Criminalización de la protesta. El reaccionario fallo del poder judicial en contra de seis manifestantes en la SCJ de 2013

Por febrero de 2013 la reaccionaria Suprema Corte de Justicia, decidió en su defensa de la impunidad de los genocidas de la dictadura, trasladar a la jueza Mariana Mota de la órbita penal a la órbita civil. En esa época dicha jueza tenía a su cargo múltiples causas de violación de los DDHH cometidos por la dictadura, por lo que dicho traslado era claramente una maniobra política para congelar las causas de DDHH que se habían podido abrir hasta ese momento.

En protesta ante tamaña decisión miles de manifestantes concurrieron hacia la SCJ para repudiar dicha decisión, convocados por el Pit-Cnt, FEUU, Crysol, Familiares y otras organizaciones. Protesta que fue respondida con represión mediante un desalojo violento, para posteriormente iniciar una caza de brujas selectiva en contra de determinados manifestantes, reconocidos militantes sociales y de los DDHH.

Fueron siete los manifestantes perseguidos por la acusación del fiscal de la época, el ahora diputado del partido Colorado Gustavo Zubía, por el delito de asonada.

Dicha persecución no quedó impune y tuvo como respuesta diversos actos de repudio y resistencia ante la ofensiva reaccionaria. Muchos de los que integramos hoy día La Izquierda Diario Uruguay, pusimos lo que estaba a nuestra mano para solidarizarse con los/as compañeros/as perseguidos. Desde la Agrupación Universitaria Tesis XI de Facultad de Humanidades en 2013, nos pusimos a disposición de los compañeros perseguidos y organizamos una campaña en su defensa y de denuncia a los aparatos represivos que estaban en febril actividad en ese momento. Organizamos el Foro Contra la Impunidad al que asistieron más de 130 personas y que contó, además de la presencia de varios de los siete compañeros procesados, de importantes figuras de los DDHH como Victoria Moyano Artigas (hija de desaparecidos uruguayos y nieta recuperada, militante del CEPRODH y el PTS de Argentina), Norma Morroni (activista de DDHH y madre de uno de los asesinados en la marcha del Filtro en 1994), Baldemar Taroco (ex preso político y dirigente de CRYSOL), Roger Rodriguez (periodista e investigador de DDHH), entre otros.

Algunos años después en 2015 hubo un fallo de la SCJ a favor del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por los abogados defensores.

Te puede interesar: Uruguay: declaran inconstitucional el proceso a siete militantes sociales

Los protectores del terrorismo de Estado vuelven a embestir

Ahora en las últimas horas se dio a conocer un fallo del poder judicial procesando a seis de estos manifestantes esta vez por Atentado Especialmente Agravado por los mismos hechos.

De acuerdo al comunicado público firmado por los propios perseguidos, Irma Leites, Jorge Zabalza, Álvaro Jaume y otros tres militantes son los manifestantes procesados por dicho supuesto delito.

Desde la Izquierda Diario Uruguay nos solidarizamos con las y los manifestantes procesados y repudiamos estos intentos de criminalización de la protesta.

Esta repentina ofensiva contra los manifestantes no es inocente, sino que está de acuerdo con la política del gobierno de Lacalle Pou de criminalizar la protesta y las medidas de lucha de los sectores populares, como se puede ver claramente con la LUC como con el ataque al derecho de huelga, entre otras normas autoritarias.

Te puede interesar: Grave: Fiscalía reabre persecución contra los siete manifestantes en SCJ de 2013

Sumado a intentos de avance de la impunidad con el proyecto de ley de Cabildo Abierto que intenta otorgarles la prisión domiciliaria a los genocidas que aún no gozan de ese privilegio y que también, va en consonancia de la carta encabezada por la “intelectual” ultraderechista Mercedes Vigil que presenta como mártires de la “democracia” a los mismos genocidas presos en la cárcel de Domingo Arena y pide a Lacalle Pou por su liberación.

Pero también es responsabilidad de los anteriores gobiernos frenteamplistas, que legitimaron estos ataques reaccionarios y en muchos casos incrementaron las herramientas legales y materiales (fortalecimiento de la policía y el aparato de espionaje) que hacen posible esta persecución estatal del gobierno derechista.

La reactivación de este caso es una grave amenaza contra los intereses y derechos de los organismos de derechos humanos, las organizaciones de trabajadores, estudiantiles y populares en general. Esta decisión judicial merece un contundente repudio generalizado, empezando por las organizaciones convocantes para aquella manifestación en 2013, como el Pit-Cnt, la FEUU y demás organizaciones.

Que quede claro: todo esto son una serie de acciones contra todxs lxs que luchan por verdad y justicia y un intento de amedrentar a lxs que siguen reclamando que los genocidas vayan presos y se continúe la lucha contra la impunidad.

Esta escalada de ataques del gobierno de Lacalle Pou es una clara advertencia que muestra la creciente necesidad de la lucha unida y en las calles de los trabajadores y diversos sectores populares, para pararle la mano a esta ofensiva derechista del gobierno.

Como dijo Victoria Moyano Artigas en el citado Foro de 2013, “...hay una avanzada contra todo aquel que lucha contra la impunidad de los crímenes en la dictadura y en democracia, contra la juventud pobre, contra los trabajadores de izquierda que se organizan y luchan en procesos antiburocráticos, como los docentes y otros luchadores. Esto debe ser una lucha de todos, porque luchar por estos compañeros ahora es luchar por nosotros mismos también”. Y llamó a unirse en las calles para enfrentar esta ofensiva y acabar de una vez por todas con la impunidad en Uruguay.

¡Abajo la persecución política reaccionaria de la SCJ y de los políticos que actúan junto a ellos!

¡Memoria, Verdad y Justicia!