Diputados del partido de renovación nacional siguen prestando su apoyo a las violaciones de los derechos humanos cometidas por policías desde la rebelión hasta la fecha.
Domingo 13 de junio de 2021
Diputados RN manifiestan preocupación por casos de funcionarios policiales perseguidos criminalmente, afirmando con frases como: “Desde el estallido social, se sucedieron múltiples hechos que exigieron una respuesta de las policías, en la necesidad de resguardar el legítimo derecho a la manifestación y el orden público” Justificando e invisibilizando el actuar de carabineros que, en ya una serie de videos, que muestran las brutales represiones cometidas por ellos, desde la mutilación de ojos, violaciones, tortura, atropellos y hasta pasar una rueda de motocicleta encima de un manifestante que ya se encontraba en el suelo.
Sumado a todos estos hechos delictivos debemos agregar la corrupción ejercida por los altos mandos de carabineros en el caso grúas, además de las constantes querellas por su vinculación con grupos narcotraficantes.
En el texto escrito por los diputados RN, dirigido al presidente de la República agrega que existen sanciones administrativas sin antecedentes suficientes, hecho que vulnera garantías de una investigación racional y justa.
Situación que no deja de indignar, ya que hoy se encuentran miles de jóvenes encarcelados injustamente sin pruebas suficientes y ya cumpliendo en muchos casos más del año encerrados en cárceles de máxima seguridad, mientras que muchos de los casos donde se ve involucrado un carabinero, estos reciben penas leves y hasta arrestos domiciliarios con todas sus garantías.
Esta victimización que intentan generar es tan absurda como los argumentos que sustentan su carta, ya que demás esta decir que el rol que cumple la policía y que ya ha quedado bastante claro desde el golpe de estado, el estallido y hoy en día en pandemia, es que no es el de cuidar y resguardar a las personas, sino más bien reprimir y controlar cualquier acto de insurrección que atente contra las grandes fortunas y empresas.
Asimismo, si bien se reivindica la necesidad de investigar y sancionar a agentes policiales cuya responsabilidad por vulneración de derechos fundamentales se compruebe, también se aboga por dar racionalidad a la persecución penal y a otras manifestaciones del poder sancionador del Estado, aun cuando se trate de imputaciones a funcionarios en el marco de sus labores de contención del orden público.
En la totalidad de dichos casos, los funcionarios policiales fueron sujetos a gravosas medidas administrativas previas a conocerse su destino judicial, incluidas la total separación de funciones y hasta la baja. Ello, a juicio de las y los parlamentarios, resulta preocupante y es necesario resguardar las garantías del debido proceso en los sumarios administrativos, introduciendo reformas que aseguren la imparcialidad y la imposibilidad de medidas gravosas antes de resolverse la respectiva investigación.
Esto deja en claro que las necesidades de estos diputados, no se encuentran con las personas, sino más bien con sus intereses empresariales y que permitan fortalecer a la policía y su impunidad, mientras que miles de madres lamentan el encarcelamiento de sus hijos que solo salieron a luchar por lo justo.
Es por lo que no se debe sesionar en la nueva Convención Constituyente ni un minuto con presos políticos en las cárceles, ya que es gracias a las y los jóvenes que salieron valientemente a luchar, incluso con todo en su contra, que se abrió un proceso que permitió no solo un cambio de constitución, sino que también un avance en la lucha contra este sistema corrupto y represivo. Un sistema que solo podrá ser destruido por la vía de la autoorganización y movilización.
Y es precisamente por todo esto que debemos a su vez exigir el juicio y castigo a los responsables de las violaciones de los derechos humanos y disolver a la policía que solo defiende los intereses de las familias más ricas del país.
