La justicia rechazó el pedido de sobreseimiento de Gerónimo “Momo” Venegas, investigado junto a empresarios y sindicalistas por truchar medicamentos y estafar el Estado con tratamientos no brindados.
Jueves 1ro de junio de 2017
Foto: detención de Gerónimo Venegas en 2011.
La mañana del 10 de febrero de 2011, Gerónimo Venegas tuvo que salir esposado de sus oficinas en el centro porteño. Dos meses antes habían allanado las sedes de Osprera, la obra social del sindicato de peones rurales que Venegas conduce.
Estaba en el centro de un gran escándalo, que se había empezado a destapar el día que aparecieron asesinados tres empresarios que comerciaban efedrina, y continuaba con la revelación de un entramado que se conocería como “la mafia de los medicamentos”.
¿En qué consistía?
Empresarios farmacéuticos, funcionarios y sindicalistas habían montado un sistema criminal. Las maniobras iban desde la presentación de troqueles apócrifos para obtener reintegros de dinero por tratamientos que nunca se habían concretado hasta la falsificación de medicamentos destinados a enfermedades graves, como las oncológicas, el HIV o la hemofilia.
Truchando remedios que no hacían efecto, o truchando troqueles para cobrar medicamentos que nunca habían entregado, recaudaban millones.
El primer detenido fue Juan José Zanola, el dirigente de la Asociación Bancaria. Luego serían procesados empresarios como Gabriel Brito y Néstor Lorenzo, un ex policía bonaerense, médicos y el funcionario y recaudador de fondos de la campaña de Cristina Kirchner, Héctor Capaccioli.
La “megacausa”, que fue instruida por el polémico juez Norberto Oyarbide y hoy está en manos de Sebastián Casanello, incluye siete causas conexas. Los acusados serán juzgados en un único juicio oral y público.
Venegas está acusado, entre otras cosas, de la falsificación de 25 expedientes médicos para el suministro de drogas de alto costo (HIV, cáncer), que era subsidiado por los programas especiales (APE) del Ministerio de Salud. Lo acompañan en la causa su mano derecha, Cecilio Salazar y los principales responsables médicos de OSPRERA.
Como la mano venía complicada, los abogados del “Momo” Venegas presentaron hace algunas semanas un pedido de sobreseimiento. El juez rechazó el pedido, planteando que "aún restan medidas de prueba por producir, como por ejemplo, el análisis de la documentación recolectada y entrecruzamiento de información entre los estudios periciales, los expedientes APE (ex Administración de Programas Especiales) cuyos troqueles resultaron apócrifos y los tratamientos médicos recibidos por los pacientes afiliados a OSPRERA”. Para el juez, y en eso coincide con el fiscal, "con el devenir de la investigación se arribó a la sospecha de que la Obra Social OSPRERA, era una de las obras sociales que formaba parte de la cadena de comercialización ilícita de sustancias medicinales que estaban destinadas a programas especiales de distribución gratuita por el Ministerio de Salud de la Nación".
Hablando de mafias
Hay decenas de denuncias y pruebas que demuestran que un puñado de empresarios, sindicalistas y funcionarios, hacían negociados con la salud de miles de trabajadores y sus familias. Quizá las influencias de Venegas – o del propio Macri – puedan comprar su impunidad. Pero el escándalo ha revelado, para siempre, parte de los negociados que se traman alrededor de la salud.
En las últimas décadas hemos asistido a un brutal desfinanciamiento de la salud pública y a la creciente privatización del sistema en manos de clínicas y prepagas. El menemismo – en sociedad con la propia burocracia – impulsó la ingerencia de las prestadoras privadas en las obras sociales sindicales. Con la recuperación económica, los sindicatos recuperaron afiliados y asistieron entonces al manejo de cajas millonarias. Pero ese dinero no fue a la atención de los trabajadores, que siguieron teniendo pésimos servicios.
La mafia de los medicamentos reveló la faceta criminal de ese proceso. Cincuenta y dos sindicatos involucrados, junto a empresarios y funcionarios del gobierno “nacional y popular”.
Sin embargo, Gerónimo Venegas siguió todos estos años como si no hubiera pasado nada. Mantuvo la dirección de las “62 Organizaciones Peronistas” y el sindicato, desde donde se encargó de entregar los derechos de cientos de miles de peones rurales. Cobraban dos mangos por trabajar de sol a sol, y los pocos que estaban registrados y tenían obra social, quedaban a la merced de un hombre dispuesto a envenenarlos. Tan brutal es el desprecio por la vida de los trabajadores del “Momo”, que La Izquierda Diario reveló hace dos años que cobraba cerca de 200 mil pesos mensuales, 100 mil por administrar Osprera.
Macri critica las mafias, pero su modelo de sindicalista está embarrado hasta el cuello con la mafia de los medicamentos.
Nuestros sindicatos y nuestra salud
Algunos piensan que el rechazo al sobreseimiento de Venegas en realidad es un mensaje para todos los sindicalistas. Cuando fue detenido, todas las alas del sindicalismo peronista habían salido en su defensa (y la de sus propios negociados). Ya lo sabremos.
El Frente de Izquierda es la única fuerza que no tiene ningún compromiso ni con las burocracias sindicales ni con los que lucran con la salud de los trabajadores.
Por eso, en su programa fundacional plantea la nacionalización sin pago de los laboratorios que lucran con la salud del pueblo. Exige la provisión de medicamentos gratuitos a quienes lo necesitan, algo que hoy sufren con crudeza millones de jubilados. Y pelea por la expulsión de la burocracia sindical de las obras sociales, y que sean controladas democráticamente por comités de trabajadores elegidos en la base. Ante la crisis actual, hay que elevar los aportes de los empresarios que nos rompen y enferman. Nuestras vidas valen más que sus ganancias.
