Editorial. Elecciones: entre los límites del “progresismo” de AMLO y la derecha neoliberal

Cada round del combate promete un espectáculo. Vuelan los golpes: acusaciones de corrupción entre el Morena y la coalición opositora que se postula como la mejor administradora de los negocios capitalistas, con el antecedente de haber aprobado las reformas estructurales -la energética, la educativa, la laboral- ordenadas desde Washington para redoblar el saqueo de recursos y la precarización laboral en México.

El caso de Francisco Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas, aviva la pelea ya encendida. Figura del PAN y de los gobernadores de la oposición, está acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero por la Fiscalía General de la República, en un despliegue inédito. Mientras desde el Congreso federal el Morena lo declara prófugo y presiona para que el congreso local retire el fuero, los gobernadores de la oposición de derecha y los legisladores locales cerraron filas en apoyo a Cabeza de Vaca y se niegan a nombrar un gobernador interino.

El primer golpe lo habían dado las autoridades del Instituto Nacional Electoral, contendientes que actúan a favor de la derecha patronal, cuando le “bajaron” las candidaturas a los morenistas Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, en dos estados -Guerrero y Michoacán- en donde el partido oficialista estaba arriba en las encuestas.

A un lado del cuadrilátero, la alianza opositora aglutina, con sus distintas refracciones en cada entidad, al partido Revolucionario Institucional, al Partido Acción Nacional y al Partido de la Revolución Democrática, los grandes perdedores de las elecciones de 2018, acreedores del repudio popular que tras la crisis de Ayotzinapa y los escándalos de altos funcionarios vinculados con el crimen organizado.

Al otro lado, ostentando su cinturón de “campeón popular”, AMLO -con 57% de la aprobación de su figura-, el Morena y su coalición integrada por el PT y el Verde Ecologista, que se aprestan a defender su título. Su gobierno enarbola la “oposición a los gobiernos neoliberales”, pero no ha dejado de favorecer a los capitalistas. Mientras da planes sociales con una mano, con la otra ha despedido a cientos de miles de trabajadores estatales contratados por honorarios en nombre de la “austeridad republicana”. De un lado, dice gobernar para el “pueblo”, del otro permite los despidos y los recortes salariales impuestos por trasnacionales y empresarios mexicanos.

En esta pelea, aún no se clarifican las consecuencias electorales de la tragedia de la Línea 12, donde la responsabilidad evidente es la negligencia criminal de altos funcionarios como los morenistas Marcelo Ebrard y Claudia Sheimbaum. No hay mejor defensa que un ataque, y por eso desde el Morena exigieron el desafuero del ex jefe de gobierno de la CDMX, hoy senador por el PRD, Miguel Ángel Mancera.

El escenario de la pandemia es donde se asienta el ring. Y, de cara a las elecciones, el gobierno apuesta al apoyo al acelerar la campaña de vacunación, en estos últimos tramos de la pelea. Busca también mostrarse como gestor responsable ante trasnacionales y empresarios, apresurando la vuelta a clases presenciales para el día siguiente a los comicios, para imponer un retorno a la “normalidad” sin garantizar condiciones seguras y sin que esté toda la población vacunada.

En busca del patrocinio capitalista

En esta pelea electoral brilla por su ausencia una política que defienda los intereses de las familias trabajadoras y los sectores populares. El Morena y la oposición buscan ganar el apoyo de los patrocinadores capitalistas, al mismo tiempo que buscan el favor popular.

Con máscara de feministas y ecologistas, el PRI, el PAN y el PRD buscan canalizar el descontento que pueda haber con el gobierno. Su objetivo es ganar posiciones hacia las elecciones presidenciales del 2024, y para eso ahora quieren engañar con poses de preocupación ante la violencia contra las mujeres, cuando la aplicación de los planes neoliberales ordenados por el imperialismo estadounidense sentó las condiciones para la violencia creciente. Se disfrazan de “ambientalistas” para hacer lobby a favor de las trasnacionales que quieren explotar los recursos renovables en México a partir del despojo de comunidades y pueblos originarios.

Fueron los gobiernos del PRI y del PAN, con el auxilio del PRD, los aplicadores de las privatizaciones, la entrega, la militarización del país y el florecimiento del crimen organizado -armas usadas contra los sectores populares para la acumulación por desposesión a favor de las trasnacionales mineras.

Su contendiente, el Morena, busca repetir la victoria electoral del 2018, apoyado en su discurso “progresista”, en el apoyo popular a la figura presidencial y la polarización con la derecha neoliberal repudiada por amplios sectores de la población.

¿Cómo sigue esta pelea? Aún no está dicho si el Morena retendrá el título de campeón con una mayoría absoluta en el Congreso o si deberá recurrir a la ayuda de sus socios electorales en la segunda parte del sexenio de AMLO, según el resultado dado a conocer por algunas encuestadoras. Es probable que el partido oficialista logre conquistar una parte importante de las gubernaturas en juego, en la actualidad en manos de los partidos patronales opositores, y hacerse de buena parte de los puestos que se votarán en los próximos comicios, con el horizonte puesto en reforzar su control hegemónico sobre las instituciones de la democracia de los ricos.

¿Para quién pelea el Morena?

Hartos de los gobiernos aplicadores de los planes neoliberales, amplios sectores de trabajadores, mujeres y jóvenes apostaron al Morena como opción antineoliberal. Las promesas de AMLO de “primero los pobres” generaron muchas expectativas y capitalizaron el descontento social.

Su discurso se combina con algunas medidas y gestos muy populares -como la “pensión” universal a los adultos mayores, el aumento al salario mínimo y otros planes sociales, la renuncia a los lujos de Los Pinos- en tanto que su orientación central busca garantizar los intereses de empresarios y trasnacionales, como se vio durante esta pandemia que aún no termina.

Lo cierto es que el gobierno de AMLO aplicó medidas que resultaron absolutamente insuficientes para enfrentar la crisis sanitaria que explotó en 2020 y se mantuvo el desmantelamiento y los avances en la privatización del sector salud. No revirtió en lo esencial el terrible legado de los gobiernos priistas y panistas, el resultado fue la tragedia de más de 220 mil personas fallecidas -según los datos oficiales- por covid-19.

Ante los despidos y las reducciones salariales impuestos por las patronales, el Morena, el PRI, el PAN y el PRD y todos los partidos satélites estuvieron de acuerdo, como ante la declaratoria de la industria maquiladora, la construcción y la minería como “actividades esenciales” en pleno pico de la pandemia, para favorecer que trasnacionales y empresarios como Ricardo Salinas Pliego, Carlos Slim y Germán Larrea continuaran amasando sus multimillonarias fortunas a costa de la explotación de millones de trabajadoras y trabajadores que dejan su vida en el trabajo.

Con una mano dando y con el mazo dando, como dice el refrán, la contracara de los planes sociales del gobierno es el avance de los despidos en el Estado y la continuidad de los contratos de simulación, para seguir negando prestaciones como vacaciones, aguinaldo, pensiones a las y los trabajadores que mantienen las operaciones de las instituciones estatales, como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF. Hizo votar en el congreso la regulación del outsourcing para tener mayor recaudación fiscal, pero en lo esencial mantiene la precarización laboral.

Ataca a las y los trabajadores que luchan por sus derechos, como en salud, en educación, y a las y los estudiantes normalistas -como en la Normal Rural de Mactumactzá que exigen plazas para enseñar a leer y escribir a les hijes del pueblo trabajador- y despliega una franca hostilidad contra la huelga del SutNotimex en defensa de su contrato colectivo de trabajo.

El movimiento de mujeres que tomó las calles contra la violencia patriarcal y por el derecho al aborto también se estrelló contra el muro de Palacio Nacional y el despliegue represivo que evidenciaron el ninguneo y la insensibilidad del gobierno ante las reivindicaciones de las mujeres y constituyen otra evidencia de los límites del discurso “progresista”.

De la misma manera, el discurso de “defensa de los derechos humanos” se quiebra en miles de pedazos ante las políticas antimigrantes, el rol de gendarme del gobierno, primero de Trump y luego de Biden, el cumplimiento con los compromisos de la fraudulenta deuda externa, la continuidad de la militarización y extienden los megaproyectos y la represión contra los defensores ambientales.

Por todas estas razones, consideramos que en esta pelea electoral el oficialismo y la oposición patronal, defienden los intereses del gran capital.

La pelea por la voz de los trabajadores, las mujeres y la juventud en las elecciones

Para intervenir en estas elecciones, quienes integramos el Movimiento de las y los Trabajadores, como parte del Frente de Izquierda Anticapitalista, impulsamos una candidatura obrera y socialista, encabezada por Flora Aco, trabajadora estatal reinstalada, como titular y Leda Victoria, trabajadora de la educación, como suplente. Con todo y pandemia, realizamos una enorme campaña militante para conseguir el registro de una candidatura de las y los de abajo.

Pero se impuso la antidemocracia de las instituciones del régimen, como el INE y el Tribunal Electoral, creados para legitimar los procesos electorales y perpetuar la proscripción para las organizaciones de los trabajadores y de la izquierda independiente. La candidatura del Frente de Izquierda Anticapitalista proponía un programa y tomaba como punto de partida la necesidad de una postura independiente respecto de los partidos del régimen y el Estado, lo cual creemos que es una necesidad imperiosa para el conjunto de las organizaciones obreras, populares y de izquierda que se reclaman independientes, que debe expresarse tanto en las calles, como en el terreno electoral.

Por eso, frente a los candidatos de la derecha, así como frente al Morena y quienes -incluidos sectores de izquierda- nos proponen votar por el “mal menor”, sostenemos que, en estas elecciones, los explotados y oprimidos no tenemos ninguna opción ni candidatos con registro que defiendan nuestros intereses.

Ante este escenario, en las elecciones dentro del distrito 23 de Coyoacán, proponemos que las y los trabajadores y la juventud puedan escribir la leyenda “Anticapitalistas” en el rubro de “candidatos sin registro”. Y a nivel nacional, llamamos a que en la boleta electoral se puedan escribir consignas que expresen las demandas de los trabajadores y los sectores populares, como, por ejemplo, “No al outsourcing”, “Por un regreso seguro a las aulas”,“Aborto legal en todo el país o “Por la solución de los conflictos obreros y populares”.

El desafío por delante es levantar una perspectiva combativa y de independencia de clase, que apueste a la movilización y los métodos de lucha de la clase trabajadora (como la huelga y el paro) para imponer nuestras demandas. Para pelear por esa perspectiva, desde el MTS consideramos fundamental poner en pie una gran herramienta política, una organización socialista, antiimperialista y revolucionaria, que luche por un gobierno de los trabajadores, los campesinos y el pueblo, como primer paso para avanzar en la expropiación de los capitalistas y la ruptura con el imperialismo.