Ajuste. El recorte del Presupuesto Universitario, de Macri a Fernández

El recorte por la vía de la inflación ya se cobró un 34% del presupuesto en los últimos cuatro años. Con la pandemia y la virtualidad se profundizó el ajuste trasladando múltiples tareas abordadas directamente desde el bolsillo de los docentes y estudiantes. La contracara son los pagos al FMI que desde que asumió Alberto Fernández en diciembre de 2019 ya equivalen a 1,6 veces el presupuesto universitario.

El artículo 12 del proyecto de Ley de Presupuesto 2022 que presentó el Poder Ejecutivo al Congreso determina una asignación de $ 335.770 millones a Universidades Nacionales. En el detalle de la planilla anexa al artículo 12 se ve cuánto corresponde a cada universidad.

Con base en la inflación que proyecta el propio presupuesto diseñado por Martín Guzmán de 33 % el año que viene, el ajuste en 2022 alcanzará a 4,7 %, pero si se confirma la hipótesis de una inflación esperada en torno al 46% (REM-BCRA), el recorte proyectado alcanzará al 9 % en términos reales.

Se trata de un nuevo ajuste sobre las universidades nacionales y la educación superior. Considerando una serie larga de ejecución presupuestaria de universidades desde el año 2012, se observa que el poder de compra real del presupuesto universitario se encuentra 30 puntos por debajo del que había hace 10 años atrás, y el año siguiente estaría al menos unos 35 puntos por debajo.

Los años 2018, 2019 y 2021 fueron los de mayor ajuste, al que se agrega ahora el que planifican ejecutar en el año 2022.

Inconsistencias deliberadas

A ello debe agregarse que el borrador de Presupuesto 2022 presentado por el ministro Martín Guzmán presenta tres datos distintos del Presupuesto Universitario, dos en las planillas anexas y uno tercero distinto en el mensaje del Presupuesto. Sí, tres datos diferentes, escuchó bien.

Todos los años surgen estas inconsistencias -no casuales- que responden a tener un margen para negociar con los rectores radicales -aliados al PRO- y del PJ, la distribución arbitraria de fondos que se terminan discutiendo a espaldas de docentes, no docentes y estudiantes.

Se trata de una confusión deliberada, para guardarse un margen de negociación con los rectores, que alcanzaría a $ 75.000 millones si se compara con el dato de $ 410.701 millones en el Mensaje del proyecto de ley, ni más ni menos. Incluso no hay claridad sobre la asignación específica de esos fondos, ya que no está detallada en ningún lado.

Por otro lado, aparece un monto de $ 374.077 millones en el listado de actividades específicas del Programa 26, Desarrollo de la Educación Superior, de la Secretaría de Políticas Universitarias. De este, las transferencias a universidades representan $ 359.218 millones y al sector privado $ 14.538 millones.

Usualmente la argumentación para la existencia de estas grandes diferencias de asignaciones es que el presupuesto se realiza previamente a las negociaciones salariales, es decir, ¡que se elabora sin tener en cuenta los aumentos a los docentes universitarios y a los no docentes! Insólito, precisamente, se trata de una proyección y una herramienta de planificación que debería incorporarlos, como sí se hace por ejemplo, en el caso de los salarios de la administración pública nacional.

Pero aún considerando estas diferencias, ni en el mejor escenario se logra recomponer los más de 30 puntos de recorte de los años anteriores. En el caso del monto fijado en el listado de actividades específicas de la SPU, el ajuste para el año entrante, teniendo en cuenta una inflación de 46%, será de 3,3%. No tienen cómo justificarlo.

2021: el año del FMI

Hay que destacar que se parte de un fuerte ajuste en la partida de educación en este año 2021. En el presupuesto presentado el año pasado, el gobierno había previsto recortar los fondos para universidades en un 9 % en términos reales, es decir, aun tomando la “inflación Guzmán” totalmente dibujada de un 29 %, ya se daba por sentado un ajuste de esa magnitud. Considerando una inflación de 48% el ajuste llegaba al 19% real.

Aún con la readecuación de partidas, terminaría siendo un ajuste del 13 % para 2021, como “confiesan” con los datos del proyecto de Presupuesto 2022.

¿Te acordás que este año Guzmán dijo que el salario le iba a ganar a la inflación? Por su decisión esto no será. Materia pendiente de los gremios docentes, la pelea por una verdadera recomposición salarial y del presupuesto. Esto último una pelea a dar en conjunto con el movimiento estudiantil donde también está planteado un llamado de atención a las conducciones de los centros de estudiantes y federaciones. No se puede naturalizar el ajuste permanente.

El que sí ganó este año fue el Fondo Monetario Internacional. El 22 de septiembre se le pagó al FMI U$S 1.905 millones por un vencimiento de la deuda que tomó Macri y que el propio gobierno de Fernández dijo que no fue para beneficio de las mayorías trabajadoras; sino para la fuga de capitales de las grandes empresas y para beneficiar a los acreedores externos.

Ese pago equivale al 72% del presupuesto universitario del 2021 ($264.896 millones). Es decir, casi un presupuesto entero se irá en uno solo de los pagos al FMI. En diciembre habrá uno nuevo por el mismo monto.

Y si tomamos todo lo que le pagó el gobierno de Fernández al FMI desde diciembre de 2019 a septiembre de 2021, U$S 4.216 millones, equivalen a 1,6 veces el presupuesto universitario de este año.

Todavía el gobierno tiene previstos nuevos desembolsos de más de U$S 2.300 millones hasta fin de año. A la par, negocia con el organismo un nuevo acuerdo que subordinará al país a las condiciones del Fondo por los próximos 10 años y a una hipoteca que pagará el pueblo trabajador.

Cada dólar destinado al FMI se materializa en peores condiciones de la docencia, de la formación de estudiantes, de peores condiciones de estudio, de miles de jóvenes sin poder acceder a la educación superior. Es fundamental dar una pelea conjunta, entre docentes, no docentes y estudiantes, por un aumento del presupuesto universitario inmediatamente, destinado a salarios, infraestructura y becas integrales en base al no pago de la deuda, y por una universidad al servicio de las necesidades de las mayorías populares y no de los negocios privados.

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