PANORAMA POLITICO. El tercer semestre, las elecciones y la hora de la verdad

Si el primer semestre del macrismo fue el del “sinceramiento” que afectó la vida de millones y le generó grandes ganancias a unos pocos, y el segundo fue el de las promesas de crecimiento incumplidas, podría decirse que el “tercer semestre” que arrancó con el 2017 será decisivo para definir cómo llegará el gobierno a una disputa política clave que tendrá lugar durante la segunda parte del año.

Ya sin margen para seguir tirando solamente con promesas y ayuda de senadores, diputados, gobernadores y cúpulas sindicales, el macrismo deberá afrontar en agosto y octubre el test electoral que definirá su futuro político.

La marcha de la economía, como siempre, jugará un rol central que incidirá en cómo millones decidirán su voto. El gobierno lo sabe y por eso a fin de año Macri había dicho que su gestión sería juzgada "por si puede o no reducir la pobreza".

Desde ese punto de vista el panorama no viene alentador para el macrismo. Los datos difundidos ayer por el INDEC dan cuenta de una situación difícil para la mayor parte de la clase trabajadora. Según las estadísticas oficiales, al término del tercer trimestre de 2016 la mitad de la población con ingresos ganaba menos de 8000 pesos mensuales, mientras que 7,2 millones de personas tuvieron ingresos menores a $ 5.000 mensuales. A su vez, la desigualdad alcanzaba niveles muy importantes: de acuerdo al comunicado de prensa del organismo, la diferencia entre el decil que menos ingresos tuvo respecto del que más consiguió fue de casi el 2500 %.

Partiendo de ese panorama, y si el veredicto de las urnas surgiera de las primeras medidas del año que recién comienza, el mismo resultaría claramente adverso para el presidente. A menos de una semana de comenzado el 2017 ya han tenido lugar importantes aumentos en naftas, peajes, parquímetros, medicina prepaga, patentes, telefonía celular y tributos municipales, a todo lo cual habrá que agregar los incrementos previstos en los servicios públicos. Los incrementos van desde menos del 10 % en la medicina prepaga hasta más de 100 % en peajes.

Como una ironía de su propia política, el macrismo pagará el malestar social por uno de los tarifazos más cuestionados, el del gas, cuando lleguen las primeras boletas de invierno, justo antes de las PASO.

Si todo esto no ayuda precisamente a mejorar el humor popular, también es cierto que el macrismo recibe cuestionamientos a su vez desde las clases dominantes, como es el caso de la Unión Industrial Argentina que pide una mayor devaluación (que afectaría el salario), o el del establishment financiero que exige más ajuste fiscal. Esto redunda además en que no habrá importantes inversiones antes de octubre, que es cuando los grandes capitales evaluarán si el gobierno sale fortalecido del proceso electoral para aplicar un plan económico de mayor ataque a los trabajadores, o si por el contrario saldrá debilitado y empezará su cuenta regresiva hacia 2019. La asunción de Donald Trump complica aún más este panorama. Las medidas que propone el nuevo ministro Dujovne para “bajar el costo del trabajo”, o la eliminación de restricciones al ingreso de capitales dispuesta ayer, no parecen ser suficientes para convencer a los hombres de negocios.

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Frente a esta situación, el gobierno se ha propuesto pasar este largo interregno hasta octubre en base al endeudamiento y a un plan de obras públicas millonario que alimente un poco la alicaída actividad económica y muestre “gestión”, mientras define quiénes serán sus candidatos en los principales distritos del país y mira de reojo las internas del peronismo y la alianza de Massa con Stolbizer.

Sin embargo, esas medidas, no está claro si serán suficientes para convencer de que "lo peor ya pasó" y el futuro será mejor, o si por el contrario serán insuficientes para compensar en el humor popular la inflación, los tarifazos, las suspensiones y los despidos. Un problema adicional es que la distribución de fondos del gobierno nacional trae aparejados nuevos conflictos políticos: los gobernadores que durante todo 2016 aportaron a la estabilidad del macrismo, están dejando sentir estos días su malestar por los ingresos millonarios que recibirá la provincia de Buenos Aires en perjuicio de otros distritos.

Es que lejos de planificarse para atender a las necesidades de millones, la obra pública es un gran negociado para los amigos del poder y un arma electoral utilizada donde el gobierno de turno más la necesite, en este caso en el mayor distrito electoral del país donde se jugará la “madre de todas las batallas”. Las acusaciones y procesos judiciales contra el kirchnerismo, así como el involucramiento del grupo Macri junto con amigos y familiares en negocios como contratistas del Estado desde hace décadas, muestran el involucramiento de todo el arco político en estos entramados de corrupción, así como también su utilización con jueces y servicios de inteligencia adictos para atacar a tal o cual figura política en tiempos electorales.

Otra incógnita que se develará en los próximos meses tiene que ver con las paritarias en las que se definirá no sólo el nivel de conflictividad del año sino también el salario de millones en un marco de tarifazos, alta inflación y una situación de pérdida del salario que se arrastra desde 2016, sin descartar que la continuidad de la recesión económica dé lugar también a importantes luchas contra cierres y despidos.

La CGT amenazó con hacer una reunión

Frente a la complicada situación de la clase trabajadora reflejada ayer por las estadísticas del INDEC, el triunvirato de la CGT amenazó con una medida muy dura como organizar una reunión “de emergencia”. Se siguen burlando de los trabajadores.

"A fines de 2016 las principales cámaras empresarias, la CGT y el Gobierno firmaron un acuerdo para evitar situaciones conflictivas hasta que se reactive la economía. Es llamativo que mientras se anuncia una revisión de los costos laborales y una reducción de los tributos continúe habiendo cesantías", indicó el comunicado de la CGT difundido ayer, firmado por Juan Carlos Schmid.

Como es su costumbre, las cúpulas sindicales siguen posando con posturas críticas, mientras que en los hechos no toman ninguna medida de fuerza que sea el comienzo de un plan de lucha por los reclamos de todos los trabajadores. La izquierda y el sindicalismo combativo denuncian la tregua y exigen paro nacional contra los despidos, por la recomposición del salario, para apoyar los conflictos en curso como el del Ministerio de Educación, por la anulación del impuesto al salario y el conjunto de los reclamos de la clase trabajadora.

Si hay ajuste, que haya represión

Cuando se apagan las cámaras, la verdad que se discute puertas adentro del macrismo es que el ajuste genera y seguirá generando un fuerte malestar social por la impopularidad de sus medidas.

Por ese motivo, y también para complacer a una base de derecha, las medidas económicas van acompañadas de una fuerte campaña antipiquetes como la que llevan adelante esta semana Horacio Rodríguez Larreta y su gabinete a pedido de Macri, e instalaron la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad para criminalizar y estigmatizar a la juventud. Preparan el terreno para la represión a la protesta social y para darle mayor poder a las fuerzas de seguridad, que son las principales involucradas y organizadoras del gran delito. Mención aparte merece la alianza oportunista de Massa y Stolbizer, cuya división alrededor de la baja de edad de imputabilidad muestra el carácter de su acuerdo político, así como el falso progresismo de la líder del GEN.

Frente a este panorama político, el PTS y el Frente de Izquierda, que vienen de realizar un multitudinario acto en el estadio de Atlanta, se preparan para redoblar en este 2017 los esfuerzos en las luchas de los trabajadores, las mujeres y la juventud y potenciar en las elecciones una alternativa política con un programa para que la crisis la paguen los capitalistas.