PROYECTO Y POLÉMICA. “Emergencia social”: una salida de fondo

El gobierno de Mauricio Macri tuvo una mala pasada en el Congreso esta semana, por la aprobación en el Senado de ley de Emergencia Social. El proyecto, impulsado por varios movimientos sociales y organizaciones de trabajadores informales como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), contó el apoyo de casi toda la oposición: votaron a favor 45 senadores del FpV, parte del peronismo federal, el GEN, y varios más. Se opusieron once senadores de Cambiemos y dos peronistas. Ahora, el proyecto girado a Diputados, tiene plazo según el reglamento hasta el 20 de noviembre para recibir dictamen y poder ser tratado en sesiones ordinarias, lo cual deja poco tiempo y hace casi imposible el tratamiento parlamentario este año. De no lograrlo quedaría pendiente para su tratamiento en 2017. También podría ser incluido en las sesiones extraordinarias si los bloques opositores lo exigieran y lograran imponérselo al oficialismo.

Después de haberse asegurado un fin de año tranquilo gracias a la colaboración prestada por las conducciones sindicales cegetistas por la módica suma de un bono para menos de la mitad de los trabajadores (y que apenas representará en el mejor de los casos un 25 % de la pérdida salarial acumulada durante este año gracias a la escalada inflacionaria que generaron la devaluación y los tarifazos, entre otras medidas contra el bolsillo), esta iniciativa legislativa que la oposición pudo imponer en Senadores deja al gobierno en una posición incómoda. El gobierno vuelve a oponerse a un proyecto tendiente a paliar –muy módicamente– una parte del costo social de las medidas de política económica de Cambiemos, y la pobreza estructural que mantiene un piso alto desde hace décadas en la Argentina, y en aumento en los últimos 5 años aunque los relatos afirmaran que estaba ocurriendo lo contrario. Todas las alternativas de torpedear (y eventualmente vetar si llegará a aprobarse en diputados) este proyecto lo dejan mal parado; será otro recordatorio de que es un gobierno de los ricos para ricos.

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Un paliativo muy módico

El proyecto establece la creación de un millón de nuevos puestos de trabajo bajo el Programa Solidario de Ingreso Social con Trabajo en todo el territorio nacional, que abarca los planes Argentina Trabaja y Ellas Hacen. Al mismo tiempo, declara la Emergencia Social y la Emergencia Alimentaria. Establece que durante la vigencia de la primera se incrementarán en un 15 % los valores vigentes de la Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo para Protección Social. Dispone el incremento del 50 % “de todas las partidas presupuestarias destinadas a las políticas alimentarias y nutricionales”. También crea un Consejo de la Economía Popular, integrado por funcionarios de Trabajo y Desarrollo Social, así como representantes de las organizaciones sociales de la economía popular y empresas autogestionadas registradas por Trabajo. Este consejo debería proponer un Salario Social Complementario (SSC), con el objetivo de que los trabajadores de la economía popular alcancen un ingreso equivalente “como mínimo”, al del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM). Es decir, duplicar el monto de 50 % del SMVyM que perciben hoy quienes participan de Argentina Trabaja o Ellas Hacen.

Desde el gobierno nacional, la iniciativa ha sido rechazada aduciendo que no será efectiva. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, afirmó que “si se pudieran crear” puestos de trabajo por ley “sería todo más fácil”, pero “esa no es la solución”. Sin dejar de decir que el gobierno “está abierto al diálogo con las organizaciones sociales y la CGT”. Desde el oficialismo se ha puesto el ojo también en el costo fiscal que tendría el paquete, que rondaría los $ 130 mil millones en 2017. Parece mucho, y seguramente escucharemos en los próximos días declaraciones escandalizadas de Macri y sus ministros sobre la “irresponsabilidad” del proyecto. Claro, el gobierno siempre saca a relucir el problema fiscal cuando no se trata de un recorte de impuestos para beneficiar empresarios o de un gasto en algún proyecto de obra pública que ponga dinero en los bolsillos de algún contratista amigo. Cuando tenía menos de cinco días en el gobierno, ya había eliminado los derechos de exportación (retenciones) para todos los productos del agro y la industria, salvo la soja que tuvo un recorte de 5 puntos, a lo que se sumó poco después la extensión de este beneficio a la minería. Los planes de “incentivo” a empresas recortando pagos de Ganancias, IVA y Seguridad Social abundaron durante este año. El borrador del Plan Productivo Nacional prevé continuar con nuevos recortes de impuestos durante los próximos años para el empresariado, en aras de ganar “competitividad”. Mientras tanto, para el “impuesto al salario” apenas hubo una modificación a medias, como resultado de la cual pagan el impuesto más de los que lo hacían antes, mientras que los cambios en las escalas deberán esperar hasta 2017. Para los jubilados y beneficiarios de planes sociales, se votó la muy promocionada “devolución” de IVA, cuyo impacto sobre los alcanzados es prácticamente nulo, en gran medida por todos los condicionantes que tiene la norma votada. Como se ve, la “responsabilidad” fiscal se olvida cuando se trata de favorecer a los “dueños”, y no cuando la medida en cuestión podría favorecer a los trabajadores y sectores populares.

Para que nos demos una idea, los $ 130 mil millones que insumiría este plan, podrían fácilmente cubrirse si el gobierno revisara algunos de los llamados “gastos tributarios”, como se define lo que el Estado Nacional deja de percibir por la aplicación de alguna exención, alícuota diferencial y/o régimen de promoción económica sobre los impuestos nacionales. Esto incluye la desgravación de Ganancias para la renta de títulos públicos, depósitos bancarios y otros papeles financieros, la exención a dicho gravamen para jueces, la promoción económica a Tierra del Fuego, entre otras. En 2017 los gastos tributarios sumarán $ 315 mil millones, cómodamente más del doble de este paquete. Esto no tiene en cuenta el costo fiscal de haber anulado las retenciones, que sumaría cómodamente otros $ 80 mil millones. Incluso, con algo más de la mitad del presupuesto para los intereses de la deuda, que llega a $ 247 mil millones en 2017, sería factible hacer frente a esos desembolsos.

Como se ve, la plata podría estar; se trata de una cuestión de prioridades del gobierno nacional.

Dicho esto, el proyecto en discusión se queda corto ante la Emergencia Social que define. La insuficiencia de crear un millón de puestos de trabajo social y duplicar su monto (a cerca de 8 mil pesos) salta a la vista si tenemos en cuenta que la pobreza ronda los 14 millones (donde se suma la herencia dejada por la década “ganada” y los nuevos pobres que sumó la revolución de la alegría), y que una familia debe superar los $ 12.952 de ingresos mensuales para no ser pobre según las muy benévolas estimaciones del Indec (cifra que habría que elevar un 50 % como mínimo para hacer una estimación más realista, como evalúa la junta interna de ATE-Indec). El millón de puestos apenas permitiría emplear -con un ingreso paupérrimo- a la cantidad de jóvenes “ni ni” (que no estudian ni trabajan).

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Medidas de fondo contra la emergencia

Para atacar la emergencia social, agravada durante el primer año del gobierno de Macri, es necesario en primer lugar exigir un bono de fin de año para todos los trabajadores, jubilados y beneficiarios de planes sociales que debe ser ampliamente superior a los montos pactados entre el gobierno y las conducciones sindicales burocráticas. En las estimaciones realizadas por este diario, el monto debería ser de no menos de $ 12 mil para los asalariados. Podemos decir que no debería ser menos de $ 8 mil el bono para los beneficiarios de planes. Esto, solo para “recuperar” lo perdido con el aumento del costo de vida de este año.

El proyecto de Emergencia votado en Senadores no dice para qué habrían de destinarse el millón de empleos que se propone crear. Pero existen urgencias largamente postergadas de los sectores populares que tranquilamente podrían permitir crear muchos más que esos puestos, y con un salario acorde a la canasta familiar. El déficit de viviendas alcanza en la argentina a más de 3 millones. El gobierno de Macri se propone con la recientemente aprobada Participación Público Privada, poner en marcha proyectos multimillonarios con el objetivo primordial de generar grandes beneficios a la “patria contratista”, aspirando a que eso permita también que llegue la esquiva reactivación de la economía. Para atacar la emergencia, es necesario exigir que se destinen los recursos a poner en marcha un plan de construcción de viviendas populares muy superior a lo ejecutado en los últimos años, que no llegó durante ProCrear ni siquiera a las 400 mil viviendas prometidas por dicho plan (y este año cayó todavía más). ¿De dónde podrían salir los recursos para este plan? La eliminación de todos los “gastos tributarios” que mencionamos más arriba, así como de la elevación de impuestos a la riqueza podrían tranquilamente solventarlo.

La Emergencia Social, tal como está planteada en el proyecto, cristaliza la fragmentación de la clase obrera entre trabajadores con empleos “normales” (apenas un 37 % de los empleados), precarios y desocupados. Es necesario unir estos reclamos a la pelea contra el empleo en negro y los contratos basura (que no puede darse sin expulsar de los sindicatos a los burócratas que son parte interesada en mantener la flexibilización, tercerización y otras formas de degradación de las condiciones de trabajo de las que saben sacar provecho, como bien muestran casos como el de la Unión Ferroviaria de Pedraza).

Estas iniciativas, que permitirían atacar la “emergencia social” haciendo que sean los capitalistas los que paguen las consecuencias generadas por las políticas que tanto los han beneficiado, son algunos de los planteos que levanta el Frente de Izquierda, que este sábado 19 de noviembre sale a la cancha en Atlanta.