El proyecto “Puente al empleo” fue presentado por el presidente de la Cámara de Diputados. Reduce las cargas patronales y otorga otros beneficios a empresarios.
Viernes 8 de octubre de 2021 19:24
Sergio Massa presentó este jueves el proyecto Puente al trabajo. El mismo, según su propia presentación, busca crear una transición entre los actuales planes sociales y lo que llama empleo genuino.
La presentación tiene lugar en el marco de la campaña electoral y no puede ser separado de la misma. Faltando poco más de 30 días para las elecciones generales, el Frente de Todos intenta atraer una porción de votantes apelando a las promesas de campaña. De hecho, el proyecto tiene pocas posibilidades de llegar al recinto de la Cámara Baja antes de las elecciones del 14 de noviembre. Eso hace aún más complejo que pueda ser tratado en el Senado.
El proyecto tampoco puede ser separado de las discusiones que cruzan la escena política nacional en relación a la creación de empleo, así como en relación de los reclamos de las organizaciones de desocupados y los movimientos sociales por la continuidad y ampliación de diversos planes. Todo con el trasfondo de una crisis social y económica aguda que padecen millones. El repudio a esa situación fue precisamente lo que encontró expresión en las urnas.
¿Cómo es el proyecto de Massa?
Puente al empleo se presenta como una vía para garantizar la conversión de planes en empleo genuino, según las declaraciones de su presentador.
Sin embargo, la primera medida que aparece mencionada en el articulado es un beneficio sectores empresarios. En su artículo 3° establece que la posibilidad de la Reducción de hasta el CIENTO POR CIENTO (100%) de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino para las relaciones laborales que se inicien e incrementen la nómina laboral por cada empleador o empleadora a partir de la entrada en vigencia de la presente ley y que -de corresponder- conviertan, de manera gradual y con un criterio federal, a los planes, programas sociales y prestaciones de la seguridad social en trabajo”.
Es decir, la norma establece un incentivo -que podría terminar desfinanciando al Anses- para que las patronales contraten a trabajadores y trabajadoras que cobren planes sociales.
Además, la norma establece en el mismo artículo que las empresas podrán “acceder a un esquema de protección y regularización de situaciones laborales precarias, permitiendo acceder a beneficios en los términos y condiciones que establece el Capítulo II del Título II de la presente ley”.
Este beneficio, se señala más abajo, aparece de manera “complementaria”. Se trata de un mecanismo de blanqueo de relaciones laborales. Una ventaja para empresarios que hoy mantienen a sus trabajadores en condiciones de informalidad, sin acceso a obra social y jubilación.
Sin embargo, esta parte de la norma establece un límite que puede perjudicar al trabajador o trabajadora que se hallaba en la informalidad. El proyecto plantea "los trabajadores y trabajadoras incluidos en la regularización prevista en el régimen tendrán derecho a computar hasta SESENTA (60) meses de servicios con aportes o la menor cantidad de meses por la que se los regularice". Es decir, si un trabajador estuvo, por ejemplo, 8 años en la informalidad, solo se le reconocerán 5 años para la regularización.
La norma garantiza la posibilidad de que quienes reciban planes sociales actualmente puedan mantenerlos en el tiempo mientras se integran a algún empleo. Establece en el artículo 5° que “los y las titulares de programas sociales y de empleo nacionales vigentes -o que se instituyan en un futuro- que sean contratados o contratadas en el marco del Programa “UN PUENTE AL EMPLEO” y que cumplan con la capacitación y los cursos de formación que se establezcan, podrán seguir percibiendo los beneficios y prestaciones que otorgan dichos programas por un plazo máximo de hasta DOCE (12) meses”.
El proyecto fue presentado por Massa como "un camino virtuoso para la transformación de los planes sociales en empleo genuino y de calidad" pero en la letra del proyecto la fórmula que puede encontrarse es vieja y conocida: beneficios para las patronales y reducciones de impuestos que nunca han resultado en la generación de puestos de trabajo, sino en mecanismos que permiten un mayor margen de ganancia para los empresarios.
Este proyecto con beneficios para los empresarios se inscribe dentro de un debate más de fondo, en el cual también desde distintos sectores piden una reforma laboral.
En lo que coinciden estas diversas variantes es en la necesidad de beneficiar a los empresarios y atacar derechos de los trabajadores bajo el discurso de que así se generaría más trabajo. Esto se ha demostrado falso a lo largo de distintas experiencias históricas y actúa como un intento de generar consensos favorables a las clases dominantes. Muy por el contrario, desde el Frente de Izquierda Unidad se plantea la única solución de fondo posible para el problema del trabajo: reducir la jornada laboral a seis horas diarias, cinco días por semana, con un salario que como mínimo cubra la canasta familiar. Es una respuesta de fondo para el problema tanto de la desocupación como de la precarización laboral, que busca aprovechar los avances tecnológicos para las necesidades de las grandes mayorías y no para el beneficio de unos pocos.
