A poco más de un año del acuerdo YPF - Chevron, el Congreso Nacional convirtió en ley, generalizó y profundizó los beneficios otorgados a la petrolera norteamericana. El único proyecto alternativo fue el presentado por Nicolás del Caño junto a Raúl Godoy (PTS-FIT).
Domingo 28 de agosto de 2016 01:45
Días antes del acuerdo entre la Sociedad Anónima YPF y la multinacional norteamericana Chevron (o entre sus respectivas empresas "off shore"), el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner firmó un decreto a su medida, el 929 (julio de 2013).
Ese decreto estableció un "Régimen de promoción de inversión para la explotación de hidrocarburos". Se inauguraba un régimen especialmente entreguista para la explotación no convencional. Entre otros beneficios, ese decreto aseguraba a las firmas que invirtieran más de 1.000 millones de dólares en 5 años, que gozarían del "derecho a comercializar libremente en el mercado el 20% de la producción de hidrocarburos", disponiendo a gusto del 100% de las divisas provenientes de dicha exportación.
Durante largos meses del año 2014, el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y las empresas petroleras, negociaron una ley que profundizó los beneficios para todas las petroleras: la ley 27.007, finalmente promulgada el 30 de octubre de ese año.
La nueva ley de hidrocarburos redujo el piso para entrar al "régimen de promoción" de 1.000 a 250 millones de dólares, y el plazo para exportar parte de su producción con 0% de alícuota, de 5 a 3 años. Establece, a su vez, un plazo de 35 años para las concesiones de explotación no convencional (fracking). Determina que las regalías a pagar por las empresas serán de un 12%, pero que esa cifra se puede reducir a un 5% si así lo disponen las autoridades provinciales. Obviamente, del impacto socio-ambiental de la actividad petrolera, ni una palabra. Se impuso entonces un estatuto de coloniaje, a la medida de empresas como Chevron, la anglo-holandesa Shell, o la francesa Total, entre otras.
La única oposición en el Congreso
Mientras se desarrollaba el debate sobre la ley de hidrocarburos, un equipo de trabajo compuesto por el entonces diputado nacional Nicolás del Caño y el actual diputado provincial de Neuquén Raúl Godoy, trabajaba el único proyecto alternativo. El equipo, junto a especialistas de la Universidad Nacional del Comahue y en consulta con organizaciones socio-ambientales y miembros del pueblo mapuche, dio a luz a un proyecto que luego fue firmado por los diputados Néstor Pitrola y Pablo López (PO-FIT).
A continuación, las claves del proyecto.
Contra la entrega nacional
En sus fundamentos, el proyecto sostiene que las empresas privadas del sector hidrocarburos sólo han buscado, históricamente, maximizar sus ganancias inmediatas, sin contemplar el futuro energético ni el bienestar social. El caso de YPF S.A., con un 51% estatal (y un 49% que incluye grandes magnates y buitres), no fue más que una forma de garantizar condiciones atractivas para grandes multinacionales.
Esa afirmación se confirma hoy cuando, aún tras la caída de los precios internacionales del petróleo y el gas, el gobierno nacional, con el ex-CEO de Shell a la cabeza, aumenta el precio del gas en boca de pozo, continúa el aumento del precio de las naftas, y mantiene la política de "precio sostén" del gobierno anterior: ganancias fabulosas para las petroleras. Todo esto mientras se sigue importando energía, y sin poder demostrar una sola medida que vaya en el sentido de la "soberanía energética".
El proyecto del Frente de Izquierda sostiene que es necesario nacionalizar los recursos (hoy provincializados) y crear una YPF 100% estatal, expropiando las empresas de más de 100 trabajadores dedicadas a la exploración, explotación, producción, refinación, almacenamiento, transporte y distribución de hidrocarburos. A su vez, sostiene el control obrero sobre toda la industria, mediante un Consejo General de la Industria Hidrocarburífera.
Contra el atropello a las comunidades originarias
Desde el acuerdo YPF - Chevron se multiplicaron los ataques a los derechos de las comunidades mapuce, violando incluso leyes nacionales, y acuerdos previos. El caso más emblemático es el del Lof Campo Maripe, que tiene su territorio histórico ocupado por decenas de torres, "picadas", camiones con miles de litros de agua y químicos contaminantes, etc. Las actividades tradicionales del Lof, como la ganadería, se vieron altamente afectadas. Ni hablar de las consecuencias a largo plazo de los derrames y accidentes cotidianos. El Estado Provincial no reconoce siquiera el relevamiento territorial que él mismo había iniciado.
El proyecto del FIT, en cambio, sostiene que no podrán realizarse actividades sin previa consulta a las comunidades superficiarias. A su vez, establece la representación de dichas comunidades con voz y voto en el Consejo de la Industria.
Contra la miseria social
Las empresas la "levantan en pala", pero en la región solo dejan un tendal de miseria y desigualdad social. En las localidades petroleras aumenta inmediatamente el costo de vida. En Añelo, por ejemplo, mientras a las empresas se les garantiza el acceso a la tierra por la insólita suma de $5 el metro cuadrado, el pueblo trabajador no accede al agua potable, al gas de red, a la salud ni a la educación de calidad. Se multiplica la prostitución y la trata de personas, el consumo problemático de sustancias, la ludopatía y los accidentes de tránsito.
El proyecto del FIT sostiene que, de los recursos obtenidos por la actividad hidrocarburífera, el 10% se deberá destinar a educación, el 10% para la salud, el 15% para vivienda, y 5% para planes de obra pública.
Contra el destructivo impacto ambiental
El "fracking" o fractura hidráulica es un método para extraer hidrocarburos a miles de metros de profundidad, atrapados en en formaciones poco porosas. Para fracturar la "roca madre" se utilizan miles de litros de agua y cientos de compuestos químicos altamente contaminantes, de los cuales sólo se "recupera" entre un 9 y un 35%. El "retorno" se inyecta en pozos sumideros, o se "trata" en basureros petroleros en zonas urbanas. Es una técnica prohibida en varios de los países de origen de las petroleras que la realizan. Contamina cielo, tierra y agua, y afecta tanto la biodiversidad como la salud humana. Entre otras enfermedades posibles, se encuentran: cáncer, problemas respiratorios, daños cerebrales, desórdenes neurológicos, hipersensibilidad a químicos, etc. Las poblaciones cercanas a los basureros petroleros vienen luchando sin respuestas favorables por parte del Estado provincial.
El proyecto del FIT plantea superar el fracking, destinar un 10% de los recursos obtenidos de la actividad hidrocarburífera al desarrollo de energías renovables, especialmente a las de mayor potencial en Argentina, y un 3% para la investigación, remediación y prevención del impacto ambiental, apostando a la necesaria diversificación de la matriz energética.
