Declaración. Elecciones presidenciales en Perú: "No nos representan"

Construyamos una alternativa socialista y revolucionaria de los trabajadores, las mujeres y la juventud

Las elecciones presidenciales y congresales del 11 de abril no resolverán los graves problemas económicos, sociales y políticos que aquejan a los trabajadores y la gran mayoría de pobres en el país, pues la crisis que vive el mundo es una crisis capitalista agravada por la pandemia del Covid-19. Precisamente por ello es fundamental comprender la política más allá de las elecciones presidenciales, y promover la organización y la lucha de las y los trabajadores para la defensa de sus intereses.

Las causas estructurales de estos problemas tienen que ver con la profunda crisis económica que ha implicado el cierre de fábricas de forma fraudulenta, despidos masivos y hostigamiento a los dirigentes sindicales, además de reducción y suspensiones de salarios y la prolongación de la jornada laboral en el sector industrial. El precio internacional de los minerales ha subido considerablemente, y, sin embargo, el obrero minero está mucho más abandonado y empobrecido, sometido a internamientos prolongados en los campamentos mineros, lo cual ha acrecentado el número de contagios y de fallecidos. Son los trabajadores quienes han enfrentado solos esta pandemia, sufriendo la enfermedad y la pobreza, mientras el Estado subvencionaba a los capitalistas con el programa millonario de Reactiva Perú y les perdonaba sus deudas tributarias.

Por eso el desempleo ha crecido al 9,6 % por voluntad de los propios empresarios y por la complicidad del estado, lo que significa que en los últimos meses más de un millón de personas se quedaron sin trabajo en las zonas urbanas, siendo en total 6 millones los desempleados en el país. Como bien lo menciona el INEI, estas cifras triplican los indicadores de desempleo del 2019. El salario también tuvo una variación negativa de 56,3%. Todos estos elementos han tenido su correlato en el incremento de la pobreza y la pobreza extrema, por esa razón UNICEF afirma que el incremento proyectado de la pobreza es de 10 puntos porcentuales, mientras que en el caso de la población menor de 18 años el incremento sería de 13 puntos, fomentando la desocupación de jóvenes que tampoco pueden acceder a educación superior. Esta crisis que vive el país ha sido el producto de recetas neoliberales que han enriquecido a la burguesía peruana y extranjera, a costa de la explotación del trabajador y el abandono de los servicios públicos, como la salud y la educación.

Frente a este hecho objetivo, el conjunto de candidatos que se postulan a la presidencia de la República solo apuestan a hacer más “eficiente” el estado, sin tocar los intereses fundamentales de los grupos de poder. La derecha continuista anuncia la profundización de las políticas neoliberales con mano dura o disfrazada de populismo, la centroizquierda y la izquierda del régimen propone tibias medidas redistributivas en el marco de ampliar las facultades de dicho estado, pero que no favorecen a los trabajadores. Todas estas iniciativas están orientadas, con diferentes énfasis y matices, a devolverle la legitimidad a las instituciones públicas abiertamente coludidas con la CONFIEP, a los poderes del estado y a los partidos políticos tan cuestionados por la población.

A esta grave crisis económica se suma el agotamiento del régimen político, por esa razón, para un sector importante de la población, estas elecciones no representan una salida, y, a menos de dos semanas del proceso electoral, un significativo porcentaje de los encuestados manifiesta que no votará por ninguno de los candidatos en carrera,mientras que un 21% (según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos IEP) manifiesta que votará blanco, nulo o viciado, mientras que el candidato con más votación apenas llega al 11% de las preferencias electorales.

Esto tiene que ver con la crisis orgánica (crisis estructural o crisis de conjunto) que se vive en el país la cual se expresa en la pérdida de credibilidad de los diferentes partidos políticos y sus líderes más renombrados, así como en la deslegitimación de las instituciones del estado y la incapacidad del modelo neoliberal para satisfacer las demandas económicas de un sector importante de la población. Esta crisis, que se abrió a fines del 2016 con los escándalos que hicieron publica la vinculación de la empresa Odebrecht con altos funcionarios del estado y con conocidos políticos, tuvo una expresión explosiva en noviembre del 2020 cuando miles se movilizaron masivamente a nivel nacional y echaron del gobierno ha Manuel Merino. Esta potente lucha, fundamentalmente juvenil, costó la vida de los estudiantes Inti Sotelo y Bryan Pintado quienes fueron asesinados impunemente por la policía nacional.

Sin embargo, la fuerza de estas movilizaciones fue desviada por la política de las centrales sindicales, los partidos reformistas y neo reformistas, y el resto de partidos del régimen además de los grandes medios de comunicación, quienes terminaron creando confianza en el nuevo gobierno de Francisco Sagasti y en el proceso electoral del 11 de abril en desmedro de la movilización social. A pesar de ello, la profundidad de la crisis económica genero nuevas luchas sociales como la de los obreros agrarios quienes, en diciembre del 2020 y enero del 2021, con bloqueo de carreteras y enfrentando con la acción directa a las fuerzas represivas, obligaron al congreso a derogar la patronal “ley de promoción agraria” promulgada durante el gobierno de Alberto Fujimori que solo favorecía de manera vergonzosa la acumulación de ganancias de los grandes empresarios agro exportadores.

El seguidismo a Vizcarra y luego a Sagasti y su política de conciliación con los empresarios, ha llevado a que la izquierda reformista y neo reformista y la burocracia sindical que controla las grandes centrales obreras, se termine desvinculando de las demandas más sentidas del pueblo trabajador y las grandes mayorías, esto ha llevado a que sectores reaccionarios y ultra conservadores, así como populismos de viejo cuño, cobren vida y hoy estén a punto de llegar al gobierno como lo demuestran las últimas encuestas presidenciales.

Es por esta razón que la derecha neoliberal, abiertamente pro empresarial y defensora de la constitución del 93, a pesar de ir dividida, hoy encabeza las preferencias electorales. A ello se debe que Yonhy Lescano, del tradicional partido derechista Acción Popular, apelando a un discurso populista y demagógico haya logrado encaramarse en el primer lugar, mientras que el millonario reaccionario y abiertamente misógino Rafael López Aliaga se ubica en los primeros lugares junto al también derechista George Forsyth y a la conservadora Keiko Fujimori hija del dictador Alberto Fujimori.

El rápido ascenso de la extrema derecha expresada en la candidatura de Rafael López Aliaga, quien al igual que Bolsonaro en Brasil hace demagogia con la lucha contra la corrupción de Odebrecht, representa un serio peligro para los explotados y oprimidos y para la clase trabajadora y las mujeres en particular ya que su programa y su política son profundamente anti obreras y van contra los derechos de las mujeres y contra los derechos democráticos en general. Que se fortalezcan este tipo de candidaturas es un llamado de alerta que plantea con toda crudeza la necesidad que los explotados y oprimidos se organicen independientemente de los empresarios y los gobiernos de turno, desechando la idea y la lógica del mal menor que fue convertida en sentido común por la izquierda reformista y neo reformista.

Esta izquierda, en sus diversas variantes electorales (juntos por el Perú, Perú Libre o Frente Amplio), no representa una alternativa independiente de la clase trabajadora ni expresan una postura de ruptura con el capitalismo y ni siquiera son coherentes con la demanda de acabar con la constitución de 1993. Por esa razón no se proponen luchar por un gobierno de los trabajadores y los sectores populares, y cuando se refieren a acabar con la constitución de 1993, reducen esta demanda a un cambio constitucional dentro del marco de las actuales instituciones, por eso no hablan de una Asamblea Constituyente Libre y Soberana que sea impuesta por la movilización y la auto organización obrera y popular que ponga en discusión los grandes problemas relacionados a la dependencia del país con el imperialismo y que materialice las principales demandas del pueblo trabajador como la necesidad de nacionalizar nuestros recursos naturales y las industrias mineras para obtener mayores ingresos; expropiar y estatizar con control obrero las clínicas privadas deudoras al estado, los laboratorios y las grandes cadenas farmacéuticas; o dejar de pagar la fraudulenta deuda externa para contar con los recursos suficientes para invertir en salud y educación y para reactivar la economía.

Dentro de este bloque se encuentra la candidatura de Verónika Mendoza del frente electoral Juntos por el Perú. Entre los diversos partidos que conforman este frente se encuentra Patria Roja, sumamente desprestigiado por su accionar en el seno del sindicato magisterial y por los malos manejos de los fondos de la Derrama Magisterial, lo cual fue denunciado por la potente huelga docente del 2017 y es una demanda recurrente de los profesores. Todos estos partidos que hoy conforman Juntos por el Perú no dudaron en apoyar las medidas burguesas del gobierno de Martin Vizcarra que golpearon duramente a la clase trabajadora, como el apoyo que le brindaron a la permanencia de la neoliberal Ministra de Economía María Antonieta Alva en el MEF rechazando así su vacancia, o el apoyo que le dieron a la gestión del ministro de Salud Víctor Zamora. Todo esto lo hicieron aduciendo la “defensa de la democracia y la defensa del estado de derecho”, con lo cual terminaron sosteniendo la institucionalidad heredada por Alberto Fujimori a través de la Constitución de 1993 y llevando a la práctica, una vez más, su lógica del mal menor que es la misma lógica que los llevo a apoyar la candidatura de Pedro Pablo Kuczynski en las elecciones del 2016. Actualmente, ellos, a través de la burocracia sindical que controla las grandes centrales de trabajadores y las organizaciones populares, sostienen al gobierno de Sagasti, por esa razón, y a pesar de la profunda crisis social que se vive en el país, no convocan a luchar, allanándole así el camino a sectores reaccionarios que terminan desvirtuando las justas demandas de los trabajadores y el pueblo.

El profesor Pedro Castillo de Perú Libre, quien ha tenido un repunte electoral en las últimas semanas - sobre todo en el sur peruano - más allá de su condición de dirigente sindical independiente de la vieja burocracia sindical de patria roja (que hoy va junto a Verónika Mendoza) y de haber protagonizado en su momento una de las huelgas más contundentes del magisterio, tampoco representa una opción de ruptura con el capitalismo porque su programa y su estrategia política, en líneas generales, son muy similares a la de Juntos por el Perú, ya que a lo máximo que aspiran es a ser parte de este estado para realizar reformas que no afecten los intereses de los grandes capitalistas. Marco Arana del Frente Amplio, quien también asume esta perspectiva reformista, ha perdido toda trascendencia política después de alinearse con sectores reaccionarios que llevaron a la presidencia a Manuel Merino quien termino echado por la movilización social.

Contrariamente a estas posturas, la presente crisis ha puesto en evidencia que el aparato estatal y sus instituciones, solo sirven para preservar los intereses de los capitalistas nacionales y extranjeros, así como los privilegios de la casta de políticos de turno y de las podridas burocracias sindicales. Por esa razón ex presidentes como Martin Vizcarra y su familia, y ex ministras como Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete, acompañadas de burócratas sindicales de la CGTP como Pablo Checa, entre otros y otras, terminaron beneficiándose irregularmente de las vacunas de la empresa china Sinopharm, mientras miles de pobladores de los sectores más empobrecidos se contagiaban diariamente de Covid-19 y muchos de ellos morían por no tener acceso a oxígeno medicinal o a los servicios sanitarios básicos.

Todos los días vemos que desde el estado se otorgan exoneraciones y beneficios tributarios a los grandes empresarios, mientras se despide a miles de trabajadores a través de la suspensión perfecta de labores. Desde instituciones estatales como el Tribunal Constitucional se le declara nulo el cobro de impuestos a empresas como Telefónica, mientras al sector salud se le recorta el presupuesto a pesar de la profunda crisis sanitaria y las carencias infraestructurales en los hospitales y los centros de salud. Desde el estado se blinda a corruptos como Martin Vizcarra y a policías asesinos de estudiantes, trabajadores y mujeres, mientras se sanciona duramente a los dirigentes obreros y campesinos que luchan por sus derechos como pasó hace poco con los compañeros del valle de Tambo.

Por eso decimos que este estado no representa los intereses y necesidades de las grandes mayorías explotadas y oprimidas del país. Por eso decimos que este estado no lo vamos a mejorar o “humanizar” cambiando unas cuantas leyes o haciendo una reforma constitucional en el marco de las actuales instituciones. No necesitamos “modernizar” ni ampliar el actual estado capitalista al servicio de los empresarios, necesitamos un estado de los trabajadores y los sectores populares.

Urgen cambios de fondo, los cuales no vendrán de la mano de los actuales candidatos a la presidencia, sino más bien de la lucha y la auto organización de la clase obrera y los sectores populares más golpeados por la presente crisis.

Para lo cual debemos retomar la lucha por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana que sea impuesta por la movilización y la auto organización obrera y popular, así mismo, debemos luchar por concretar un plan de emergencia para encarar la presente crisis que, entre otras cosas, se proponga: nacionalizar y estatizar con control obrero los recursos naturales y empresas estratégicas; estatizar y expropiar bajo control de los trabajadores las empresas privadas vinculadas al sector salud como las clínicas, laboratorios, plantas de oxígeno, cadenas de farmacias, etc.; la anulación inmediata de la suspensión perfecta de labores, la derogación del régimen CAS y terceros y el nombramiento y formalización de todos los trabajadores que se encuentran bajo estos regímenes que precarizan el trabajo; el no pago de la deuda pública sea interna o externa para tener recursos suficientes para reactivar la economía y repotenciar el sector salud y educación; la nacionalización de la banca y el comercio exterior para de esa manera acabar con la usura de los bancos y la competencia desleal que golpean duramente a los micro y pequeños empresarios del campo y la ciudad.

Para avanzar en ese camino debemos redoblar esfuerzos por unificar las luchas a escala nacional dando vida a un gran encuentro nacional obrero y popular que discuta y apruebe un plan de emergencia para encarar la actual crisis económica y sanitaria, donde se aprueben las medidas transicionales propuestas líneas arriba y la lucha por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, así como un plan de acciones concretas que nos permitan llevar a la práctica estas medidas. La lucha por estas demandas nos permitirá avanzar de mejor manera hacia la conquista de un gobierno de los trabajadores y los sectores populares.

La voluntad de lucha existe y eso quedó demostrado con la contundente lucha de los trabajadores agrarios que se tiraron abajo la reaccionaria ley del fujimorismo, o las luchas de los trabajadores CAS y terceros del sector salud, así como la lucha de los trabajadores mineros de Shougang contra la proliferación de los contagios de Covid-19 en sus campamentos, o la lucha de las mujeres en Tacna contra la impunidad policial y contra las redes de trata de personas que conmociono el país, o las diversas luchas populares y campesinas que se empiezan a dar en diferentes regiones contra la difícil situación económica que nos aqueja.

Sin embargo, la posibilidad de iniciar estos cambios profundos, solo será posible si en el marco de este proceso de lucha que empieza a abrirse a raíz de la actual crisis económica y sanitaria, somos capaces de dar vida a una alternativa socialista y revolucionaria que represente realmente los intereses de los trabajadores, las mujeres y la juventud. Una organización de esta naturaleza deberá proponerse luchar por el gobierno de los trabajadores y los sectores populares sosteniéndose para ello en la movilización y la auto organización obrera y popular. Para ello es fundamental recuperar el principio de la independencia política de los sectores empresariales, los gobiernos de turno, las ONGs, la burocracia sindical, el viejo reformismo y el neo reformismo pequeño burgués.

En ese entender, hacemos un llamado al pueblo trabajador, a las mujeres y a la juventud a organizarse para la defensa de sus intereses, recordando que la política no debe limitarse a un voto. Este 11 de abril no debemos votar por la derecha continuista, por el populismo conciliador con la CONFIEP ni por el reformismo del mal menor. Por ello los llamamos a votar nulo, blanco o viciar su voto, protestando así contra la demagogia y la hipocresía de los partidos políticos y sus candidatos que participan en estas elecciones, ya que ninguno de ellos representa realmente los genuinos intereses de los trabajadores y las grandes mayorías explotadas. No avalemos con nuestro voto a gobiernos que más temprano que tarde terminaran dándoles la espalda al pueblo trabajador y poniéndose del lado de los grandes empresarios.