Ad portas de la marcha nacional del 16 de abril convocada por estudiantes y en un año que estará marcado por el debate educativo y las demandas históricas del movimiento estudiantil, desde LID Chile desarrollaremos aspectos esenciales para entender la privatización de la educación en Chile y su posterior negocio ya cuestionado por miles. ¿Quiénes defienden la educación de mercado? ¿En qué momento se privatizó? ¿Cuál es el rol del Estado en el financiamiento de este derecho básico?
Lunes 13 de abril de 2015
El rol del Estado previo a la avanzada privatizadora
La educación como un derecho básico y fundamental para el ser humano no siempre ha sido garantizada como tal. La posibilidad de educarse en Chile durante largos años fue concreta para los sectores más acomodados de la sociedad. Recién por 1860 se promulgó la Ley General de Instrucción Primaria y con esto, la creación de un sistema de educación pública, nacional y gratuita, que no dio abasto para abarcar a la totalidad de niños y niñas que vivían en esa época.
Debido a las fuertes movilizaciones y protestas sociales de a principios del siglo XX, con la llamada “cuestión social”, en 1920 de dictó la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, la que permitió una mayor universalización de la educación, bajo una enseñanza pública y gratuita durante los primeros cuatro años de instrucción, antes de que los niños cumplieran 13 años de edad. Aún no se daba respuesta a la educación superior, la que seguía siendo un privilegio de algunos.
En 1965 y bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva se aumentó los años de educación básica a ocho años de formación, y ya en 1970 bajo el gobierno de la Unidad Popular, la educación superior comenzó a tomar mayor fuerza y alcance hacia sectores obreros y populares. En los 70’ existían ocho universidades con sedes en regiones, las que impartían educación profesional y técnica: Universidad de Chile, Universidad Católica, Universidad de Concepción, Universidad Técnica del Estado (hoy Universidad de Santiago), Universidad Católica de Valparaíso, Universidad Austral, Universidad Católica del Norte y Universidad Técnica Federico Santa María. En este sentido, el Estado financiaba el 80% de los recursos que se requerían por medio de la Ley de Presupuesto y Leyes Especiales. Esta realidad se mantuvo hasta el Golpe Militar, posterior a este la educación cambió de carácter.
Privatización de la educación en Dictadura
Durante la Dictadura Cívico Militar, específicamente en la década del 80’, la derecha del país junto a las Fuerzas Armadas y empresarios, dieron paso a una reestructuración del sistema político y económico, impulsando la avanzada del neoliberalismo y con esto, una década de privatizaciones. Se privatizó la vivienda, la salud, se crearon las AFP (José Piñera, quien también creó el Plan Laboral), hubo ola de privatizaciones de empresas que antes estaban en manos del Estado, se privatizaron recursos naturales como el cobre, y también la educación se convirtió en un negocio millonario que persiste hasta la actualidad.
La educación secundaria y primaria sufrió un duro golpe. En 1981 se municipalizó la educación, es decir, antes de eso existía un sistema donde los recursos entregados por el Estado eran traspasados directamente a las escuelas, pero desde la entrada en vigencia del Decreto Ley 3.476, llamado Ley de Subvenciones, se implementó un sistema donde el financiamiento de las escuelas dependería de la cantidad de estudiantes que asistan a las aulas. Por eso que en la actualidad es tan importante la “asistencia” de los alumnos, pues los colegios dependen de esta realidad, sin importar las necesidades concretas de un establecimiento.
Además, la municipalización dio paso a un desligamiento del Estado en la educación primaria y secundaria, ya que ahora son las municipalidades de manera autónoma las que deben “velar” por la educación específica de su comuna, donde las comunas más empobrecidas y con un municipio con menos financiamiento y más problemáticas que solucionar, se ven directamente perjudicadas y aisladas.
Por otra parte, el Estado comenzó a subsidiar a las escuelas privadas en desmedro de la educación pública. Se les permitió a los establecimientos particulares seleccionar, lucrar y cobrar aranceles a través de la política de Financiamiento Compartido (1993), además de la creación de escuelas “particulares subvencionadas” las que hasta el día de hoy deben competir con las institucionales municipales.
Según datos entregados en el documento “Modelo educacional Chileno” del Observatorio Social, “entre 1982 y 1990, los recursos públicos destinados a educación disminuyeron un 28,2% en términos reales, mientras que el gasto público total sólo cayó un 9%”.
El negocio educativo en los gobiernos post Dictadura
Los primeros gobiernos de la Concertación se encargaron de patentar la privatización de la educación impulsada en Dictadura. Esa así como el 10 de marzo de 1990 se crea la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), la que permitió la creación de establecimientos educacionales privados bajo el concepto de “libertad de enseñanza”. Esta ley fue criticada por el movimiento secundario en la conocida “revolución pingüina” del 2006, donde el gobierno de Bachelet terminó desviando la movilización y creando la LGE, ley “gemela” de la LOCE. La municipalización, los subsidios a los privados y la defensa de los establecimientos privados siguen defendidos por las leyes actuales.
Además en 1993 ya se había creado el Financiamiento Compartido que permitió el “copago” mensual de los padres y apoderados en colegios municipales (enseñanza media) y particulares subvencionados. La subvención del Estado a los establecimientos privados en el año 2013 fue para 4.874 sostenedores, los que administran un total de 6.017 establecimientos.
En términos concretos, el sistema educacional en Chile es costeado por el Estado y por privados, donde este último sector tiene bastante peso sobre todo en la educción superior. Según datos entregados por la OCDE, en el caso de la educación escolar, aproximadamente el 21% es financiado por privados y un 78% por el sector público, mientras que en la educación superior un 76% es costeado por privados y un 23% por el Estado. Si se junta el presupuesto tanto de la educación escolar junto con la enseñanza superior, el Estado estaría financiando alrededor del 58% de la educación en Chile, mientras que el sector privado un 41%.
En cuanto a la educación superior, en 1981 se promulgó la Ley General de Universidades, lo que permitió la creación de universidades privadas, institutos profesionales y centros de formación técnica. Además se crearon dos aportes: Aporte Fiscal Directo (AFD), destinado a financiar la investigación científica y tecnológica, y el Aporte Fiscal Indirecto (AFI), el que actualmente es distribuido entre las instituciones que matriculen a los alumnos con los 27.500 mejores puntajes de la PSU, sin importar si es una universidad privada o estatal, provocando mayor competencia.
Además del bajo financiamiento del Estado hacia la educación superior pública, se suma el fuerte endeudamiento en los jóvenes, los que deben estudiar mediante créditos entregados por bancos y empresas privadas, y también por el Estado. En gran parte la educación superior también se costea gracias a este endeudamiento a través de los créditos universitarios.
