El borrador del acuerdo que difundió el Gobierno, los antecedentes del último período y las primeras paritarias confirman que los salarios perderán poder adquisitivo, empezando por los y las trabajadores del Estado. Ni hablar de informales.

Lucho Aguilar @Lucho_Aguilar2
Miércoles 23 de febrero de 2022 11:57
Foto: Maximiliano Ríos/MDZ
Como venimos mostrando en distintas notas, como acá, acá y acá, el bolsillo de millones de trabajadores y trabajadoras vienen perdiendo frente a una inflación que no cede.
A pocos días de la recta final del pacto con el FMI, pero también del inicio de la ronda de paritarias, todo indica que seguirá siendo así. El ministro Moroni tiró la pauta de “40%”, pero la inflación estimada es del 54%. Ya empezaron las ofertas alrededor de ese número, en cómodas cuotas y con promesas de revisión.
Hay que agarrarse el bolsillo. Acá las primeras señales claras de la “cláusula FMI”.
1. “Consistente” (léase atados a la productividad)
Esta semana se conoció el borrador del preacuerdo que discute el Gobierno con el FMI. Obviamente nadie explicitará todas las metas ni ritmos del ajuste. Además recordemos que tienen a mano el recurso de la “revisión trimestral”.
Pero igual da varias pistas del tema salarial. Por un lado, plantea que “nuestras políticas de ingresos y precios se ajustarán en función de las circunstancias cambiantes para atacar la inercia y orientar las opiniones sobre la dinámica de la inflación futura”. Como analizamos aquí, “la definición, ambigua, abre la posibilidad que la política de ingresos sea utilizada para atacar la inflación. En ese marco no pueden descartarse, por ejemplo, opciones como el congelamiento o la reducción salarial, tanto en el ámbito privado como público”.
Además marca una línea clara para quienes tienen al Estado como patrón: “administrar la masa salarial del sector público para asegurar que crezca consistentemente con el crecimiento de la economía”. ¿Qué quiere decir “consistente con el crecimiento”? Que sea acorde con el crecimiento del PBI. Si no es así, el Gobierno podría congelar salarios reales estatales; o reducirlos. Un especie de cláusula de productividad, atada al PBI y el dólar.
¿Pero entonces si hay un crecimiento mayor a lo esperado irá al salario estatal o docente? Ojalá. Ya trascendió que esos recursos adicionales irán destinados a "reducir el déficit fiscal".
Esta pauta actuará además como una referencia para el sector privado, como reconocen economistas de distinto color político.
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2. La revisión de la revisión
El ministro Moroni dijo que “la pauta será 40% con revisiones”. Ya hemos visto que las revisiones están lejos de ser una “cláusula gatillo” que permita actualizar los sueldos en base a la inflación real. Más bien actúan como un mecanismo para que las cuotas corran detrás de los aumentos de precios y para atrasar la reapertura, por lo que la “masa salarial” siempre termina cayendo como explicamos acá y más abajo.
Pero además, el acuerdo con el Fondo implica un cogobierno. Los técnicos del organismo harán revisiones trimestrales del plan, que pueden implicar “vueltas de tuerca” para cumplir con las metas fiscales, inflacionarias o monetarias.
No es una revelación. Hay una extensa bibliografía que demuestra que un objetivo nunca explicitado pero siempre buscado por el Fondo es "reducir el salario real". Así que si nosotros revisamos, ellos nos recontrarevisan.
3. Por donde lo mires: menos plata en el bolsillo
Hay otro dato clave para entender hacia dónde van los salarios: ¿Qué pasó con el salario real en el último tiempo?
Si tomamos los últimos 6 años (Macri-Fernández) la pérdida fue generalizada: se derrumbó el 19 % para el sector privado registrado, el 26 % para el sector público y el 29 % para informales.
Si tomamos 2021, el malestar por abajo y el año electoral hicieron que en la medición “de punta a punta” los ingresos de las y los trabajadores registrados apenas le ganaron a la inflación (les informales perdieron, no importa cuando leas esto). Pero si tomamos la dinámica con que se fueron dando los aumentos y la que tuvo la inflación mes a mes, al final del año la “masa salarial” que cobramos volvió a perder. Según el economista de la CTA Julio Campos, se perdió un 3,2%. Según la consultora Ecolatina, para los salarios públicos esa caída fue del 2,7%.
Si lo medimos en dólares, los salarios se vienen licuando año tras año, como piden los empresarios. Si en 2017 el salario promedio de los asalariados registrados equivalía a casi 1.400 dólares, a mediados de 2021 ya estaba en 450 dólares.
Un robo. Lo mires por donde lo mires.
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4. Docentes, ¿caso testigo?
La paritaria docente se ha convertido en un caso testigo. Es una de las primeras y marca una pauta que siguen con atención gobiernos y empresarios. Ya dijimos que si tomamos los últimos años han acumulado una pérdida del 26%.
Ahora el gobierno nacional ofreció 45% en cuatro tramos, que dejan el salario inicial ($60 mil) muy por debajo de la línea de pobreza oficial ($78 mil). Pero además si uno mira la carrera de salarios y precios, entre marzo y junio el aumento será de 21% cuando la inflación proyectada en ese período superará el 24%.
En las provincias, peronistas u opositoras, los gobernadores están ofreciendo menos: 40% Mendoza incluidos “bonos en negro”, 41% Buenos Aires. Jujuy y Chubut menos todavía. Neuquén un 10% y “actualización por IPC”. Eso ya desató, por ejemplo, movilizaciones en la capital mendocina y un paro de 72 horas votado por la seccional “capital” de ATEN.
A pesar del posible acuerdo de la conducción de la CTA, en el caso docente ya empiezan a aparecer las fisuras de la cláusula FMI: el atraso acumulado y la propuesta de aumentos confirman que no hay recuperación. Siguen perdiendo.
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5. ¿Y los sindicatos?
Queda claro el plan del FMI, el Gobierno y las patronales: seguir rebajando los salarios y condiciones laborales. Los mecanismos y ritmos dependerán de distintos factores, entre ellos la crítica situación económica, el malestar social y la crisis de autoridad del Gobierno.
En este marco, las conducciones sindicales oficialistas tienen una “difícil” tarea. Hacer gobernable el ajuste. Ahora y después de 2023. Recordemos que cuando el Frente de Todos pidió un pacto, allá en noviembre de 2020, Kristalina Georgieva le respondió: “bienvenida la intención de las autoridades de solicitar un acuerdo por un programa de facilidades extendidas que requiere un amplio consenso político y social”.
Las paritarias recién arrancan, es cierto, pero esta vez hay una disputa más de fondo en juego. No hay tiempo que perder. Hay que rechazar el ataque al salario y el conjunto del acuerdo del FMI. Los sindicatos tienen que dejar la complicidad, empezando por las conducciones kirchneristas que hacen críticas pero siguen la corriente. Que llamen asambleas para discutir cómo defender el bolsillo obrero y popular, no solo de los trabajadores en blanco sino de los millones de informales y desocupados que la pasan peor.
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Lucho Aguilar
Nacido en Entre Ríos en 1975. Es periodista. Miembro del Partido de los Trabajadores Socialistas desde 2001. Editor general de la sección Mundo Obrero de La Izquierda Diario.