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Red Internacional
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Jubilación. Reforma de pensiones: Gobierno insiste principios de acuerdo en introducir mayor competencia al sistema

El secretario de Estado expresó "optimismo" sobre el paquete legislativo de seguridad que está en el Congreso. En cuanto a la reforma del Sistema de Pensiones, advirtió que, si no se aprueba, “no será un problema para el Gobierno o la oposición; los pensionados serán quienes asumirán el costo”, pero sigue siendo una reforma que mantiene los pilares de un modelo que afecta las pensiones de los trabajadores en manos de entidades privadas, donde el gobierno abandono la posibilidad de un cambio profundo al sistema e intentar “perfeccionar” lo existente. Todo esto, previamente acordado con la derecha, sector que con uñas y dientes, no está dispuesta a terminar con el negocio de las AFP.

Lunes 27 de mayo

El Ministro Secretario General de la Presidencia expresó optimismo respecto a las reformas propuestas por el Gobierno, especialmente tras los resultados del fast track legislativo en seguridad. "Si no se aprueba, será un drama para los pensionados", anunció Álvaro Elizalde.

En una entrevista en Canal 13, destacó que el gobierno ha presentado múltiples iniciativas para mejorar la calidad de vida de las personas, algunas de las cuales han sido aprobadas y otras pendientes de destrabar, lo cual fortalecería la legitimidad del sistema político.

Señaló que las dificultades se deben a la actual atomización del sistema político, con más de 20 fuerzas políticas en el parlamento y proyectos personales que no representan ideas colectivas. Subrayó la necesidad de generar incentivos para enfrentar esta atomización y alcanzar acuerdos beneficiosos para el país.

En cuanto a la reforma del sistema político, enfatizó que el rol fundamental corresponde a los partidos políticos, quienes deben generar los entendimientos necesarios. Destacó la importancia de recuperar el sentido de la política como un espacio de debate y de ideas, donde la ciudadanía pueda pronunciarse y apoyar los proyectos que considere satisfactorios.

Sobre la reforma del Sistema de Pensiones, mencionó que existen principios de acuerdo para introducir mayor competencia en el sistema, centrándose en las personas y estableciendo condiciones para que los independientes no queden desprotegidos.

En cuanto a la cotización, resaltó la importancia de evaluar el sistema de seguridad social por su capacidad para proteger adecuadamente a las personas, especialmente en términos de las pensiones, que actualmente son muy bajas en Chile.

Destacó que el proyecto del Gobierno propone un aumento inmediato de las pensiones y no a largo plazo, buscando así mejorar las condiciones para todos los pensionados.

Consultado sobre la falta de acuerdos en torno a la cotización adicional, indicó que el Gobierno continúa dialogando para generar acuerdos, manteniendo una actitud de flexibilidad. Sin embargo, advirtió que si no se aprueba una reforma de pensiones, serán los pensionados quienes pagarán el costo.

Terminar con las AFP y las jubilaciones de hambre

El sistema de pensiones actual requiere un cambio estructural, ya que no es posible mejorar significativamente las pensiones, para que sean suficientes, sin afectar las ganancias de los las AFP y el mercado de capitales, es decir, el negocio de los grandes empresarios.

Es evidente que los fondos de millones de trabajadores no pueden seguir en manos de especuladores que se enriquecen a expensas de nuestra pobreza y precariedad. Estos fondos deben ser transferidos y administrados por un sistema estatal de reparto controlado por los trabajadores y jubilados. Estos fondos hoy sirven para que grupos empresariales compren a otros, expandir nacionalmente sus negocios o internacionalizarlos, nada que beneficie a las mayorías trabajadoras y populares. Estos fondos podrían ser invertidos en proyectos de alto retorno social como construcción de viviendas, escuelas u hospitales.

Se necesita un sistema de fondos solidario tripartito, administrado por trabajadores y jubilados, que responda a las necesidades reales de la tercera edad y garantice una pensión digna de al menos $650.000, para que trabajar hasta el final de la vida deje de ser la única opción que ofrece el mercado.