Constructora Operadora Cicsa, propiedad del magnate Carlos Slim, recibió 94 mil 152 millones de pesos a través de contratos de obra pública en las administraciones federales de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, según relevó un reciente estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Miércoles 7 de marzo de 2018
A pesar de que el magnate mexicano, Carlos Slim Helú cayó recientemente de la sexta a la séptima posición de los multimillonarios a nivel internacional, su fortuna incrementó casi 20%, es decir de 54 mil 500 millones a 67 mil 500 millones de dólares según publicó la revista Forbes.
Según la investigación, las 20 personas más ricas del planeta tienen una fortuna de 1.2 billones de dólares, una cantidad que equivale casi a la producción económica de México en un año.
Así como se dio a conocer esta noticia, también lo fue que la Constructora Cicsa, propiedad de Slim, resultó ser la más beneficiada entre los años 2012 a 2017 durante los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Esta empresa se encuentra arriba de tres empresas dedicadas a vender medicamentos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y otras como Sixsigma Networks, propiedad de María Asunción Aramburuzabala Larreguí; Coconal, de Héctor Ovalle; Operbes, una filial de Televisa; y La Peninsular, del mexiquense Carlos Hank Rhon.
Y es que en medio de los escándalos de los candidatos presidenciables, no hay que olvidar a ex funcionarios o figuras políticas, quienes se han encargado de mantener la corrupción en los procesos de contratación pública en todo el país.
En el caso de Cicsa, se menciona que tan sólo 2 mil 500 proveedores se llevaron el 80% de los 2.3 billones de pesos que las administraciones gastaron en contratos públicos en los últimos cinco años y medio. A este contexto se añade las mil empresas más beneficiadas con contratos públicos obtuvieron el 71% de ellos mediante el método discrecional de adjudicación directa, es decir, sin licitación pública de por medio.
También confirma que tanto el gobierno de Calderón como el de Peña Nieto tuvieron sus empresas “consentidas”, a las que otorgaron la mayor parte de los recursos públicos.
Según el IMCO, las 73 empresas que recibieron 127 mil millones de pesos durante el cuarto año de gobierno de Peña Nieto –uno de cada tres pesos licitados ese año– ni siquiera figuraban entre las empresas más beneficiadas en 2012, año en el que ganaron apenas un 2% de los montos adjudicados.
Es decir que, estas 73 empresas fueron beneficiadas principalmente por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el IMSS y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que les otorgaron el 60% de los recursos.
Este dato se da a conocer una semana después que la organización México Evalúa exhibió cómo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reparte los recursos multimillonarios del Ramo 23 de manera discrecional y opaca para “premiar” o “castigar” a los gobernadores aliados o rivales, respectivamente, y que esta práctica se agudizó durante la administración de Peña Nieto.
Entre enero de 2012 y julio de 2017, la dependencia, a cargo de Gerardo Ruiz Esparza, recibió solo 77 denuncias específicas para temas de contrataciones públicas, mientras “el dato brutal”, según Max Kaiser, integrante del IMCO, es que “solo hubo una inhabilitación y una destitución”.
De acuerdo con el estudio del IMCO, 30 dependencias federales gastan 8 de cada 10 pesos destinados a las contrataciones, y tan sólo tres de éstas –la CFE, el IMSS y la SCT– otorgaron contratos por un billón 152 mil millones de pesos entre enero de 2012 y julio de 2017.
La cifra no contempla los contratos de Pemex, que a raíz de la reforma energética, lanzada por Peña Nieto y aprobada por el PRI, el PAN y el PRD que firmaron el “Pacto Por México”, dejó de transparentar sus contratos. CFE, IMSS y SCT figuran entre las cinco instituciones con mayores riesgos de corrupción en los procesos de contratación, pues junto con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSTE) y Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), concentran Unidades Compradoras que adjudican contratos de manera discrecional, presentan anomalías o carecen de transparencia.
En los últimos cinco años y medio, la división de Bienes Terapéuticos del IMSS otorgó contratos para la compra de medicamentos por más de 190 mil millones de pesos.
Las empresas más beneficiadas resultaron Fármacos Especializados, una empresa propiedad de Francisco Pérez Fayad, en la que también labora Óscar Arrellano Pérez, exdirector de compras en el IMSS; Farmacéuticos Maypo, de la familia Arena Wiedfeldt; y Dimesa, que forma parte de Grupo Pisa, propiedad de Carlos Álvarez Bermejillo.
Con información de Proceso
