La cuestionada gestión de Miguel Ángel Mancera pone en duda las nuevas garantías anunciadas en la ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos en el DF.
Miércoles 12 de agosto de 2015
Obligado por el asesinato de Rubén Espinosa, Nadia Vera y otras 3 mujeres, Miguel Ángel Mancera emitió nueva Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el Distrito Federal, bajo el argumento de que brindará derecho al ejercicio periodístico y en defensa de las garantías individuales.
En conferencia de prensa, Mancera ofreció la ciudad de México como refugio de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Con esta ley la capital deberá garantizar sus derechos individuales y el libre ejercicio de la crítica y trabajo profesional o político. Un ofrecimiento cínico teniendo en cuenta que recientemente fueron asesinados periodistas críticos y activistas sociales.
Pero promover y defender los derechos humanos, suena difícil y a un verdadero engaño para un gobierno que tendrá que garantizar en la capital y exigir al gobierno nacional, respeto, protección y garantías que hoy Mancera en colaboración con Enrique Peña Nieto aplasta.
El jefe de gobierno se enfrenta a una realidad, con 297 agresiones a periodistas en el DF en los últimos 15 años, una política represiva que se suma a la violencia contra comunicadores, activistas y defensores de derechos humanos en todo el país, mientras las cárceles de la ciudad mantienen presos a decenas de luchadores sociales.
Represión y detenciones persiguen al periodismo también en el DF
En 15 años al menos 150 periodistas fueron desaparecidos o asesinados en México, mientras hay 35 homicidios a defensores de derechos humanos desde 2012.
Aunque el Distrito Federal tiene -como resultado de la movilización y la lucha democrática- algunas libertades con que no cuentan periodistas y defensores en otros estados del país, los ciudadanos, periodistas y activistas en la capital enfrentan una política represiva cotidiana y el avasallamiento constante por parte del gobierno del Partido de la Revolución Democrática, que muestra así su acuerdo con el gobierno de Peña Nieto.
Ampliamente se denuncia la criminalización de la protesta social, la represión en las manifestaciones y el enorme gasto social en instituciones policiales impulsados por el gobierno de Mancera, a quien pocas veces se le escucha hablar de políticas educativas y cuando lo hace es para amenazar a los maestros en lucha.
Existen cientos de denuncias sin resolver por violaciones a las garantías individuales bajo los operativos policiales del gobierno del DF, donde los periodistas, son blanco de detenciones arbitrarias y violencia policial.
Así como hay cientos de recomendaciones de instituciones de Derechos Humanos ignoradas, por brutalidad policial en las protestas y destrucción de equipo y material fotográfico.
Recordemos las detenciones del fotoperiodista Gustavo Ruiz Lizárraga y el reportero Alejandro Primo Noriega, levantados ilegalmente por la policía el 1 y 2 de septiembre de 2013, mientras cubrían las protestas contra la reforma educativa. Fueron golpeados, criminalizados, aislados y trasladados al Reclusorio Sur, de donde pudieron salir luego de una semana, mientras sus familiares fueron amenazados.
Pero el brutal asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa, junto a Nadia Vera y tres mujeres más, pone el dedo en la llaga a la administración capitalina, plagada de represión, encabezada por el policía Mancera.
Desde aquí llamamos a impulsar la movilización contra la represión del gobierno del DF, ya que solo la lucha en las calles permitirá poner un alto a la militarización en la ciudad, los ataques del gobierno a las libertades democráticas, así como la opresión y la violencia contra las mujeres
Puede consultar la ley en este link
