A propósito de la huelga del Sindicato de Trabajadores Sociedad
Concesionaria Grupo 2 de la multinacional Sodexo, los trabajadores denunciaron graves irregularidades que involucran a la multinacional y a diversas instituciones públicas que se relacionan con el establecimiento penitenciario. Detrás de la íntima relación estratégica entre Sodexo y el Estado se esconde hambre y miseria para los reclusos y precarización para los trabajadores.
Sábado 13 de julio de 2019
La empresa multinacional Sodexo se presenta como “líder en servicios de calidad de vida”, haciendo negocios mediante la prestación de diversos servicios como casino y lavandería, aunque también se extiende a otros rubros y servicios más integrales, siendo su principal socio estratégico el Estado, mediante el cual ganó la concesión de múltiples servicios, entre estos el soporte de 5 cárceles a lo largo del país.
Una de estas se encuentra en la ciudad de Antofagasta, específicamente en el predio Portezuelo, ubicado en el sector llamado Nudo Uribe, a 21 kilómetros de la ciudad y fue que a propósito de la huelga que sus trabajadores denunciaron una serie de irregularidades que se viven dentro del penal y que ocurre con la complicidad de diversas instituciones del estado y la multinacional Sodexo, complicidad que, además, ahora en periodo de huelga, operó en todo momento en contra de los trabajadores, según relataron.
Las irregularidades no son nuevas en Sodexo
La patronal Sodexo ya tiene una cuestionada fama por la forma de manejar los servicios carcelarios, como los casos de plagas en las cárceles del Biobio o en el Manzano. Sin embargo lo que denunciaron los trabajadores no tenía que ver con ratas en la cocina, sino que con irregularidades que demuestran una extraña y estrecha relación de la empresa con diversos organismos públicos que esconde maltratos, condiciones precarias y usos de bienes públicos para beneficio privado de Sodexo.
Según los trabajadores la empresa no realiza la administración de la cárcel, lo cual está en manos de Gendarmería de Chile (que es la que concesiona los servicios), sólo presta una serie de servicios específicos, esto en base a un contrato de concesión, a la cual le restan aún 9 años de vigencia, por la cual la empresa presta servicios de lavandería, cocina para los internos y gendarmería, limpieza del penal, mantención y servicios sociales (como psicológicos, orientación social, reinserción laboral, etc.).
Sin embargo los trabajadores denunciaron las condiciones en que se prestan regularmente estos servicios, tanto por encontrarse en un penal que se encuentra fuera de la ciudad, en un clima hostil, con falta de insumos y herramientas de trabajo, higiene y seguridad, exponiéndose a diversos riesgos asociados a la convivencia con población penal y condiciones insalubres para el trabajo, mermando la calidad de vida de los trabajadores y los reclusos.
Además de lo anterior señalaron una gravísima conducta que es pasada por alto por parte de la Unidad de Fiscalización, la encargada de revisar que Sodexo respete las condiciones de la concesión. Los trabajadores comentaron que de un momento a otro al sector de lavandería le empezó a llegar cargas extra que correspondían a delantales y sábanas, muchos de estos con evidentes señales de ser material hospitalario, el cual es manipulado por los trabajadores sin ninguna protección. Posteriormente notaron que correspondía a material de la Clínica La Portada, cosa que resultó extraño debido a que el servicio a la Clínica La Portada es un negocio privado de Sodexo, el cual se realizaba con insumos y recursos públicos, es decir que el negocio de Sodexo se paga con el aporte de toda la población.
La respuesta de la empresa y la acción de las autoridades
Una vez que comenzó la huelga los trabajadores se apostaron en las afueras de la Cárcel Concesionada para asegurarse que la empresa no neutralizara el efecto de la huelga ingresando insumos o reemplazos. Pero la empresa ya se había preparado gastando 50 millones en la compra de alimentos envasados para alimentar a gendarmería, además de pasar de manera clandestina, por sobre los muros de la cárcel, insumos, alimentos, ropa destinada a lavandería y más, la cual también era retirada con el mismo método, un método por lo menos “dudoso” debido a que podría vulnerar las medidas de seguridad propias de un recinto penitenciario.
Así mismo señalan las condiciones que viven los trabajadores que quedan dentro de la empresa (debido a que no están negociando), los cuales muchos son a plazo fijo, quienes están realizando cantidades inhumanas de horas extra, ingresando a las 6.00 am y retirándose a las 22.00 horas, o trabajando los días de descanso, etc., son 20 trabajadores que deben servir cerca de 5.200 raciones de comida, un completo absurdo.
Esto también repercute en las condiciones de vida de los reos, quienes, según relatan los huelguistas, ha habido casos en los reos terminan retirando su comida con las manos ante la falta de insumos y personal producto de una huelga que es responsabilidad de la indolencia e intransigencia patronal que se niega a ceder ante las mínimas demandas de sus trabajadores.
Esta situación fue presentada ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el cual también ingresó al recinto una vez iniciada la huelga para constatar que los reclusos no cuentan con alimentación, lavandería y limpieza.
Otro protagonismo especial lo han tenido las autoridades. En menos de 3 días recibieron un verdadero hostigamiento por parte de diversas autoridades, siendo que cuando fallecen reclusos no se ven ni las sombras de los seremis.
En primer lugar acusan que el Seremi de Justicia, Juan Enrique Jara, se apersonó ante los huelguistas a solo horas de haber iniciado la huelga para llamar a los trabajadores a deponer la movilización argumentando que ésta entorpece el desarrollo de un plan piloto que impulsa el Ministerio de Justicia.
Así mismo, se vió involucrada la Gobernadora Katherine López Rivera, la cual ordenó el desalojo del campamento para lo cual mandó a las FF.EE. de Carabineros para amedrentar a los huelguistas con carros lanza-agua y un grueso contingente policial, esto en respuesta a los bloqueos que venían realizando los trabajadores para impedir el normal funcionamiento del establecimiento.
También acusan que el Director del Trabajo, Manuel Pozo, se apersonó en las afueras del penal para acercar posiciones entre la empresa y los trabajadores en la mañana del pasado sábado 6, aún cuando el lunes 8 se realizaría una mediación obligatoria, en la cual la empresa finalmente ofertó una propuesta que no satisfacía a los trabajadores (quienes, dentro de todo, están reclamando un mejor ajuste y que se les otorguen días administrativos para atender trámites personales y familiares) y frustrando la mediación.
A lo anterior se suman los amedrentamientos de la empresa contra los trabajadores amenazando con la pérdida de empleos, con mancharles los papeles, con detenciones e incluso con que la huelga podría terminar con una derrota como la reciente negociación de Sodexo en la ciudad de Rancagua.
La marca Sodexo
La intachable marca “Sodexo”, como se autoproclaman en su sitio web, es solo una imagen para el público, puesto que no solo están las situaciones de ayuda que recibe desde el sector público, las cuales quedan hoy expuestas. Sino la cara más despreciable de la empresa, que se plantean intransigente frente a la movilización y no cede a las demandas de laborales de cerca de 90 trabajadores paralizados, quiénes en su petitorio solicitan derechos básicos como reconocimiento de antigüedad, retiros voluntarios o días administrativos.
Pero estas condiciones de precariedad laboral, no son nuevas y hoy los trabajadores en huelga dan a conocer, teniendo en cuenta como su calidad de vida laboral se ha mermado, por lo complicado que es trabajar en un penal, fuera de la ciudad y con una carencia de insumos y herramientas que faciliten y complementen su trabajo. Sin embargo estas no son situaciones ajenas, la misma escasez de condiciones a tenido como resultado en que la mandante de origen Francés, se haya visto involucrada en una continuidad de denuncias legales por diversos accidentes laborales.
· 21 de abril del 2017, trabajadora inicia demanda a Sodexo por accidente ocurrido en la cocina donde se le derrama una olla con sopa hirviendo en las piernas.
· Marzo del 2017, trabajadora sufre accidente laboral, en el yacimiento ubicado en Copiapó
· 29 de agosto del 2018, trabajadora cae de tercer piso al segundo, por explosión de gas en Sanatorio Alemán.
· 8 de marzo 2019, instruyen sumario a Sodexo por presencia de ratas y baratas en los almacenes de comida de la Cárcel del Manzano.
· 14 de marzo de 2019, la seremi de salud prohíbe el funcionamiento al área de alimentación del penal Bío Bío.
En solo dos años, cinco denuncias terminaron involucrando demandas e importantes daños irreversible para los trabajadores.
Hoy esta huelga destapa una oportunidad para discutir las condiciones laborales de todos los trabajadores de servicios, los cuales están expuestos a la subcontratación, un factor que permite que los empresarios aumenten sus ganancias aprovechando hasta el último aliento de cada trabajador al favor de su bolsillo.
Los empresarios avanzan unidos al intransigente gobierno de Sebastián Piñera, con línea común de ataque a los trabajadores a través de la precarización y los despidos, provocando que el problema se extienda a los diversos sectores de trabajadores, demostrando que el diálogo pasivo solo ayuda a los empresarios que tienen todos los servicios públicos y políticos a su favor, ejemplo de ello es la ayuda que en el norte de Chile recibe una de las más grandes empresas de servicios Sodexo.
Agrupación Lelikelen
Agrupación de trabajadores Industriales de Antofagasta