Viernes 12 de septiembre de 2014
El presidente Juan Manuel Santos enfrenta en estos primeros meses de su segundo mandato, una importante contradicción. A excepción de las gestiones en torno al denominado “proceso de paz”, los demás aspectos de su gobierno no cuentan con la aprobación de la mayoría de los colombianos. Según la encuesta Gallup el 49% de los encuestados directamente desaprueban su gestión. Santos se aferra al “proceso de paz” como una soga que le permita revertir el limitado apoyo con el que cuenta su gobierno. En las últimas semanas, el mandatario se encargó personalmente de transmitir “los beneficios” de un eventual “triunfo” de su política, a varias sedes militares, círculos empresariales e instituciones educativas.
En todo sentido, las negociaciones en la Habana, se han convertido en un aspecto clave para el gobierno, un caballito de batalla para intentar fortalecer su gestión, con miras a lograr un proyecto de reconciliación nacional, en el que busca instalar la política de los “dos demonios”, equiparando las acciones de los grupos combatientes con la intervención de todo el aparato estatal, político militar y paramilitar colombiano, para cubrir con un manto de impunidad este verdadero genocidio de Estado que ha sufrido el pueblo colombiano durante décadas, siempre con el apoyo incondicional de su socio, EEUU.
Los diálogos de paz, y particularmente el “capítulo víctimas”, que se está desarrollando en estos momentos en La Habana, no están libres de tensiones. Las FARC emitieron en los últimos días un comunicado - del que posteriormente retrocedieron y atribuyeron su autoría a una sola de sus combatientes-, en el que se desconocía a Clara Rojas e Ingrid Betancourt como víctimas del conflicto, hecho que terminó con la renuncia de Rojas al proceso de negociación. Santos preocupado, retomó la iniciativa en su “campaña por la paz”, para poner paños fríos sobre el revés político, y este martes 9 de septiembre se concretó el viaje del segundo grupo de víctimas a La Habana para continuar los “diálogos”.
Los paramilitares quieren ser invitados a la mesa de las víctimas
No es casual, que en los últimos días de agosto, el principal referente de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el paramilitar Salvatore Mancuso, haya elevado, junto a Edward Cobos, también de las autodefensas, una carta al gobierno “implorando” participar del proceso de paz en La Habana, no para confesar las atrocidades que cometieron contra miles de trabajadores, campesinos, movimientos sociales e indígenas en todos estos años, sino que piden ser parte “en calidad de víctimas” de las FARC y el ELN.
Las AUC, que hoy piden ser reconocidas como “víctimas”, cometieron, según los datos que revelara la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, la aberrante cifra de 173.183 asesinatos. La investigación realizada por las fiscalías para la justicia, denunció a su vez la relación estrecha existente entre el paramilitarismo y 429 funcionarios y representantes del poder político en Colombia, -esto, además de toda la colaboración directa que recibieron de las Fuerzas Armadas y la policía-, a confesión, de, entre otros, el propio Mancuso.
Por ninguno de estos crímenes de lesa humanidad fueron condenados ni Mancuso, ni Cobos, ni ninguno de sus socios político-militares, pues lograron ampararse en la figura otorgada por EEUU para ser juzgados en ese país, únicamente por narcotráfico.
Amenazan a defensores de Derechos Humanos
Durante el gobierno del derechista Álvaro Uribe, los grupos paramilitares fueron supuestamente “desmovilizados”, sin embargo, además de la impunidad que los acoge, sus prácticas siguen activas en la persecución de sindicalistas, trabajadores, estudiantes, indígenas y figuras de derechos humanos, que incluyen a quienes están participando actualmente en las “negociaciones de paz”. Este martes 9 de septiembre, 91 defensores de DDHH, recibieron amenazas de muerte por parte del grupo paramilitar Águilas Negras, quienes los señalan como “objetivos militares” por considerarlos “guerrilleros comunistas”. Esto se suma al asesinato de una dirigente sindical del sindicato de petroleros a manos de sicarios a fines de agosto, el mismo método empleado por los paramilitares que actuaron durante años en convivencia con el gobierno, el ejército y los empresarios.
