La oleada de ataques a la educación pública continua para el próximo curso. El gobierno de Ayuso recorta en docentes mientras sigue financiado la privada. Los sindicatos denuncian, pero no preparan un plan de lucha.
Lunes 1ro de agosto de 2022
Las escandalosas políticas liberales que desmantelan la educación pública prosiguen, como un sacrificio ritual al Dios Dinero. Y sería un tema aburrido y recurrente, casi como una cantinela ya sabida, si cada nuevo ataque al sector público no fuese un paso más a la construcción de una red privada que sólo tendrá una conclusión: que cada vez más sólo los pudientes puedan ocupar puestos de especialista y el resto tengan una educación básica que les sangre tanto el espíritu como el bolsillo.
En Madrid, nuevamente, quién encabeza este ataque es Ayuso. Provisionalmente, para el próximo curso, a pesar de un crecimiento del 1,6% de alumnos matriculados (algo menos de 5.000), la Consejería de Educación ha recortado en plazas y habrá 1.200 puestos menos, si sumamos vacantes en troncales y optativas menores. Los que salen peor parados a nivel aritmético son matemáticas (que pierde un 25% de las plazas para interinos), seguida de lengua (16% menos). Estos porcentajes se elevan en el caso de especialidades, aunque suponga aritméticamente una cantidad menor de plazas perdidas (en el caso de Filosofía hablamos de una pérdida del 65% de las plazas).
Esta reducción de plazas es un plan que ya se preconizaba en el curso anterior, cuando la Comunidad de Madrid cerró 233 aulas, eliminando 6.200 plazas y comenzando el curso con 5.000 docentes menos. Por tanto, no podemos creernos las palabras de Enrique Ossorio, consejero de educación en Madrid, quien declaró en una entrevista que siempre terminan saliendo más plazas y que siempre se dicen este tipo de mentiras antes del inicio de curso. Cierto que la administración es lenta y siempre pueden surgir vacantes de última hora, pero el hecho es que no compensas lo perdido. Hablamos de unas decenas de vacantes consecuencia de la torpeza burocrática frente a los miles de plazas perdidas por las políticas neoliberales de la consejería.
El plan de Ayuso en la Comunidad de Madrid es parejo al que ya hiciera Aguirre en los 2000. Su Ley Maestra da buena cuenta de ello, con la equiparación de los centros privados y públicos a la hora de recibir financiación, con los contenidos ideológicos propios de la España franquista. Sin embargo, en lo político-económico lo vemos más claramente en la política de becas en la Comunidad de Madrid.
Impulsado por el consejero Ossorio, quien declaró que una familia de clase media es aquella que ingresa 144.000 euros al mes, se procedió a conceder beca de bachillerato a familias pudientes para que pudieran pagarse estudios en centros privados. Bajo la bandera de la igualdad y la libertad, el gobierno de Ayuso financia la privada y concede subvenciones a las familias más pudientes al ampliar hasta esas cifras el requisito de ingreso. ¿El resultado? Se estima que el próximo curso el 60% de los presupuestos educativos irán a la privada. Y es que, de hecho, los números salen: el recorte de docentes supondrá un ahorro estimado de 40 millones de euros, y la desviación de becas de bachillerato supondrá un coste de 43.5 millones.
Esta forma clasista de administrar el erario público para favorecer a las clases con altos ingresos se hace todavía más patente si analizamos cada especialidad y los recortes en las plazas: las más afectadas son el DAT sur, el centro y el este, donde se sitúan las localidades y barrios más empobrecidos de Madrid, mientras que el norte y el oeste mantienen prácticamente la misma proporción. En las zonas donde hay más poder adquisitivo los recortes han sido nimios, mientras que en barrios como Vallecas y Orcasitas, o en localidades como Getafe o el corredor de Henares, donde la clase obrera e inmigrantes es mayor, así como la densidad demográfica, son el epicentro de la pérdida de plazas.
Y hemos dicho que la encabeza Ayuso pero la responsabilidad de esta reducción drástica de docentes no se debe sólo al gobierno regional. Tanto el recorte de docentes como la vía abierta para especular con la Educación es una concesión de la ley educativa del PSOE apoyada por UP. La LOE fue la ley que aprobó el PSOE que hacía posible la financiación de la privada y la Lomloe no revierte ni fortalece el sector público. De hecho, es una restitución más dura del modelo competencial y concertado que ya buscara el PSOE de González.
Esta ley, además, recorta y modifica las horas de enseñanza. Esto es particularmente lesivo en las humanidades, ya que el espíritu de la Lomloe es un retroceso a una educación, podríamos decir, decimonónica: los trabajadores deben aprender lo justo y necesario para ser dóciles a las empresas y tener conocimientos técnicos para llevar a cabo su función en educación, dejando las humanidades para quien pueda permitirse invertir dinero y tener tiempo de ocio para tales cotas de la alta cultura. La Lomloe potencia el conocimiento técnico y empresarial más que las humanidades, el pensamiento crítico o alternativo a la ideología imperante.
De ahí que el recorte de horas no haya sido solamente una decisión de Ayuso para ahorrar dinero, precarizar aún más la plantilla pública y desviar dinero a la privada. También se debe a la reestructuración pedagógica de la Lomloe que elimina muchas horas lectivas en diversos departamentos. Y no se trata de apuntar siempre hacia arriba, pero está claro que una política neoliberal del gobierno central fomenta políticas neoliberales en la administración regional. En última instancia, el recorte en docentes y las subvenciones a la privada que hacen Ayuso y Ossorio están concedidos por el Gobierno progresista.
Haría falta, por tanto, una respuesta de los centros públicos a esta política, tanto a su concreción autonómico como a su marco estatal; una respuesta que debe ser organización y lucha en los centros y en las calles. Sin embargo, la tercera pata que sostiene estos ataques a la educación son los mismos que dicen estar en contra: las burocracias sindicales.
Ante el recorte de docentes, los sindicatos corrieron a denunciar y a lamentar la política del gobierno autonómico. En sus declaraciones no hay ni un pobre análisis que critique a su vez la ley del PSOE.
¿Alguien pensaba lo contrario cuando fueron ellos quienes firmaron la nueva reforma laboral y llaman constantemente a la desmovilización? La excusa a corto plazo es que es verano, pero es una obviedad que esta situación se veía venir y que, ni durante el curso anterior plantearon la necesidad de una lucha organizada ni tampoco la están organizando para el próximo curso.
No obstante, el paso previo de esta organización por la recuperación de horas, para una planificación de currículo en el que las empresas no tengan mano y la fijeza para los interinos en puestos estables y bien remunerados pasan por una coordinación y unión de la clase trabajadora en los centros, tanto docentes como de resto de trabajadores de educación (conserjes, monitores de comedor, etc.) junto a los estudiantes.
Esta respuesta, que defienda con fuerza una perspectiva obrera de la educación, debe darse a través de un frente único de los sindicatos y sus bases para arrancar esos derechos a los gobiernos de derechas y falsamente progresistas. Pero es ésta una perspectiva que ningún sindicato ha esbozado, ni siquiera la “izquierda sindical”. Es ésta una perspectiva que los trabajadores en educación deben forzar a adoptar a sus propias organizaciones.
