Es directora del Sistema Integral del Desarrollo de la Familia (DIF) y su principal ocupación es despedir trabajadores contratados por honorarios o servicios profesionales, sin prestaciones laborales y con salarios bajos. Uno de los últimos casos es el de Alejandra Sepúlveda, trabajadora que impulsa la campaña #Queremos Trabajo Digno, se organiza contra los despidos y está embarazada.
Miriam Hernández, trabajadora de la UNAM Trabajadora del STUNAM
Miércoles 10 de julio de 2019
La vida política de Esthela Damián inició en el estado de Guerrero, de donde es originaria. Allí dio sus primeros pasos en el Partido Progresista de Guerrero, fundado por su padre.
La ambición política pudo más, y en 1997 se unió al Partido de la Revolución Democrática (PRD). Fue diputada local por ese partido a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal entre 2006 y 2009, luego diputada federal entre 2009 y 2012, posteriormente volvió como diputada local a la ALDF entre 2012 y 2015.
¿Saltó a la fama por iniciativas progresistas? No, sino porque en 2011 cuatro escoltas armados, supuestamente asignados para su protección por la Secretaría de Defensa, apuntaron con sus metralletas a una mujer que conducía una camioneta que les había cerrado el paso. La excusa para tener custodia: que el grupo rival a ella, el del jefe delegacional Alejandro Piña (de la Venustiano Carranza) “la quería matar”. Esto por sus disputas con el grupo de la experredista Ruth Zavaleta, que la había impulsado como diputada, al que luego dejó por el grupo de los Chuchos del mismo partido.
Cuatro años después, dos hechos marcaron su carrera política: en 2015 tras el estallido de la crisis del PRD –que gobernaba el estado de Guerrero cuando fue la masacre de Iguala y la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa- le negaron por enésima vez la candidatura a la jefatura delegacional de Venustiano Carranza, en la Ciudad de México. Fue la excusa para buscar oportunidades en otro partido, el Movimiento Ciudadano.
La misma política que en 2019 se regodea despidiendo trabajadores estatales contratados por honorarios y servicios profesionales, en 2015 declaró en una entrevista concedida a El Gráfico “Me definiría como una mujer de izquierda, de lucha social”. Hipocresía absoluta: nada más lejano a su práctica política.
Tráfico de influencias
Ese mismo año, salieron a la luz acusaciones contra Esthela Damián Peralta y su hermano Alfonso Damián Peralta, ex subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación de Guerrero luego nombrado, a pesar de los cuestionamientos, Auditor del Estado.
Como en tantos otros casos, no se indagaron las sospechas de que la entonces diputada local evitó que se investigaran las acusaciones contra su hermano por dar protección a funcionarios inhabilitados para ejercer cargos públicos y adjudicar contratos millonarios sin licitaciones públicas a empresas vinculadas con el crimen organizado. El caso quedó impune, y Esthela Damián Peralta siguió su carrera política como si nada.
Asamblea Constituyente: ausentes derechos laborales de trabajadores estatales
Entre 2016 y 2017 fue diputada de la Asamblea constituyente de la Ciudad de México. Una de sus participaciones fue sobre los derechos de los trabajadores no asalariados. En particular, estuvo a favor de la creación de un Fondo Mixto de ahorro para este sector de trabajadores, entre los cuales se incluía específicamente a vendedores ambulantes y artesanos. De las y los trabajadores estatales que laboran desde años sin prestaciones laborales, contratados por honorarios y servicios profesionales, ni una palabra.
Con total cinismo, en una de sus participaciones sobre el Artículo 15, Ciudad productiva, apartado B, Derecho al trabajo, numeral 13, sostuvo: “lo que vengo a reclamar a esta tribuna, que se le garantice a los trabajadores no asalariados su derecho a una vivienda digna, o solamente los que trabajan en el gobierno o solamente los que tienen Seguro Social, ¿cuándo vamos a dar un salto cuántico con relación al tema de los derechos de los trabajadores?”
Mentira que quienes trabajan en el gobierno tienen derechos. Gran parte de ellos no los tiene. El Estado, desde antes del gobierno de López Obrador, cultivó el outsourcing (como el caso de las y los trabajadores de intendencia de las dependencias gubernamentales, y otras modalidades de contratación que privan a los trabajadores de derechos elementales como la seguridad social, vacaciones y aguinaldo. Y ahora el plan de austeridad republicana de López Obrador consiste en dejar en la calle a los trabajadores estatales precarizados y a sus familias y recortar presupuesto de servicios sociales como salud y educación.
Salto de chapulín del Movimiento Ciudadano a la dirección del DIF
En 2017, Esthela Damián renunció a Movimiento Ciudadano. Alegó no estar de acuerdo con el Frente Ciudadano por México, la alianza electoral entre ese partido, el PAN y el PRD. Fue luego una de las coordinadoras de la campaña de Claudia Scheinbaum (Morena), hoy jefa de gobierno de la Ciudad de México. Apostó al partido ganador en el contexto de la crisis de los partidos patronales tradicionales.
La recompensa fue la dirección del DIF de la Ciudad de México, la dependencia que administra la principal porción de planes sociales de la capital del país. Gana ni más ni menos que $100,136.
Apenas llegada al cargo, ya para el 30 de diciembre de 2018, ordenó 900 despidos. A 150 trabajadores les ordenó firmar una renuncia a cambio del 40% de la indemnización que les correspondía por ley, y a 750 trabajadores por honorarios simplemente los corrió.
A inicios del mismo mes, fueron despedidos siete directores ejecutivos, 17 directores de área y cuatro subdirectores. Pero a estos altos funcionarios los liquidaron al 100 %, según dieron a conocer los trabajadores despedidos en esa primera fase.
En febrero pasado, profesores del programa “Niñas y Niños Talento” del DIF de la Ciudad de México, contratados por honorarios, denunciaron una reducción salarial del 3% en sus ya de por sí magros sueldos (entre $5,900 y $7,500). Ante la movilización y la protesta de los trabajadores, la respuesta de Esthela Damián fue el amedrentamiento y la intimidación para acallarlos.
La misma táctica ha empleado con las trabajadoras y los trabajadores que impulsan la campaña #Queremos Trabajo Digno. Hostigamiento, aislamiento, como en el caso de Flora Aco, la amenaza de despido en el caso de Ameyalli Mancilla y el despido de Alejandra Sepúlveda, defensora de los derechos de las mujeres y los trabajadores, quien laboraba en el DIF hasta fin de junio.
Contra los atropellos y la prepotencia de Esthela Damián Peralta, enemiga de los derechos de los trabajadores, es necesario rodear de la más amplia solidaridad la campaña por la basificación de todos los trabajadores estatales con plenos derechos laborales y por la reinstalación todas y todos los despedidos.
