Elección de rector 2023. El rector Enrique Graue se despidió del Consejo Universitario

Cada vez está más cerca el cambio de rector en la UNAM, el 21 de este mes la Junta de Gobierno publicó un comunicado donde anuncian el inicio del proceso de registro para los contendientes a la rectoría de la universidad mediante un proceso profundamente antidemocrático, vertical y medieval como señalamos en esta nota

El pasado viernes 11 de agosto, Enrique Graue, se despidió del Consejo Universitario (CU), pues en noviembre termina su segundo periodo como rector de la UNAM. En dicha sesión del CU realizó una suerte de balance de su gestión en la que celebró los supuestos logros de su administración y llamó a la comunidad a rechazar “intereses ajenos y ánimos desestabilizadores”

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Pero, ¿cuál es el balance de les estudiantes y la comunidad universitaria de los últimos ocho años? ¿El panorama es tan alegre como lo pinta Graue? En esta nota buscamos hacer un primer acercamiento a estas cuestiones.

Solidaridad ante las catástrofes

El rector hizo gala de la “notable y admirable” respuesta de la comunidad frente al terremoto del 2017 y la pandemia de Covid para organizarse y solidarizarse con las personas afectadas ante dichas catástrofes.

Sin embargo, hace falta solo un pequeño ejercicio de memoria para recordar que en el caso del 2017 las y las estudiantes de distintas facultades y bachilleratos, nos organizamos a pesar de la voluntad de las autoridades universitarios que en más de una ocasión intentaron impedir que la universidad fuera ocupada para hacer acopios y organizar brigadas, pretendiendo que en medio del derrumbe de cientos de casas y edificios, volviéramos a clases como si nada hubiera pasado.

Resulta aún más cínica la celebración de la organización de la comunidad durante la pandemia, pues esta fue limitada por el confinamiento y el cierre de la universidad, impidiendo que esta pudiera responder a la crisis sanitaria ocupando todos sus recursos para realizar pruebas de covid gratuitas a la población, prestar atención psicológica, inclusive albergar a las personas en situación de calle o sometidas a la violencia doméstica que se exacerbó durante el aislamiento.

Una vez más la organización y solidaridad de la comunidad se dio a pesar de la autoridades y la rectoría y no gracias a ellas, cuando ante los adeudos de salarios a cientos de docentes de asignatura se organizaron asambleas de miles y paros virtuales para denunciar la situación de precarización de más del 70% de la planta docente que Graue y la rectoría mantuvieron y profundizaron en los últimos años.

Matrícula universitaria

También celebró la creación de seis nuevas escuelas, 18 licenciaturas, una maestría, dos programas de doctorados y 23 especializaciones lo que permitió que se incrementara la matrícula universitaria con 34 mil nuevos estudiantes.
Aún con la construcción de dichas escuelas y licenciaturas, las cifras de exclusión de la máxima casa de estudio siguen siendo alarmantes. Año con año siguen siendo rechazados más del 90% de quienes aplican a alguna carrera en la UNAM.

La situación de exclusión en la educación superior supera por mucho a la UNAM pues son el conjunto de instituciones de dicho nivel las que no alcanzan a dar cobertura a la alta demanda pues se suele alegar que no hay recursos suficientes. Los rectores de las distintas universidades, incluyendo las de la UNAM, señalan que el problema es la cantidad de presupuesto que se destina, mientras que el gobierno federal hace alusión a la corrupción y la distribución de dicho presupuesto.

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Pero mientras intentan librarse de responsabilidad aventando la bolita, la realidad es que ni se destinan recursos suficientes para cubrir la demanda y para otorgar una educación digna con condiciones laborales mínimas, ni hay una gestión democrática de los presupuestos. Como señalamos en esta nota en la UNAM un grupo de “85 funcionarios se lleva una tajada de 120 millones de pesos al año de conjunto y unos nada despreciables 90 mil pesos mensuales o 183 mil para los que mejor les va.”

Violencia de género

Respecto a la situación de violencia en la universidad, destacó las modificaciones a la legislación universitaria para “combatir la violencia de género, extender las funciones de la Defensoría de Derechos Universitarios”. Hizo mención de las mujeres universitarias que han alzado la voz para denuncia la violencia patriarcal en la universidad y la sociedad.

No está de más recordar que fue durante el mandato de Graue que Lesvy Berlín Osorio fue víctima de feminicidio en la Facultad de Ingeniería y posteriormente revictimizada por los medios de comunicación y por la propia rectoría que hizo todo lo que estuvo en sus manos para obstaculizar la investigación, ocultando videos y pruebas para señalar que en realidad Lesvy se había suicidado.

Una vez más, fue a pesar de las autoridades universitarias y de Graue que la comunidad y en primer lugar las estudiantes de la UNAM nos organizamos para exigir justicia.

Fue hasta después de dos años de constante lucha del movimiento de mujeres y el movimiento estudiantil en la universidad que se modificó la legislación universitaria para considerar como “grave” la violencia de género. Sin embargo, la política de las autoridades frente a este problema se ha limitado a fortalecer sus mecanismos represivos como lo es el Tribunal Universitario que opera como inquisición y que tiene más de 3 mil sanciones por cuestiones políticas, modificando la cláusula que reconocía el derecho a la legítima defensa.

La situación de precarización que viven las docentes de asignatura en la universidad, la ausencia de medidas preventiva y de un plan integral contra la violencia de género que contemple guarderías, salas de lactancia y demás mecanismos que reduzcan la desventaja estructural que viven las mujeres y las disidencias en la universidad; demuestran lo poco que a Graue y a las autoridades universitarias realmente les preocupa el problema de la violencia patriarcal.

Rechazar intereses ajenos

En la sesión del CU, el rector llamó a “rechazar intereses ajenos y ánimos desestabilizadores” pues afirmó que “en los tiempos que están por venir es posible que sigamos escuchando voces que quisieran moldear, a su manera, la forma en que la Universidad Nacional toma decisiones y se gobierna a sí misma”

Llamó a la comunidad a respetar la normatividad para que la universidad continúe siendo “una casa de tolerancia, de respeto a las diferencias y apegada a los principios y valores que rigen, con autonomía, nuestra vida interna”.

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Este discurso ha sido ocupado una y otra vez por los defensores de la medieval estructura universitaria para rechazar los llamados de distintos sectores, entre ellos del actual gobierno, de democratizar la universidad, pues alegan que dichas intenciones atentan contra la autonomía universitaria.

Pero, ¿cuáles son esos intereses ajenos que amenazan la universidad y esa supuesta autonomía que defienden? Es bien sabido que los representantes de la casta dorada que gobierna la universidad han sido históricamente miembros del PRI y han operado como correas de transmisión de las políticas neoliberales para la educación superior.

Esa autonomía a la que tanto apelan en realidad es solo una fachada que permite que en la UNAM se perpetúe una casta parasitaria con enormes privilegios a costa del derecho a la educación y de las condiciones laborales de sus trabajadores y docentes.

La verdadera autonomía que debería defender la comunidad universitaria, es frente al gobierno, el empresariado representado en la Fundación UNAM y al conjunto de los partidos del régimen. Es decir, no solo frente al PRI que hará todo lo posible por mantener la universidad como su bastión, sino también frente al Morena que apropiándose de las banderas históricas del movimiento estudiantil pretende fortalecerse en la universidad.

Una perspectiva independiente frente al cambio de rector

Es evidente que se necesita un proceso de democratización de la universidad, si bien un primer paso sería la elección directa por parte de toda la comunidad de los directivos y del rector, esto está lejos de resolver el problema de fondo. No basta con replicar el sistema de democracia en el que candidatos de los partidos del régimen contienden para ser después ellos quienes a espaldas de la comunidad toman todas las descisones.

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Es necesario terminar con la figura misma de rector y construir a través de la lucha, la unidad entre estudiantes, docentes y trabajadores para avanzar en construir e imponer un gobierno tripartito que con consejos realmente democráticos, donde ninguna autoridad tenga derecho a veto como sucede en la actualidad, decida el conjunto de asuntos que hacen a la vida universitaria.

Esta es la única manera en la que puede realmente abrirse la universidad y lograr que esté al servicio de las grandes mayorías y no de una casta parasitaria que representa los intereses de los partidos del régimen, del empresariado y de los organismos internacionales como la OCDE y el FMI.