Empleo público, universidades y cómo enfrentar el proyecto de ley y sus consecuencias

Empleo público y explotación de clase

El escenario que se cierne sobre la clase trabajadora de Costa Rica y sobre el país como un todo, está lleno de incertidumbre. Los ataques al salario que vienen desde el Gobierno y la Asamblea Legislativa son los elementos políticos que tienden a estabilizar el régimen político a través de un acuerdo de todos los partidos patronales, régimen que en sí no es muy estable por la combinación de crisis económica, pandemia y clima político internacional. No en vano el FMI ha anunciado la posibilidad de grandes revueltas contra los gobiernos del mundo en la medida en que la pandemia se vaya conteniendo.

Los ataques que toda la clase trabajadora ha sufrido durante la pandemia ha quedado sin respuestas significativas por parte de las direcciones sindicales. Ante este hecho, los partidos patronales se han apresurado a aprovechar la coyuntura para hacer realidad su proyecto más estratégico, la ley de empleo público.

Este proyecto le permitiría al Gobierno un mayor control político de las instituciones estatales, buscando elevar al Gobierno por encima de las leyes y formas con que regularmente los partidos patronales administran el Estado. Además supone una reducción del precio del salario a través de una generalización del mismo, para que esos recursos sirvan para pagar deudas o para generar nuevas deudas con los “clientes” del Estado. Busca además profundizar el desmantelamiento de los servicios del Estado (lo que incentiva la privatización del servicio). Finalmente el proyecto lesiona el derecho a huelga, con lo que tiene un claro contenido antisindical y anti trabajador.

El FMI, el Gobierno, los partidos patronales en la Legislativa y las cámaras empresariales mantienen una lógica según la cual el Estado debe cobrar impuestos al salario, para obtener una alta recaudación fiscal y que los “clientes” del Estado (Julio Castilla, de la Cámara de Comercio dixit) puedan recibir una mejor remuneración en sus negocios con el Estado. Los “clientes” del Estado obviamente son los patronos. Quitarle a los pobres para darle a los ricos con la institución estatal de por medio legalizando esta expropiación de dinero, cuya consecuencia es la profundización del deterioro en todos los planos del nivel de vida de las masas populares, sea a través de reducción directa del salario o a través del deterioro de las conquistas de la clase trabajadora y la consecuente privatización de servicios.

Este traslado de riqueza descarado tiene como implicación no solo el deterioro de la clase trabajadora, a quienes se le ofrece un futuro de precariedad y empobrecimiento generalizado en el marco de la crisis económica en curso. También tiene como implicación la pauperización de clases medias. No ofrece ni siquiera la proletarización de clases medias, sino simplemente su empobrecimiento. Este es el modelo del Estado que ofrecen los patronos nacionales, por orden del capital financiero internacional.

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Las universidad públicas ante la ley de empleo público

Los salarios de las universidades públicas cubren tanto a esas clases medias como a clase trabajadora. La administración de Jensen coincide con un periodo en que las rectorías centraron la política nacional de las universidades en evitar que dichos salarios fueran presa directa de todos los diversos ataques venidos desde el PAC y la Asamblea Legislativa, ordenados por el capital financiero internacional.

Sin embargo, parece muy difícil que esa política pueda ser aplicada nuevamente, debido a que la crisis internacional pone al capital ante la necesidad de ajustar esos salarios. Además, en el plano político, el cambio interno en la rectoría de la UCR, es también la demostración de que las relaciones entre la alta jerarquía universitaria y el PAC ya no son lo que eran. El acuerdo de las rectorías con las direcciones sindicales de oposición al proyecto de empleo público es la mejor demostración.

Pero ese giro a la izquierda de las rectorías, tiene sin embargo problemas políticos para poder ser realizado, problemas que las direcciones sindicales simplemente han obviado por completo (con la misma actitud que la directiva del SINDEU). En la UCR hay un conflicto laboral interno, que imposibilita la unidad de la comunidad universitaria y por tanto un acuerdo real y profundo entre las rectorías y la clase trabajadora: el interinato escandaloso de las universidades públicas.

La política para derrotar el proyecto de ley de empleo público

Es claro que la clase trabajadora puede y debe hacer acuerdos con las las clases medias, las altas (docentes en plaza) y las bajas (docentes en interinato), en función de vencer al capital financiero internacional y sus agentes nacionales. Pero no es necesario firmar un modelo de estado con esas clases. Lo necesario es unificar los intereses de la clase con los objetivos políticos trazados, a manera de garantizar una fuerza política suficiente que permita evitar la aprobación del proyecto de ley y aliarse con otras clases en función de esos objetivos, como manera de lograr aliados.

Las rectorías defienden que la autonomía universitaria estriba no solo en la libertad de cátedra, sino también en ejercer un régimen de contratación especial por motivos claramente comprensibles respecto de las necesidades de las universidades de contratar especialistas. Esos especialistas ya trabajan en las universidades, pero están precarizados.

Llamamos a las rectorías a llevar hasta el final esta defensa de la autonomía universitaria y que entonces se entregue ¼ de tiempo en plaza a toda la población interina (a través de la Vicerrectoría de Docencia y por sugerencia de las unidades académicas, hecho que por sí sería legal) como una demostración de la voluntad de enfrentar en los hechos la ley de empleo público. Es un paso seguro contra la precarización y por la democratización de las universidades, una manera concreta y tangible de combatir los contenidos de la ley de empleo público y también una manera de cohesionar a toda la comunidad universitaria contra dicho proyecto de ley. También sería un paso concreto en la unidad de toda la clase trabajadora del país y por lo mismo las direcciones sindicales deben tomar esta bandera: el ingreso a plaza de todas las personas en interinato, tanto en empresas públicas como privadas, es decir, pelear el derecho a un trabajo estable.

Con esta posición se lograría sumar una fuerza mayoritaria indiscutible, que arrastraría una enorme fracción del movimiento estudiantil y que implicaría la posibilidad de detener la ley de empleo público, pues la clase trabajadora de todas las instituciones del Estado podrían detener sus funciones, realizando una huelga que pondría al Gobierno contra las cuerdas. No hay que olvidar que apenas en setiembre anterior el Gobierno estuvo a punto de recibir un golpe fulminante. Para organizar esa huelga es necesario un Encuentro de Trabajadores, con representantes electos por la base, en lugar de los “encuentros” entre dirigentes cuyos planes nunca se realizan.

Además, la política para la solución definitiva del interinato, iniciaría una democratización de las universidades públicas cuyo principal beneficiado sería la clase trabajadora y el pueblo pobre. Como complemento es necesario entregar el voto a toda la comunidad estudiantil; el modelo censitario del voto estudiantil no tiene fundamento por ningún lado que se le mire. También se debe suspender el pago del préstamo al Banco Mundial para la educación universitaria. Nuestros países pobres ya han pagado con creces esa injustificable deuda externa, poniendo a la clase trabajadora en función del capital transnacional, entregando nuestros recursos nacionales y quedándonos con la pobreza y los deteriores sociales asociados. Este es el camino para defender una auténtica autonomía universitaria.