El salario real de la docencia en Tucumán viene perdiendo muy fuerte contra la inflación y al día se hoy se encuentra muy por debajo de la Canasta Básica familiar. Pasó el mes de octubre y los gremios dejaron pasar también la cláusula de revisión salarial. Luego del fraude Atep continúa acéfalo, mientras Toledo y Brito sostienen la tregua con el gobierno ajustador.
Domingo 30 de octubre de 2022 16:18
El ajuste se hace sentir con fuerza en el bolsillo de la docencia tucumana, que desde 2019 viene perdiendo por goleada contra la inflación, y este año la pérdida del poder adquisitivo de los salarios se combina con un aumento de la jornada laboral.
Recordemos que en febrero el Frente Gremial Docente de Tucumán cerró una paritaria del 59% en cuotas de los cuales 21% correspondían a una compensación salarial por la pérdida salarial de 2021. Es decir que el aumento real pautado para el año 2022 fue de apenas un 38%, en cuotas y con una cláusula de revisión paritaria estipulada para octubre. La inflación estipulada para 2022 se acerca al 95% anual, sin embargo pasó el mes de octubre y esa revisión paritaria no existió. Apenas anunciaron el adelantamiento de la última cuota del aumento estipulada para diciembre.
El ajuste al salario docente es brutal. Hasta agosto, el salario inicial de un cargo testigo para escuela primaria era de 74.719 pesos, mientras que el salario incial para un cargo testigo con 15 horas cátedras de un docente secundario ascendía a 92.284 pesos. Muy por debajo del valor de la Canasta Básica familiar que el Indec usa para delimitar la pobreza y que se ubicó en 105.000 pesos.
La "disciplina fiscal" que el gobierno del Frente de Todos está llevando adelante bajo la tutela del FMI, implica una fuerte transferencia de ingresos desde el salario hacia los grandes empresarios del campo, las empresas privatizadas de servicios, la banca y los especuladores financieros.
En Tucumán, el ajuste al salario docente viene de hace varios años. Desde marzo de 2019 hasta agosto de 2022, el salario real de un cargo testigo de escuela primaria cayó 22,2%, mientras que el salario real de un cargo testigo de escuela secundaria cátedra se desmoronó aun más, un 26,8%. El adelantamiento de la última cuota en octubre no cambia el panorama de lo que a las claras es un ataque al salario docente, transversal al gobierno de Macri y al de Alberto Fernández, y en ambos casos, bajo la responsabilidad directa de los gobiernos provinciales de Manzur y Jaldo.
Con los datos disponibles desde 2019 reconstruimos la evolución del salario real docente y, como se puede observar en la tabla de datos, la inflación crece mucho más rápido que los salarios, lo que da una pérdida del poder adquisitivo del salario que promedia el 25% para la docencia.
Este ajuste se combina con el aumento de la jornada laboral, tanto por la implementación de la quinta hora laboral como por la extensión del ciclo lectivo con la excusa de recuperar los contenidos que se perdieron durante la pandemia, cuando la docencia estuvo sometida a una doble carga laboral, presencial y virtual. En vez de financiar programas de apoyo escolar y contratar a docentes desocupados, el gobierno aprieta las tuercas sobre la docencia.
Mientras tanto, el aumento de la pobreza impacta directamente en las aulas con un fuerte aumento de la deserción en las escuelas periféricas de la provincia y un racionamiento de los recursos para el complemento alimentario y el mantenimiento edilicio de las escuelas.
Los gremios miran para otro lado
A lo largo del año, la docencia se puso de pie contra el ajuste en más de 10 provincias. En Mendoza, miles de docentes organizados en asambleas por escuelas y departamentales, se movilizaron junto a estudiantes y sus familias contra el ajuste y le impusieron al gobierno radical de Cornejo un aumento salarial del 82%. En CABA la docencia cerró un aumento del 85%. En la PBA el aumento llega al 90%. Aun así, estos porcentajes se encuentran por debajo de la inflación estipulada para este año.
Tucumán es una de las pocas provincias donde los gremios ni siquiera han convocado a la reapertura de paritarias. En un año pre-electoral, el gobierno de Jaldo hace caja licuando del salario docente. Recién la semana pasada la conducción de APEMyS le pidió una audiencia a Jaldo para tratar la cuestión la salarial. Mientras tanto, ATEP continúa en estado de acefalía luego del fraude electoral de mayo y que Toledo busca reeditar el próximo 6 de noviembre.
Recordemos que luego de perder Toledo las elecciones en mayo, la Junta Electoral controlada por el oficialismo, decidió dar por válidas las impugnaciones que previamente había desestimado para suspender los resultados. Tras un fallo del juzgado Nº9, Toledo dio por nula su derrota y ahora convoca nuevamente a unas elecciones igualmente fraudulentas, con las mismas listas y los mismos vicios que dieron lugar a la impugnación original (candidatos cruzados en las listas de Brito y Toledo, proscripción de listas opositoras, etc). Pero resulta que el Ministerio de Trabajo, bajo la tutela de Jaldo, desestimó las impugnaciones y reconoció provisoriamente, por 180 días y a la espera de una resolución judicial definitiva, el gremio a la lista encabezada por Brito.
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Es decir, ATEP se encuentra en un estado de acefalía. Toldeo y Brito reclaman para sí mismos la titularidad del gremio, pero ninguno está dispuesto a movilizar a la docencia. Ambos vienen dejando pasar el ajuste a los salarios, la implementación de la jornada extendida y el ajuste que el gobierno nacional está imponiendo a la Educación y que se profundizará en 2023, según consta en el Presupuesto que, haciendo a un lado la "grieta", acaban de votar el Frente de Todos en todas sus alas y Cambiemos.
La docencia no puede seguir de brazos cruzados esperando que ATEP salga de la parálisis mientras nos rebanan el salario, aumentan la carga horaria y ajustan a la educación pública para congraciarse con el FMI. Necesitamos recuperar el gremio y democratizarlo para que funcione en base a asambleas por escuelas con delegados mandatados desde las bases.
Desde la Agrupación Marrón Docente llamamos a poner en pie asambleas en las escuelas, junto a los estudiantes y sus familias, para exigir a ATE y a las conducciones de todos los gremios que rompan la tregua y convoquen a un verdadero plan de lucha por un aumento salarial que lleve el salario básico al valor de la Canasta de Consumos Mínimos que hoy está en 205.000 pesos, contra la extensión horaria, por más presupuesto para las escuelas y los comedores y en defensa de la Educación pública.
