Como parte de los acuerdos con el gobierno de AMLO, el ex funcionario priísta comenzó a revelar los nombres esperados en los sobornos de Odebrecht, pero también involucró a los panistas, lo que causó un gran revuelo.
Raúl Dosta @raul_dosta
Viernes 24 de julio de 2020
Emilio Lozoya, extraditado y convertido en testigo protegido de la Fiscalía General de la República, comenzó a hacer las esperadas declaraciones, confirmando la participación del hoy ex presidente Enrique Peña Nieto y su brazo derecho Luis Videgaray en la larga trama de negociaciones con la empresa constructora brasileña.
Comenzaron justo en los tiempos de la campaña electoral que llevaría a Peña Nieto a la presidencia. Parte de los costos de la misma serían respaldados por los millonarios sobornos a cambio de concesiones contractuales con Pemex.
Lozoya confirmó que se reunió con un funcionario de Odebrecht para acordar la entrega de cuatro millones de dólares (aunque entonces sólo se recibieron 3 millones 150 mil) y asegura que informó de tal movimiento a Videgaray y a Peña Nieto.
También dijo que los 3.15 millones de dólares fueron usados en 2012 para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en específico para el pago a consultores extranjeros en materia electoral contratados por el entonces coordinador de la campaña, Luis Videgaray.
En aquellos días de campaña, Peña Nieto requería llegar sí o sí al poder, para impulsar por mano propia la institucionalización de la entrega de los recursos energéticos a empresarios extranjeros. Esto, tomaría forma en la Reforma Energética de 2014. De ahí que convergieran sus intereses con los de la constructora transnacional de origen brasileño.
Necesitaría dinero para la campaña electoral pero también para sobornar a los partidos opositores con el fin de implementar rápidamente la Reforma. El dinero estaba ahí y sólo tenía que colocar a Emilio Lozoya como director general de Pemex al frente, para garantizar el cumplimiento de los acuerdos pactados.
Pero lo que no podía asegurarse de antemano es que Lozoya correspondiera al “buen trato” (el status de testigo protegido) del gobierno de la 4T con un gran pago en especie, es decir, netamente político.
El ex funcionario priísta detalló cómo una parte de los dineros recibidos fue repartido entre representantes del Partido Acción Nacional. Se trata de declaraciones que el gobierno utilizará en sus pugnas con la oposición y en particular con el panismo. Le permite además al Morena desviar la atención en la guerra de críticas desatadas por quienes buscan debilitar al gobierno amloísta, sobretodo por su lenta e ineficaz actuación frente a la pandemia del Covid-19.
Según Lozoya, él pagó 52 millones 380 mil pesos a legisladores del PAN para que aprobaran las reformas del Pacto por México. El entonces presidente de la Cámara de Diputados y futuro candidato del PAN en 2018, Ricardo Anaya recibió 6.8 millones. Además de Anaya, habrían sido generosamente beneficiados gentes como Ernesto Cordero, ex coordinador de la bancada del PAN, y los hoy gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez, y de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, al igual que el senador José Luis Lavalle Maury.
El PAN sobresaltado
Ricardo Anaya ya había sido evidenciado en la carrera electoral pasada. Apodado el “señor de los moches” por promover éstas prácticas a cambio de asignaciones presupuestales en las discusiones legislativas para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, también fue evidenciado por transacciones fraudulentas con terrenos en plena campaña electoral. Sin embargo, no fue perseguido por la PGR, pues la tarea entonces era acotar su acopio de votos en relación al PRI, aunque tenían que mantenerlo en competición porque era riesgoso que, en medio de una campaña electoral, al impulsar una medida de ese tipo se pudiera manchar a todos los partidos.
Como era de esperarse el PAN salió rápidamente a sentar posición ante estas acusaciones. Así declaró que “no consentirá ninguna ilegalidad cometida por ninguna persona” y, por si hubiera alguna duda al respecto, exige a las autoridades que se conduzcan con legalidad, que aporten las pruebas, que hagan justicia de manera pronta y expedita, para deslindar responsabilidades”. Y complementó: “(tampoco permitiremos) como se ha hecho en el pasado, que se use la justicia como instrumento de propaganda para dañar al partido, ni el buen prestigio de nuestros liderazgos”.
El presidente panista Marko Cortés, alegó de manera preventiva y ultra defensiva (pues legalmente no se ha indiciado a nadie) que hay que respetar la presunción de inocencia y cuidar el debido proceso. Luego quiso contraatacar diciendo que “Los dichos de Lozoya pretenden ser un distractor y la cortina de humo perfecta ante el fracaso del gobierno de López Obrador en la economía, con el creciente desempleo, la pésima gestión ante el covid-19 y las muertes que pudieron evitarse, así como su fracaso ante el combate a la inseguridad”. Evidentemente el golpe recibido fue duro e inesperado de un viejo aliado priísta, hoy en desgracia.
El discurso anticorrupción del gobierno tiene un claro objetivo político en su disputa con la oposición y para fortalecerse en un contexto económico y sanitario complicado. Aunque pueda generar simpatías entre sectores de la población, el régimen continúa estando al servicio de los intereses de los grandes empresarios -responsables de los millones de despidos en la actualidad- en tanto que los altos funcionarios continúan, a pesar de las promesas de “austeridad”, cobrando elevados sueldos, que aparecen aún más altos si los comparamos con lo que cobra una maestra o un trabajador medio.
El encarcelamiento eventual de Lozoya y el señalamiento de funcionarios panistas y priistas, no es suficiente para cambiar esta realidad, para lo que se requiere atacar efectivamente las bases de este régimen político defensor de la opresión y la explotación capitalista.
