AYUDAS PUBLICAS A EMPRESAS. El sector turístico acapara el 75% de las ayudas públicas y mantiene la precariedad

Ni exigencias ni contrapartidas de ningún tipo para estas ayudas públicas a fondo perdido, ni siquiera aquellas relacionadas con mejoras en las condiciones laborales de sus plantillas. El Gobierno del PSOE y Unidas Podemos está implementando políticas que socializan las pérdidas y privatizan los beneficios. Ahora sale al rescate de los grandes grupos turísticos nacionales.

La covid-19 impactó como un tsunami sobre la economía española a partir de marzo de 2020 por el confinamiento y las restricciones a la movilidad, finalizando ese año con una caída del PIB del 10,8%. Y el sector turístico se vio especialmente afectado por el parón de los viajes al extranjero y su enorme peso en la economía española (12,4% del PIB de 2019 y 155.000 millones), sufriendo un descalabro considerable que le hizo desplomarse durante 2020 a niveles de 1995, hasta 25 años atrás. Según la patronal del sector, Exceltur, se dejaron de ingresar 106.00 millones de euros en 2020, un recorte del 69% de los ingresos respecto a 2019, pasando de representar el 12,4% del PIB a un 4,3% en 2020.

Sin embargo, esas cifras deben ser relativizadas dado que hay que partir de que durante los años anteriores a la pandemia los resultados del sector habían destrozado todos los registros conocidos de ingresos y visitantes foráneos, que llegaron a superar los 80 millones anuales de llegadas. Por lo tanto, es comparar años de récord turístico con un parón histórico consecuencia de una pandemia mundial, lo cual distorsiona bastante. Además, la situación económica del sector pronto llegó a mejorar considerablemente durante todo 2021, aunque sin alcanzar las cifras récord de 2019. El turismo nacional sirvió de rampa de trampolín durante el pasado verano para coger impulso en las cifras de los ingresos turísticos y, consecuentemente, mejorar considerablemente las cuentas de resultados empresariales del sector.

Así, la propia patronal del sector en el mes de octubre de 2021 preveía un ingreso anual de 87.000 millones de euros, mejorando ostensiblemente sus previsiones y quedando prácticamente a un 60% de lo logrado en un año récord como fue 2019. De hecho, durante los meses del verano, los datos señalaban que respecto a 2019 solo se había perdido un 27% de la actividad. Alcanzando en total el PIB turístico entre julio y septiembre de 2021 la cifra nada desdeñable de 42.632 millones de euros. Empresas del sector como Meliá volvió a obtener beneficios en julio, tras 15 meses en negativo.

Es cierto que Exceltur preveía una continuidad ascendente en la mejora turística durante el cuarto trimestre, algo que no se ha cumplido totalmente por el impacto de la nueva variante ómicron. Pero el impacto de esta variante se ha centrado en las dos últimas semanas del mes de diciembre, hasta entonces España fue un destino seguro con la menor incidencia de Europa por la Covid, lo que facilitó los movimientos turísticos hacia nuestro territorio en un importante volumen de llegadas. Y, por supuesto, el despliegue del turismo nacional en toda su potencialidad hasta ese momento.

Además, también el sector turístico ha sido de los más beneficiados por las medidas genéricas del Gobierno para contrarrestar los efectos de la pandemia. Con la puesta en marcha casi desde el principio de los ERTE que en total han supuesto más de 20.000 millones de gasto para las arcas públicas de gasto, con lo que el sector pudo apropiarse de muchos miles de millones de euros para sostener sus trabajadores, sin esfuerzo para la patronal, y con un auténtico coste de saldo en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social gracias a las rebajas gubernamentales.

Y beneficiándose también en gran medida de los préstamos avalados por el ICO (120.000 millones), cuyas garantías se han ampliado con más años de carencia y más facilidades para su devolución. Ayudas y apoyos en lo que el conjunto del sector turístico ha sido la estrella de la corona.

El Sector Turístico, el más beneficiado

La patronal del sector turístico venía reclamando desde hace meses que se agilizara el reparto de las ayudas económicas aprobadas por el Gobierno, así como una mayor velocidad a la hora de aprobar los rescates del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas que gestiona la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI).

Quizás por eso, y según los datos facilitados por el Gobierno, hoy son el 50%, seis sobre doce, las empresas del sector turístico que pertenecen al club de empresas beneficiadas con ayudas a fondo perdido. Obteniendo en dinero contante y sonante estas seis empresas turísticas más de 1.150 millones sobre el total de los 1.506 que en total han sido aprobados por el Gobierno, sobre el total de los 10.000 millones que constituyen este fondo. Y, por lo tanto, se han llevado para el sector más del 76% de los recursos actualmente puestos a disposición de las grandes empresas.

El perfil de las empresas que han logrado la parte del león de estos fondos queda muy bien reflejado con la última que lo ha logrado el pasado 28 de diciembre. Se trata de un grupo hotelero “Soho Boutique” que dispone nada más y nada menos que de una treintena de hoteles repartidos por el conjunto del Estado español. Este nada modesto grupo hotelero recibirá de momento fondos no reembolsables por 30 millones de euros. De ese total, 24 millones lo serán a través de un préstamo participativo, es decir, a devolver según los resultados que obtenga la empresa, si no obtiene nada el fisco lo pierde todo. Y, en todo caso, no se recibirá nada o muy poco hasta garantizar la solvencia del capital empresarial privado.

Estas ayudas a fondo perdido tienen como requisitos fundamentales, entre otros, que alcancen un importe no inferior a los 25 millones por operación –es evidente que está dirigido para grandes empresas. Teniendo en cuenta que ese será el mínimo considerado necesario para restaurar la viabilidad de la empresa. Además, deberá tener el domicilio social y los principales centros de trabajo ubicados en España, no estar en crisis a fecha 31 de diciembre de 2019, no haber solicitado la declaración de concurso voluntario, demostrar su viabilidad a largo y medio plazo y no haber sido condenada mediante sentencia firme a la pena de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas. Todo esto además de no tener deudas con Hacienda ni con la Seguridad Social. Sin embargo, ¡oh, sorpresa!, para el Gobierno más progresista de la historia no le parece una condición para dar o no la concesión de la ayuda la situación de posible precariedad y sobreexplotación en la que se encuentren las y los trabajadoras de estas empresas.

Todo son ventajas ante una financiación que va directa al corazón financiero de las empresas garantizando su viabilidad o en caso de quiebra su imposible recuperación para los recursos públicos. En definitiva esto es socializar pérdidas y privatizar beneficios implementados con fondos públicos.

El volumen de ayudas por empresa puede ser cuantioso. La que más ha obtenido por el momento ha sido Air Europa, en pleno proceso de reconversión y adquisición por Iberia –aunque ahora paralizado– a la que se le han concedido hasta el momento 475 millones de euros. Sin embargo, una vez una empresa recibe la subvención puede recibir aún más, esto puede ocurrir de hecho con Air Europa, dado que es complicado interrumpir el proceso de salvataje empresarial con estos fondos una vez iniciado.

Las ayudas concedidas de este fondo irán creciendo, se sabe que ya se están estudiando concesiones para llegar a más de 5.345 millones de euros según la SEPI (órgano gestor del fondo) con el paso de los meses, pese a que en gran medida la incidencia de la covid-19 económicamente decae, como demuestran los niveles de beneficios empresariales obtenidos en 2021, el crecimiento del empleo –aunque fundamentalmente precario– y la implementación del enorme maná económico que supondrá para las grandes empresas los fondos Next Generation para las empresas, también a fondo perdido (72.000 millones).

El Gobierno progresista demuestra que en ningún caso se juega a mejorar la situación económico-social y los derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores, más bien al contrario, apuesta a facilitar al máximo los beneficios empresariales.