El déficit habitacional subió drásticamente este año, alcanzando los 700 mil hogares, siendo la cifra más alta en 25 años. No se trata sólo del problema de campamentos, sino también del "hacinamiento habitacional". Es urgente que las y los trabajadores, junto a las poblaciones y barrios, se organicen para que la vivienda sea un derecho y no un negocio.
Viernes 2 de julio de 2021
El déficit habitacional subió drásticamente este año, alcanzando los 700 mil hogares. Se trata de la cifra más alta en 25 años, agravada por la crisis social y la pandemia, a lo que se suma los campamentos que siguen creciendo.
Según un catastro del MINVU (Ministerio de Vivienda y Urbanismo) entre el año 2020 y lo que va del 2021, existe un total de 81.643 familias las cuales se distribuyen en 969 campamentos a lo largo del país, donde cabe mencionar que viven 57 mil niños y niñas, y el 93% de los campamentos no cuenta con agua potable regular.
El subsecretario del MINVU, Guillermo Rolando, afirmó que está en plena ejecución un presupuesto histórico el cual alcanzaría los 6 mil millones de pesos, con el cual se podrían construir unas 110 mil viviendas; no obstante, esta cantidad de viviendas no llegaría a cubrir las miles de familias que necesitan un hogar, transformando el derecho a la vivienda en un mercado, haciendo que las familias se endeuden por el “sueño a la casa propia”, como te los dicen las millonarias inmobiliarias.
Luis Fuentes, director del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica, en una entrevista con el Mostrador en La Clave, señaló que “la situación de acceso a la vivienda es dramática”, además menciona que “nuestros cálculos hasta el 2017 mostraban un déficit de 470.000 viviendas y durante estos años, con la pandemia y crisis social, se ha ido acrecentando. A eso le tienes que agregar la gente que vive en campamentos, más de 81.000 familias”.
Sin embargo, el académico sostiene que los campamentos solo son “la cara visible del déficit habitacional, pero hay un problema oculto que es el hacinamiento habitacional, porque un 60% del déficit son hogares allegados”.
El Estado se ha encargado de entregar los proyectos de vivienda a sus amigos empresarios, que por lo general lo construyen de mala calidad, haciendo un mal vivir para las familias que con ansias esperan su hogar. Lo que se condice con lo señalado por Fuentes: “Nuestros estudios muestran que cerca de un 40% de las compras de departamentos que se hacen en Santiago son para inversión, no son para primera vivienda”.
Nosotras y nosotros, trabajadores y pobladores, si nos organizamos podemos imponer que la vivienda sea realmente un derecho, sobre todo cuando plata hay. Por ejemplo, en Antofagasta, siendo una de las regiones más ricas del país, son más de 7 mil las familias que viven en campamentos, mientras los grandes empresarios enriquecen sus bolsillos: recordemos a la familia Luksic que duplicó sus ganancias en más de 84%.
De que existen recursos, existen; es por eso que hace falta que las y los trabajadores, junto a las poblaciones y barrios, podamos organizarnos en comités de viviendas, donde vean las necesidades de cada familia y se luche por este derecho tan sentido. En octubre del 2019, Chile despertó por las malas condiciones en que vivimos hace más de 30 años, donde cientos de cabres les costó los ojos, algunos la vida, y otros estar presos por el mismo Estado que nos declaró la guerra. Es por eso que debemos seguir la lucha e impulsar el derecho a la vivienda en todos los lugares de trabajo y vecinal, para que sea un derecho y no un privilegio.
Mia Valdivia Cerda
Auxiliar de aseo del Hospital Regional de Antofagasta, concesionaria Siglo XXI
