El estudio sobre asentamientos realizado por la ONG “Techo” presenta una realidad dramática en relación al acceso a la vivienda, especialmente en los sectores más pobres de la población. 15 años de gobiernos frenteamplistas (y casi 30 años en Montevideo) no han cambiado la situación en lo más mínimo.
Miércoles 6 de marzo de 2019
La investigación difundida a mediados de febrero por la ONG Techo (ex “Un techo para mi país”) revela la grave situación existente en relación al acceso a la vivienda y el número muy significativo de asentamientos precarios.
Según los datos que surgen del informe existen en el país alrededor de 60mil viviendas en más de 600 asentamientos irregulares, donde viven aproximadamente 250mil personas.
Casi la mitad de sus habitantes son niños, niñas y adolescentes menores de 20 años y de acuerdo a los datos de Primaria, uno de cada 5 niños vive en asentamientos.
El 82% de esas viviendas se concentra en 3 departamentos: En Montevideo (donde gobierna el FA desde el año 90) están el 60% de ellos o sea 346, seguido por Canelones con un 14% (120 asentamientos) y Artigas con un 6% (35). Este último es un dato que llama la atención ya que mientras Artigas se ubica en el lugar décimosegundo por su cantidad de población, se encuentra en tercer lugar por la cantidad de viviendas en asentamientos que tiene.
La comparación con los resultados del censo del 2011 revela, que luego de una leve baja, la cantidad de asentamientos ha vuelto a subir, acercándose al número existente en el año 2006 (prácticamente el comienzo de la gestión frenteamplista del gobierno nacional).
La política de vivienda del Frente Amplio
En esta problemática los datos de la realidad muestran como casi 15 años de gobierno frenteamplista han sido una continuidad de la política que llevaron adelante los partidos tradicionales durante décadas.
Inclusive se ha afianzado una mirada neoliberal que entiende el acceso a la vivienda como una mercancía sujeta a la lógica de la oferta, la demanda y la especulación y no como un derecho humano fundamental.
La ganancia y el lucro privado son los que actualmente regulan el sistema y el que termina definiendo es el mercado. Con esta visión se ha dado vía libre para que empresarios hagan grandes negocios a través de la gentrificación de grandes zonas de Montevideo acompañados de exoneraciones y subsidios a las grandes constructoras para que puedan tener mayores ganancias. A la par, el precio de la vivienda en compra o alquiler está por las nubes e inaccesible para el promedio de los uruguayos.
También del censo del 2011 surge el dato de la existencia de más de 40mil viviendas en desuso o abandonadas, lo que pone en evidencia la gran contradicción existente entre el importante déficit habitacional y la cantidad de viviendas en las que no vive nadie; una consecuencia de las lógicas del libre mercado y la especulación que imperan en este terreno y que se continúan con el Frente Amplio en el gobierno.
Muy atrás quedó la demagogia de un Mujica que prometía erradicar los asentamientos en poco tiempo y no cumplió ni siquiera con el número de viviendas que había prometido construir. Con un déficit habitacional de unas 80mil viviendas se destina un escasísimo 0,5% del PBI mientras que para el Antel Arenas se destinaron tres veces más recursos que para la construcción de viviendas.
Por otra parte, el dinero que el gobierno destinará a obras al servicio de la construcción de UPM2 alcanzaría para construir unas 80mil viviendas; es decir terminar con el déficit habitacional, dando a la vez trabajo a 10000 trabajadoras y trabajadores, contra los 500 que generará la pastera finlandesa.
El problema de los asentamientos y la falta de acceso a la vivienda no se pueden analizar aisladamente. Esta situación es consecuencia de la pobreza y la exclusión que continúan afectando a grandes sectores de la población. La falta de empleo, el trabajo precario y muy mal pago son las condiciones estructurales que favorecen la marginación social y la falta de acceso a vivienda digna.
En este sentido el Frente Amplio no ha revertido el proceso de concentración de riqueza y desigual distribución; como mucho, y con una coyuntura económica internacional muy favorable por el alto costo de las materias primas que el Uruguay exporta, retrotrajo la situación a las cifras de antes de la crisis del 2002; pero en lo fundamental el modelo es una continuidad con el que implementaron blancos y colorados. Ahora que soplan vientos de crisis y la situación internacional tiende a empeorar los candidatos del Frente Amplio así como los de los partidos tradicionales anuncian nuevos ajustes y mayor austeridad. Las consecuencias las sufrirán nuevamente los trabajadores y los sectores populares.
Para resolver realmente el problema de la vivienda hay terminar el negocio inmobiliario y con este modelo de gestión capitalista que lleva el Frente Amplio, dejando de pagar la deuda externa y de subsidiar a los empresarios.
Es necesario un plan de viviendas populares administrado por los trabajadores en base a impuestos al gran capital y la vivienda ociosa que se usa para especular.
