En los últimos meses, violentos despliegues policiales en las barriadas de la Ciudad de San Luis han profundizado la persecución de la juventud, la criminalización de la pobreza y el hostigamiento a los que menos tienen.
Sábado 13 de mayo de 2017 18:11
Foto: Radio - La Bulla
Casas de barrio construidas sobre cimientos de necesidades y esperanza, donde los niños juegan en la calle, los jóvenes hacen arte en las murgas y las familias comparten actividades socio – comunitarias. Así son los Barrios del Oeste, zona popular de la capital puntana, y blanco predilecto de las “fuerzas del orden” para “combatir” la inseguridad y el narcotráfico, recurriendo a todo tipo de metodología como el abuso y hostigamiento permanente, los golpes y operativos extremadamente violentos.
En lo que va del año, esta zona popular ha sido el escenario de todas las razias policiales que se han ejecutado hasta ahora, que no tienen otra intención más que satisfacer los pedidos de seguridad, orden y mano dura de los sectores reaccionarios de la sociedad puntana que han sabido encontrar un sostén mediático importante en los principales medios locales de comunicación.
Tanto es así que algunos portales digitales de noticias llamaron a estas acciones represivas como “operativos de prevención”. Tal fue el caso de la razia del 27 de abril que sufrieron niños y adolescentes de la murga del Barrio “Sargento Cabral” por parte del grupo COAR (Compañía de Operaciones de Alto Riesgo) mientras se encontraban ensayando. Uno de los testimonios que La Izquierda Diario pudo recoger es el de uno de los integrantes de la murga quien comentaba que “los del COAR se bajaron armados con itacas, nos pusieron a todos contra la pared, nos pegaban en las costillas y cada vez que nos preguntan nuestros apellidos, nos daban cabezazos”.
Este hecho no es episodio aislado, es una práctica violenta cotidiana de las fuerzas policiales en las barriadas populares, criminalizando y discriminando a los niños, adolescentes y familias con total impunidad.
El relato de la “inseguridad”va de la mano con la avanzada represiva en los barrios populares. Sin embargo, lo único que asegura este aumento de la militarización en las barriadas de la ciudad es la continuidad de la impunidad del “gran delito”, a saber: el narcotráfico, las redes de trata de personas y los desarmaderos de autos, de los cuales las fuerzas de seguridad son responsables, cómplices y encubridoras junto con el poder político y la justicia.
Es paradójico buscar “seguridad” con más policías o grupos represivos especiales en la misma ciudad donde el abuso de autoridad, la criminalización de la pobreza y el gatillo fácil cometidos por la policía van en aumento.
Por eso, lo único que busca esta política del gobierno provincial es demonizar un sector de la sociedad para justificar las desigualdades sociales con represión, aumentando el control social. Haciéndolo culpable del delito, la desocupación, el trabajo precario y la falta de oportunidades en las mujeres, los trabajadores y la juventud se encubren con el discurso del “orden” y la “mano dura”.
Está demostrado que más policía en las calles y un aparato represivo más fuerte no es sinónimo de mayor tranquilidad en los barrios y las ciudades. Mientras el narcotráfico, la trata de personas, el juego clandestino y otras expresiones del crimen organizado continúan su desarrollo a velocidad crucero, de lo que no caben dudas es que un aparato represivo cada vez más poderoso significa una profundización de la violencia estatal contra el pueblo trabajador.
