El suspendido fiscal regional de O´Higgins, Emiliano Arias Madariaga, podría ser destituido de su cargo, quien estuvo a cargo de la investigación a casos de corrupción, como lo son caso PENTA y SQM. Ahora, el fiscal nacional, Jorge Abbott, decidió iniciar un proceso de remoción en contra de Arias. Esto, luego de ser denunciado de presuntos delitos de faltas a la probidad.
Viernes 27 de septiembre de 2019
La Corte Suprema, de acuerdo con los antecedentes de la investigación administrativa realizada por el fiscal regional de Antofagasta, Alberto Ayala, será la que determine la continuidad de Arias en el Ministerio Público. La investigación cuenta de cinco conductas que son constitutivas de faltas administrativas que determinaron la decisión de la máxima autoridad de la Fiscalía de Chile.
La primera de ellas tiene relación con la extracción desde el sistema informático del Ministerio Público de información reservada hecho por el cual Arias será formalizado este viernes ante el Juzgado de Garantía de Rancagua.
Una vez termina la vista de la causa, será el pleno de la Corte Suprema quien, previa presentación del ministro investigador deberá acordar o no la remoción. En esta instancia, la Suprema podrá dar espacio a una audiencia de alegatos para ambas partes.
Anteriormente, en abril de este año, el fiscal de la Unidad de Alta Complejidad de la región de O’Higgins, Sergio Moya, denunció al fiscal regional Emiliano Arias señalando que habría cometido cuatro delitos en el marco de distintas causas judiciales. En el cual evidenciaba la influencia en el Caso Caval -en particular sobre el acusado Herman Chadwick- y las consecuencias que podría traer un juicio oral al gobierno recién entrante de Piñera, de modo que Arias le planteó cerrar esta arista, e incluso intentó cerrarla mediante un juicio abreviado y con penas menores a las legales.
De este caso podemos concluir dos cosas: Que el sistema judicial en Chile se encuentra en una decadencia profunda y que este actúa a la favor de los políticos y las instituciones corruptas del Estado. En donde de esta situación sólo se benefician los políticos de la generación de los PENTA-SQM, y sus amigos los empresarios.
Por esto vemos la necesidad de que cada parlamentario y ministro ganen lo mismo que una trabajadora. Porque si los políticos corruptos se favorecen de la corrupción de las instituciones y de los dineros de los empresarios, hay terminar con sus privilegios y esta casta política en la cual va destinada millones para parlamentarios y se traduce en leyes para el beneficio de los empresarios.
De aquí la importancia de la elección directa y popular de todos los jueces, además de la eliminación del Tribunal Constitucional, el cual es uno de los enclaves autoritarios heredados de la dictadura, designado por el Presidente y el Senado, no electos por el pueblo, cuya función es “proteger” la Constitución pinochetista; así también la disolución de la Corte Suprema y Corte de Apelaciones y realización de juicios por jurado popular, para terminar de una vez por todas con los políticos corruptos y los empresarios que resguardan en las instituciones sus intereses y privilegios.
