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Red Internacional
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Universidad Autónoma Metropolitana. Elección de rector general en la UAM: ¿democracia o autoritarismo?

Como cada 4 años, este 5 de junio salió la convocatoria para el concurso mediante el cual la Junta Directiva de la UAM definirá al nuevo Rector General.

Lunes 26 de junio de 2017

Según la Ley Orgánica de la universidad, la Junta Directiva debe estar integrada por nueve personas “honorables, de reconocido prestigio y competencia profesional”. A su vez los integrantes de dicho organismo son nombrados por el Colegio Académico, el cual es presidido por el Rector General.

En tiempos como los que vivimos hoy, en que el poner en jaque a la educación pública, crítica y al servicio del pueblo encabeza la agenda política del gobierno y de las clases dominantes, es necesario que nos cuestionemos quiénes toman las decisiones sobre el futuro de la universidad y al servicio de quién están estas decisiones.

Por ejemplo, ¿por qué intereses velan personas como José Luis Valdés Ugalde, recientemente designado miembro de la Junta Directiva?

Valdés Ugalde fue nombrado director del Centro de Investigaciones Sobre América del Norte (CISEN), de la UNAM, en el 2001 por el entonces rector Ramón de la Fuente. Además fue designado, también en el 2001, Consejero Adjunto de Agenda de Riesgo de la extinta Oficina del Consejero Presidencial de Seguridad Nacional de la Presidencia de la República. Ha impartido cátedra en instituciones como el Colegio de Defensa Nacional y en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina Armada de México.

Como si no quedara ya claro que este señor ha colaborado con mucho ímpetu en instituciones y organismos que han hecho posible el avance en la militarización del país, José Luis Valdés fue elegido por el Senado de la República para ser Secretario Técnico en la Evaluación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1999.

¿Tiene algo de democrático el proceso mediante el cual se nombra a los rectores y al resto de funcionarios? ¿O es sólo una cúpula de “intelectuales honorables” que mediante una supuesta “auscultación” de la comunidad universitaria designan cada cuatro años a aquel o aquella que encabezará las decisiones de la UAM?

En realidad la estructura de “La casa abierta al tiempo” es antidemocrática y vertical. La auscultación que realiza la Junta Directiva para deliberar la elección de rector no es un mecanismo que permita que sean escuchadas las voces de estudiantes, maestros y trabajadores, quienes hacemos posible la vida de la universidad.

Frente a la falta de democracia dentro de la UAM resulta urgente que la comunidad universitaria exija la transparencia en el proceso de elección, debemos también exigir que los directores y rectores sean elegidos mediante voto universal, para que estos rindan cuentas al conjunto de la comunidad y no a nueve sujetos honorables que no tienen ninguna relación con la población universitaria.

Pero también es necesario que construyamos una gran organización que sea capaz de poner en pie un gobierno tripartito, integrado por trabajadores, académicos y estudiantes, y para que este sea representativo, con mayoría estudiantil.

Sólo así podremos pensar en la posibilidad de frenar los planes que pretenden privatizar y elitizar la educación, así como asegurar la basificación de todos y todas los académicos, el respeto a los derechos de los y las trabajadoras de la institución y la apertura de más plazas.

Una educación al servicio del pueblo no se consigue sólo al interior de las aulas. Por eso es necesario que los tres sectores de la universidad podamos construir una gran organización que, además de pelear al interior de la UAM por una educación pública, crítica y al servicio del pueblo, luche en las calles codo a codo con el pueblo trabajador, el magisterio combativo y los sectores oprimidos y explotados para poner fin a los planes privatizadores dictados desde la Casa Blanca, que atacan al sector educativo y al sector de la salud; y para acabar con el paquete de reformas estructurales que encarecen la vida y acaban con los derechos básicos de los trabajadores y las trabajadoras.