COMPARECENCIA DE FIN DE AÑO. El relato del Gobierno: autoproclamación en medio de una crisis social, económica y sanitaria de la que también es responsable

Esta comparecencia llega menos de una semana después del insuficiente acuerdo por la reforma laboral y el mismo día de la publicación de la ley Iceta. Ejemplos que apuntan más bien a qué se trata de un gobierno nada progresista.

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Entre lo que ha destacado el presidente se destacan las medidas del llamado “escudo social” contra la pandemia, particularmente los ERTES. Una medida, que como ya dijimos en este artículo, se trata más de una medida para salvar los intereses de las empresas a coste cero que para salvar a los trabajadores. Entre otras cosas, porque genera una deuda que es la misma clase trabajadora quien la paga, en lugar de extraerse el coste de los beneficios empresariales, algunos de los cuales no han dejado de crecer pese a la situación sanitaria.

Sánchez dice haber cumplido con la mitad de los compromisos de gobierno, pero a estas alturas ya sabemos que la gran mayoría de medidas de este gobierno vienen con trampa. Hemos visto cómo la derogación de la reforma laboral se ha quedado en un mero maquillaje de las anteriores y cómo el exministro de universidades Manuel Castells luchó durante meses por imponer al estudiantado universitario dos leyes represivas que permitían aún más la injerencia de empresas privadas y fuerzas de seguridad en la universidad, una de las cuales, la Ley de Convivencia Universitaria, o “Ley Mordaza Universitaria” ha sido aprobada antes de su renuncia al cargo.

También hemos visto cómo el aumento de empleo ha ido de la mano de un encarecimiento de algunos de los servicios básicos. La luz es el ejemplo paradigmático, porque durante 2021 no ha hecho más que batir récords. Durante la tormenta Filomena, las empresas eléctricas aprovecharon para subir las tarifas y desde entonces sólo hemos visto las facturas subir y subir. Frente a esto, las medidas del Gobierno han pasado por proponer tibiamente recortar el margen de beneficio del Estado vía impuestos. De recortar los beneficios de las grandes compañías eléctricas, algunas de las cuales han visto enormemente incrementados sus beneficios durante la pandemia, este gobierno no ha dicho absolutamente nada.

Porque esta es la contracara de las medidas del Ejecutivo de coalición: abre un poco la mano izquierda para golpear simultáneamente con la derecha. Hemos visto subir el SMI, pero el resto de los salarios se han mantenido intactos, produciendo que muchos más trabajadores cobren el salario mínimo, que actualmente, con una inflación del más del 5%, difícilmente sirve para hacer frente al coste de la vida. La aprobación de la Renta Mínima Vital ha estado atravesada por enormes dificultades burocráticas, lo que hace que parte de sus potenciales beneficiarios no puedan siquiera solicitarla. Y cuando llega, es absolutamente insuficiente para hacer frente a un alquiler o a las facturas. Se trata de una limosna estatal, no de una verdadera renta mínima.

El presidente ha defendido en su comparecencia el alto nivel de vacunación, que en el Estado español supera el 80%, aunque no olvidamos que su gobierno en febrero se negó a liberar las patentes de las vacunas, motivo por el cual las variantes han seguido emergiendo en aquellos países con menor índice de vacunación.

La variante Ómicron, como señalamos en este artículo no es un desafortunado accidente caído del cielo, sino que tiene entre sus responsables a las grandes empresas farmacéuticas, que defienden su beneficio por encima del interés general, y los gobiernos de todos los signos que se han negado a liberar las patentes. La sexta era una ola evitable que muestra las contradicciones del capitalismo, un sistema incapaz de hacer lo más correcto, incluso si eso es lo mejor para sí mismo, porque cuesta demasiado dinero.

Sobre la sexta ola, Sánchez ha defendido sus medidas, que pasan por militarizar los puestos de rastreo y vacunación, que siguen sin funcionar bien en algunas comunidades. En una comparecencia tras la Conferencia de presidentes convocada de urgencia el día 22, Sánchez defendió que la atención primaria, ahora colapsada por casos de coronavirus, debía ser reforzada contratando a sanitarios jubilados. Una medida absurda considerando que, en comunidades como Madrid, la administración del PP despidió vía SMS a miles de sanitarios cuando terminó su contrato COVID. Además, se trata de una medida que expone innecesariamente a los más mayores al contagio de una enfermedad que ataca más a estos grupos de edad. Todo medidas, en definitiva, que sirven para maquillar un poco la situación mientras no se toman aquellas que sí podrían ser efectivas, es decir, aquellas que tocan el interés privado de las grandes empresas.

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En esta línea, no sorprende que en el balance de su legislatura Sánchez se haya marcado un tanto en materia de cambio climático, defendiendo la Ley de cambio climático del Ministerio de Transición Ecológica. Una ley que no pasa por encima del interés de los verdaderos responsables de la crisis climática: las grandes empresas del lobby fósil. Nada de extrañar si tenemos en cuenta que numerosos cargos del PSOE terminan, puertas giratorias mediante, en los Consejos de Administración de algunas de estas empresas.

En materia ambiental, el Gobierno, además, destinará una parte importante de los Fondos Europeos Next Generation para que estas empresas inicien una reconversión ecológica y para que muchas otras se dirijan a la más que dudosa digitalización, que no encaja muy bien en tan loable objetivo de paliar la crisis ambiental. Es bastante dudoso, además, que sean las propias empresas contaminantes, responsables de algunos desastres ecológicos como el vaciamiento de pantanos en nuestro país, quienes motu proprio decidan poner en marcha medidas para recortar su beneficio en pos de la transición ecológica.

Tenemos –no cabe ya duda– otro Ejecutivo que gobierna para el IBEX-35. Y no hay ningún milagro navideño que vaya a cambiar eso. Debemos dejar de confiar en que las soluciones a la crisis sanitaria, económica y ecológica pueden venir de manos de los gobiernos del capital y empezar a poner en pie una alternativa donde seamos las trabajadoras y las clases populares quienes podamos decidirlo todo. Ese sería un buen propósito de año nuevo.