Los irreductibles habitantes de Artieda llevan 40 años oponiéndose a los planes de recrecimiento del embalse de Yesa. Una lucha en defensa de sus medios de subsistencia y su propia seguridad frente a los intereses de los terratenientes aragoneses y las principales empresas constructoras.
Alejandro Bravo Madrid
Lucía Nistal @Lucia_Nistal
Miércoles 16 de diciembre de 2015
Foto: www.yesano.com
El embalse de Yesa, situado en el Pirineo Aragonés, se inauguró en 1959 inundando 2400 hectáreas y desplazando a más de 1500 habitantes y agricultores de la zona, como parte del plan Hidrológico Nacional franquista. Lamentablemente, la expropiación y el desplazamiento forzosos no son cosa del pasado. En 1985 se comienza a proyectar el recrecimiento del embalse y, tras un largo y accidentado proceso durante el cual se presentan informes de impacto ambiental y se aprueban diferentes planes hidrológicos, en junio del 2000 se adjudican las obras a una serie de empresas entre las que se encuentran FCC, Ferrovial o ACS. Esta última dirigida por Florentino Pérez y en la que trabajaba el antiguo secretario de Estado de Aguas que había tramitado el proyecto, Carlos E. Escartín.
Imagen del deslizamiento de la ladera derecha del Embalse de Yesa. Foto: www.yesano.com
El plan se aprueba dentro del marco de una serie de obras que tenían como objetivo el trasvase del Ebro hacia la cuenca mediterránea. Un macro proyecto de ingeniería que buscaba favorecer a los grandes propietarios agrarios del levante, cuyos intereses eran defendidos por el Partido Popular, entonces en el Gobierno.
Finalmente, la fuerte oposición que el trasvase generó en todo Aragón, impidió que se llevara a término. Sin embargo, muchas de las obras ya planeadas dentro del mencionado plan siguieron adelante, como es el caso de Yesa, esta vez con la connivencia de los terratenientes aragoneses, que podían verse beneficiados por la revalorización de sus propiedades.
La corrupción de la industria de la construcción también ha jugado un destacado papel en el mantenimiento de las obras de recrecimiento. Así, el proyecto ha sufrido el mayor desvío presupuestario de los últimos años en el Estado Español: comenzó con un presupuesto de 110 millones de euros y, lejos de haber sido completado, asciende ya a los 450 millones, lo cual resulta aún más insultante teniendo en cuenta los recortes de los servicios públicos llevados a cabo por la ofensiva neoliberal.
Para llevar a cabo esta obra tan desproporcionada como innecesaria, la administración ha expropiado a los habitantes de Artieda, la población más cercana al embalse, hasta 70 hectáreas, sirviéndose para ello del decreto de expropiación forzosa de 1955 que hace inútil la negativa de los afectados a firmar las expropiaciones. Algo que ha suscitado la respuesta y movilización de los vecinos del pueblo, organizados en la "Asociación Río Aragón contra el recrecimiento de Yesa".
Pero los vecinos no solo se han levantado en defensa de sus medios de subsistencia frente a los intereses de grandes empresas capitalistas, también advierten de los riesgos medioambientales y la posible catástrofe que el desprendimiento de la inestable ladera izquierda podría provocar, poniendo en peligro la vida de los habitantes de la parte inferior de la cuenca, tal y como explicábamos recientemente en este artículo de Izquierda Diario.
Foto: www.arainfo.org
La plataforma cuenta con un gran apoyo popular, el cual se ha hecho patente en cada una de las movilizaciones que han dirigido ante la entrada simbólica de representantes de la Confederación Hidrográfica del Ebro en el pueblo.
Esta resistencia explica la intensa represión a la que han sido sometidos aquellos que han alzado sus voces contra la impopular ampliación del embalse, cuyo último episodio se ha saldado con numerosos heridos tras la brutal carga de la Guardia Civil durante la última de las protestas a la entrada de Artieda y con la posterior imputación de 8 de los activistas y vecinos allí presentes. La fiscalía pide 37 años de cárcel y más de 22.000 euros en concepto de indemnizaciones para “los 8 de Yesa”, como popularmente se conocen desde entonces.
En respuesta a este intento de silenciar y criminalizar las legítimas protestas, se ha creado la plataforma por la absolución de los ocho de Yesa, para denunciar la represión y expresar la solidaridad con los encausados. Desde Izquierda Diario hemos tenido la oportunidad de hablar con dos de sus integrantes y realizarles una entrevista que publicaremos en los próximos días.
El caso de Artieda supone otro ejemplo de la dinámica perversa del sistema capitalista, en el que los intereses de grandes empresarios pasan por encima de cuestiones tan fundamentales como la supervivencia económica de poblaciones enteras, la sostenibilidad medioambiental o la seguridad de miles de vidas humanas.
Las expropiaciones a estos pequeños agricultores y la brutal represión a la que han sido sometidos, contrastan con los rescates a la banca y grandes empresas y la política de guante de seda con la que se responde a los corruptos, mostrando a las claras los verdaderos intereses a los que se deben el Estado Español y sus instituciones.
