Mientras en México se avanza con leyes que legitiman la represión de la protesta social, como la Ley Atenco y la Ley de Seguridad Interior, el gobierno de Peña pide derecho a manifestación pacífica en Venezuela. Actúa de vocero de la política intervencionista estadounidense.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Martes 18 de abril de 2017
Haciendo gala de cinismo, el gobierno mexicano junto con los de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú y Uruguay, manifestaron su “profundo pesar y rechazo” ante “la violencia y muerte de seis personas durante las jornadas de protestas registradas en días recientes en Venezuela y expresaron su solidaridad y condolencias a los familiares de las víctimas”.
“Nuestros gobiernos reiteran su rechazo a la violencia” declararon, y, ante la jornada de marchas por parte del oficialismo y de la oposición programada para este miércoles 19, hicieron un llamado al gobierno de Nicolás Maduro para que “garantice el derecho a la manifestación pacífica, tal como lo consagra la Constitución, y que impida cualquier acción de violencia en contra de los manifestantes”.
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A su vez, estos gobiernos convocaron a la oposición para que ejerza “con responsabilidad” su “derecho a manifestarse y así lograr una jornada pacífica donde la gente se exprese con tranquilidad”.
También exigen al gobierno de Nicolás Maduro para que “rápidamente” se definan las fechas para llevar a cabo al cronograma electoral, exigencia de EE. UU. a través de la OEA y , “que permita una pronta solución a la grave crisis que vive Venezuela y que preocupa a la región”.
Mientras se agudiza la crisis política del gobierno de Nicolás Maduro, es claro que hay que defender el derecho a las manifestaciones, pero también es indispensable no caer en el juego de la derecha, que se prepara para reprimir la protesta social si llega al poder.
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El gobierno de Peña Nieto siempre se mostró dispuesto a actuar de capataz de la política exterior estadounidense. Lo hizo con el demócrata Barack Obama cuando éste exigió la aplicación del Plan Frontera Sur en 2014, y ahora lo hace con el republicano Trump.
Pero sucede que son los mismos gobiernos represores que lanzan las fuerzas policiales y militares contra la protesta social los que ahora llaman a Maduro a garantizar el derecho a la manifestación pacífica.
Sobre Peña recae la responsabilidad política de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la masacre de Iguala y la represión al magisterio que enfrentó en las calles la reforma educativa, cuyo punto máximo fue la masacre en Nochixtlán, Oaxaca, aun impune.
Michel Temer, presidente golpista de Brasil, también ha descargado ataques represivos contra la protesta social. Mauricio Macri, de Argentina, es otro presidente que descargó la ira de los poderosos contra los docentes que salen a luchar, y los ejemplos pueden ser interminables.
No obstante, mientras repudiamos toda política injerencista en Venezuela, alertamos a la clase trabajadora y los sectores populares el peligro que entraña el creciente poder de los militares en la vida pública, tanto apoyando a Maduro o apoyando a la derecha venezolana.
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