en particular los despidos.

Insistentemente exigimos estos meses sesiones especiales para conseguir una ley antidespidos que fuera un punto de apoyo para la lucha de todos aquellos que estaban sufriendo los despidos, tanto en el ámbito privado como en el estatal. Lo dijimos en las sesiones, en las comisiones, en cada marcha o acción de los trabajadores en las que participamos, ante las cúpulas sindicales que vinieron al Congreso a ser parte del show, pero que nada hicieron para que la ley pudiera imponerse, mientras dejaban pasar sin lucha decenas de miles de despidos en todo el país. Ese derrotero de dilaciones, negociaciones y traiciones fue el que dio más fundamentos al final anunciado del veto de Macri para la única ley que salió del Congreso que tiene que ver con las necesidades populares.

Tampoco hubo lugar para discutir el escándalo de los Panama Papers, el golpe institucional en Brasil, el boleto educativo gratuito, el brutal tarifazo en curso o las urgentes medidas que se necesitan contra la violencia machista, como insistimos en cada sesión. Siempre las mayorías parlamentarias actuaron para impedir que las necesidades del pueblo trabajador se discutan en ese recinto.

El broche de oro de estos seis meses fue la votación en la última sesión de un paquete de leyes que aumenta los mecanismos de control social y represión sobre los trabajadores y el pueblo pobre, y, particularmente, sobre los que ejercen su derecho a la protesta y salen a las calles a reclamar por sus demandas. Como dijimos, el ajuste no pasa sin represión y la llegada de estas leyes fue parte de ese objetivo: blindar el ajuste en curso.

En síntesis, en estos seis meses sólo se pudo discutir una agenda que favorece a los dueños del país y a los buitres, ajuste y migajas para las clases populares y un fortalecimiento del aparato represivo, mientras que cuando salió una ley que podía ser un punto de lucha para los trabajadores contra los despidos, por ejemplo, el presidente la vetó sin más utilizando el más monárquico de los recursos.

Las fuerzas políticas ya se alinearon en el Congreso. Desde Diputados, Sergio Massa y su bloque decidieron dejar el cacareo para los debates televisivos. Como hacen en la provincia de Buenos Aires, cogobiernan con Cambiemos. Las fuerzas progresistas no kirchneristas están completamente en crisis atrapadas por un discurso social que les quedó viejo porque apoyan por acción u omisión todas las trapisondas de un gobierno conservador como el actual. Y el PJ-FpV, como decíamos antes, se desgrana en internas pero a la hora de elegir siempre optan por la “gobernabilidad” apoyando las reaccionarias medidas de la alianza Cambiemos. En Diputados se permiten ser opositores a Macri y en Senadores, donde son portadores de la mayoría necesaria para aprobar las leyes, le garantizan que cada una de las normas reaccionarias se apruebe. El Partido de los Gobernadores no quiere enfrentar al macrismo. Claro, ¿qué diferencias sustanciales entre ellos y nosotros hay, se preguntarán, no?

Nuestro compromiso y el de todas las bancas del FIT sigue siendo ofrecerlas como un puesto de lucha, un lugar para amplificar y acompañar efectivamente las peleas de los trabajadores y el pueblo pobre y denunciar la política y los negocios de la clase capitalista y su casta de políticos a su servicio. Por eso peleamos porque la voz de las mujeres y los jóvenes se escuche en ese recinto, donde la mayoría entra arrollidado.